Casi siete años después de aquel emblemático 16 de abril del 2015, por fin empezó ayer el juicio del caso La Línea, donde 30 personas, incluidos el expresidente Otto Fernando Pérez Molina y la exvicemandataria Ingrid Roxana Baldetti Elías, acusados de liderar esa red de defraudación aduanera, además de exjefes y exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de las aduanas del país, enfrentarán a la justicia.

Si bien La Línea no es el único gran caso de corrupción ni el mayor monto de dinero extraído al Estado de Guatemala, representa la apertura de una etapa durante la cual se expuso cómo la corrupción y la impunidad se habían enquistado en el aparato estatal y un espacio donde se han intentado gestar cambios radicales en el sistema de justicia nacional.

A partir de ahí empezó una lucha sin precedentes contra la corrupción en Guatemala, que entre sus aciertos y errores, en su momento impulsó manifestaciones ciudadanas masivas, en las que los guatemaltecos expresaron su inconformidad con las autoridades de turno y, en general, su hartazgo por la impunidad que todavía campa en la mayoría de dependencias públicas.

Casos como el de La Línea han sido el fiel reflejo de la captura y cooptación del Estado, de parte de un sistema político que sirve para satisfacer intereses de estructuras criminales sin importar banderas o ideologías, y que tiene efectos nefastos en las condiciones de vida de los guatemaltecos, tanto en temas relacionados con la salud y educación, como en el deterioro de la infraestructura, la carencia de servicios públicos y la inseguridad.

Asimismo, La Línea supuso una gran prueba para las autoridades guatemaltecas y el propio Estado y hoy le toca al sistema de justicia, pues todas las entidades que lo conforman tienen el compromiso de demostrar que no se encuentran bajo el control de intereses de carácter ilícito ni del crimen organizado, incluidos cuerpos ilegales, aparatos clandestinos dentro del Estado o estructuras político-económicas con intereses oscuros.

Uno de los mayores retos es para el Ministerio Público, que desde sus más altas autoridades tiene la responsabilidad de apoyar y dirigir de forma ética y profesional a los fiscales encargados del litigio, quienes a su vez deben exponer y utilizar las pruebas recabadas a lo largo de los más de siete años que lleva el caso, y que ha conllevado el esfuerzo valiente de investigadores y fiscales.

Otro gran desafío lo tienen el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, a los que corresponde dar las garantías institucionales para que los jueces y magistrados que van a conocer las siguientes etapas del proceso sean independientes e inmunes a las injerencias de los poderes políticos o externos, ya sea para inclinarse a favor o en contra de los acusados en este caso de alto perfil.

Lo que ocurra en este juicio definirá la credibilidad y confianza de la población hacia el sistema de justicia, cuya independencia es una condición indispensable para la existencia de un estado de Derecho, y por eso la ciudadanía también debe procurar que en este y otros procesos se cumpla la demanda de justicia imparcial, expedita y sin injerencias de ningún tipo, ya que al final somos los ciudadanos los beneficiados o perjudicados por un sistema justo o venal.