Uno de los aspectos más conspicuos de lo que se sabe sobre los hechos que han ocurrido en el área de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán es la ausencia de nombres, la identificación de personas específicas que están cometiendo crímenes violentos. Circulan diferentes versiones sobre la cantidad de muertos y heridos, el 7 de enero, en la mortal emboscada a policías y elementos del MP cuando se disponían a efectuar cateos y órdenes de captura. Fuentes oficiales publicaron varias esquelas de policías fallecidos, que fueron retiradas, seguido de aclaraciones oficiales de que estaban hospitalizados, con heridas de bala, mientras que un concejal de Santa Catarina Ixtahuacán aseguró que eran seis muertos y 27 heridos. No hay claridad sobre los hechos.

Noticias dan cuenta de que pobladores, vecinos, el antiguo conflicto, la ingobernabilidad, la incapacidad, el diferendo por delimitación territorial, Justo Rufino Barrios u otros entes y circunstancias son los culpables. Una nota de Juan Manuel Vega en PL, el 8 de enero, ofrece una línea de tiempo de hechos recientes: wl 17 de diciembre 2021, “al menos 13 personas murieron, entre ellas tres niños, por un enfrentamiento armado ocurrido en la zona de conflicto entre los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá”; el 2 de enero 2022, “con bombas, armas de fuego y machetes, pobladores de Nahualá se enfrentan a la Policía y el Ejército; el 7 de enero 2022, “pobladores de Nahualá arremeten de nuevo contra PNC, Ejército y fiscales del MP y los obligan a salir de comunidad (reportan policías muertos)”.

Es evidente que no se trata de vecinos enardecidos, reacciones espontáneas de “pobladores” otrora tranquilos. ¿Por qué rechazan con armas de fuego a la Policía, MP y Ejército? Es razonable suponer que los familiares de los 13 muertos, incluyendo a tres niños, quieren que se identifique y castigue a los culpables. Alguien está manipulando, no permite que ingresen las autoridades para investigar y deducir responsabilidades, no quiere que se revele qué hay detrás. El mensaje es claro: aquí no pueden entrar ni pueden ver, aquí mando yo, aquí yo soy la ley; pero no se sabe quién es ese yo. Ministros, funcionarios, el PDH, analistas, señalan a los pobladores y el conflicto que viene desde el siglo XVI; hay una impenetrable nube que envuelve todo, que va mucho más allá de un antiguo conflicto territorial entre vecinos.

Se supone una gran falla de los sistemas de inteligencia civil, incapaces de anticiparse a los hechos e identificar con claridad las causas y personas específicas detrás de la violencia en esta zona. Estira la credulidad. Si el sistema está fallando no es porque está repleto de bobos, sino porque hay personas a las que conviene que falle. Son pocos los quetzales que sería necesario erogar para reclutar informantes que provean información sobre “los pobladores”, quiénes están detrás y revelar el panorama de las causas y fuerzas que se mueven a la sombra.

Más de una decena de muertos, incluyendo niños, un jefe y quién sabe cuántos más policías muertos. Enfrentar con armas de fuego a la autoridad no da para medidas tibias, y cuidado quién se vaya a ofender.

La violencia reciente en el área de Nahualá y Santa María Ixtahuacán recuerda los hechos de sangre ocurridos en Semuy 2, El Estor, Izabal, en septiembre de 2019, donde “pobladores enardecidos” mataron a varios soldados. Sobre ese hecho escribí: “Me pregunto si algún día se conocerá lo que verdaderamente ocurrió, o caerán gotas de información contradictoria y la novedad de los muertos se desvanecerá con el tiempo”.