Aunque la comunicación oficial de la Cancillería no especifica con quiénes se harán los cabildeos, menciona que el interés es la atracción de inversiones y turismo, así como promover los productos de pequeños productores.
Llama la atención que los U$S900 mil que costará el contrato serán puestos por el Gobierno de Taiwán, y que la firma contratada, Ballard Partners, ha sido muy cercana al Partido Republicano, en especial al expresidente Donald Trump, según medios estadounidenses.
En su sitio en internet, Ballard Partners afirma que se especializa en todos los aspectos que tienen que ver con asuntos gubernamentales y públicos, incluida la promoción de agencias legislativas y ejecutivas en Washington, D. C.
Además, que su trabajo abarca problemáticas complejas “que involucre múltiples ramas del gobierno, asuntos legislativos o un problema de defensa más allá de los pasillos del Capitolio”.
¿Mejorará relación con EE. UU.?
Uno de los objetivos de la firma podría ser cabildear con la administración del presidente Joe Biden, en un momento en que las relaciones bilaterales entre Washington y Guatemala atraviesan por un innegable desgaste debido a diferencias entre ambos gobiernos por la lucha contra la corrupción.
EE. UU. insiste en que la corrupción y el debilitamiento del estado de Derecho es la causa fundamental de la migración de guatemaltecos, pero el gobierno de Alejandro Giammattei parece no compartir esa visión.
Como muestra, después de la reciente llamada telefónica que sostuvo la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, con el mandatario guatemalteco, la Casa Blanca remarcó en la necesidad de que los actores corruptos rindan cuentas ya que la corrupción socava la buena gobernanza y erosiona la confianza pública.
Por el contrario, el Gobierno de Guatemala, emitió un extenso comunicado en el que informó de todos los puntos abordados en la llamada, pero no mencionó la lucha contra la corrupción. Días después el Ministerio Público (MP) presentó dos solicitudes para retirar el antejuicio a la jueza Erika Aifán, a quien EE. UU. ha reconocido como un actor importante en la lucha contra la corrupción.
Es previsible que Giammattei guardará silencio. Públicamente ha respaldado a la fiscal general Consuelo Porras a quién defendió cuando fue incluida en la lista Engel de EE. UU. de señalados de corrupción y de debilitar los estados de derecho, luego de que esta despidió al exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval.
Tampoco dijo una palabra cuando se señalaron irregularidades en proceso de selección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y se dejó fuera a Gloria Porras, otra jueza que destaca EE. UU. en la lucha contra la corrupción, que había sido electa por el Consejo Superior Universitario.
El 2021 terminó con Biden organizando una cumbre de países democráticos a la que no invitó a Guatemala, y con Giammattei visitando en EE. UU. a organizaciones conservadoras de oposición y ofreciendo polémicos discursos en contra del Gobierno estadounidense.
Antecedente
Antes de que lo hiciera Giammattei, un grupo de diputados guatemaltecos miembros de la alianza oficialista también había visitado a grupos conservadores en EE. UU. en una especie de querer demostrar que pueden contar con el respaldo de esas élites, normalmente vinculadas más al Partido Republicano.
Hacer lobby con fines políticos no sería nuevo.
En 2017 cuatro congresistas guatemaltecos firmaron un contrato con la firma Barnes & Thornburg. Supuestamente el propósito era impulsar los intereses de los migrantes guatemaltecos, aunque se supo que el fin era promover la destitución del exembajador Todd Robinson, que en ese momento le era incómodo al Gobierno de Jimmy Morales.
¿Para qué un lobby?
El diplomático retirado, Stephen McFarland, embajador de EE. UU. en Guatemala del 2008 al 2011, expuso que las firmas que se dedican a hacer presión o cabildeos en EE. UU. son legales y hay varios países que las utilizan.
Sin embargo, en el caso de Guatemala cuestionó McFarland, “la pregunta es por qué”, ya que “tiene una excelente embajada en Washington y a un embajador, Alfonso Quiñónez, que es sumamente capaz y conocedor del gobierno norteamericano”.
La firma Ballard Partners tiene más conexiones con el Partido Republicano o cierta preferencia por ellos, según ha dicho la propia compañía, añadió McFarland, y el hecho de escogerla pareciera “una apuesta del Gobierno de Guatemala por reforzar sus conexiones y propuestas con los republicanos”.
El exembajador considera que “obviamente” hay grupos en Guatemala que creen que los republicanos regresarán al poder e incluso ven a Trump de regreso en la Casa Blanca. No obstante, afirma que cuando estos se percaten de que el problema de la migración no se puede solucionar tan fácil ya no serán regímenes tan amigables con sus pares de Centroamérica.
No descartó que la contratación de la firma para cabildear tenga que ver con los múltiples roces que ha habido entre los gobiernos de EE. UU. y Guatemala desde el año pasado relacionados a la lucha contra la corrupción.
Aunque Mcfarland reconoce que el aumento de la migración y del narcotráfico son temas de mucha importancia y preocupación para Washington, en las relaciones bilaterales con la administración Biden, el “problema medular” es la corrupción y el estado de Derecho. Añade que, aunque las firmas de cabildeo pueden ayudar a los gobiernos a hacer conexiones, “no pueden alterar la naturaleza de los problemas de fondo”.
Aunque contratar a una firma inclinada más hacia los republicanos no signifique que Guatemala dejará de buscar acercamientos con Washington, hechos como la solicitud del retiro de antejuicio contra la jueza Aifán, a menos de una semana de la llamada telefónica entre Harris y Giammattei, es una señal de que a las autoridades guatemaltecas, lo que diga la vicepresidenta “les viene del norte”, expuso Mcfarland.
“No hay indicios de que vaya a cambiar la posición del Gobierno de Guatemala, por ahora todo indica que no quieren una relación mejor, bajo los términos que EE. UU. ha puesto sobre la mesa”, enfatizó.
Mcfarland considera que gobiernos como el anterior de Jimmy Morales se sienten más cómodo con administraciones como la que presidió Donald Trump, pero no porque el exmandatario estadounidense estuviera a favor de la corrupción, sino porque estaba dispuesto a reducir la política exterior de EE. UU. “a una sola cosa: aparentar que estaba haciendo algo con la migración irregular”.
“Yo espero que tarde o temprano en EE. UU. vuelva a haber cierta conciencia bipartidista en cuanto a que la combinación entre corrupción, crimen organizado y los flujos de migrantes interesa a ambos partidos y que son factores que tienen una íntima relación”, precisó el exembajador.
Visión de corto plazo
Eric Olsen, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle, con sede en EE. UU., coincidió en que, el que un gobierno contrate a una firma para cabildear en ese país a favor de sus intereses no es inusual, pero manifestó dudas de si ese contrato es conveniente para la relación bilateral entre ambos países.
Al estar posicionada la firma con figuras republicanas y con el propio expresidente Trump, la coloca hacia un lado político de EE. UU., subraya Olsen. “Los gobiernos contratan a una compañía con más lazos republicanos cuando hay un gobierno republicano, pero en esta ocasión el gobierno es demócrata y eso llama la atención”, dijo.
“Estas firmas cabildean con congresistas y con el gobierno. Pero se busca una firma que tenga alianzas republicanas, si entiendes que los republicanos son los más importantes, en otro contexto buscas una firma más asociada a los demócratas”, añadió.
Según Olsen, “uno podría imaginarse que el Gobierno de Guatemala ve el futuro con el Partido Republicano y no con el Demócrata”; sin embargo, lo considera una visión “cortoplacista” porque sería “aliar a un país con un partido político en EE. UU.” cuando, para promover los intereses del país, no debe importar qué partido esté en la Casa Blanca o quien domine el Congreso.
“Es un error para un país convertirse en un aliado de un partido político de EE. UU. ese es el pecado”, si ese fuera el caso en este contrato, comentó el experto.
Ambos entrevistados ven un mensaje político en el hecho de que sea Taiwán quien pague por el contrato con Ballard Partners, pues, aunque la posición de EE. UU. respecto a la isla que reclama China no variará independientemente de qué partido esté en el poder el tema “tiene más resonancia” en el Partido Republicano.
Política no respetada
Para el internacionalista y exembajador Luis Fernando Andrade, la contratación de una firma para que haga el trabajo de la Embajada de Guatemala en Washington “es un reflejo de la debilidad de la diplomacia y de las gestiones del gobierno” ante EE. UU.
Añadió que cuando un país tiene una política exterior respetada por los partidos Republicano y Demócrata se abren las puertas sin distinción ideológica y se facilitan las gestiones, por lo tanto “no es necesario acudir a un lobby”.
“Si el Gobierno de Guatemala tuviera una política de lucha contra la corrupción se le abrieran las puertas en Washington, con cualquier gobierno, les dirían ‘bienvenidos’ y la cooperación avanzaría a otros niveles”, señaló Andrade. El problema es que no hay compatibilidad en la agenda anticorrupción, añadió.
Además, coincidió en que acercarse a una firma con más conexiones republicanas puede ser una apuesta a que luego de las elecciones de medio término en EE. UU. habrá más influencia de este partido en ambas cámaras del Congreso.
La Cancillería guatemalteca no respondió a las consultas hechas por Prensa Libre, respecto de cómo se seleccionó a la firma Ballard Partners para que cabildeara en nombre de Guatemala y por qué se escogió a una empresa con más conexiones con el Partido Republicano.
