Uno de los indicadores que a menudo se utilizan al término de cada ejercicio fiscal para evaluar el desempeño de las instituciones estatales es el nivel de ejecución presupuestaria y en qué medida este gasto derivó en mejoras de servicios públicos para la ciudadanía.
El segundo año de gobierno del presidente Alejandro Giammattei, al igual que el primero, estuvo marcado por la crisis sanitaria que provocó la pandemia. Esto implicó retos, no solo para el sistema de salud, sino para otras instituciones cuyo mandato es brindar asistencia social a las poblaciones más vulnerables.
Para cumplir con estos fines, se aprobaron préstamos multimillonarios con organismos internacionales. Solo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), por ejemplo, se le asignaron más de Q6 mil millones para atender a los enfermos por covid-19 entre 2020 y 2021, de los cuales el último año más de Q1 mil 400 millones quedaron sin utilizarse por falta de capacidades administrativas en dicha cartera.
Esto repercutió en falta de camas, medicamentos e insumos para pacientes moderados y graves de covid-19, personal médico insuficiente en los hospitales y otras deficiencias que se denunciaron durante los picos más altos de contagios.
Pero, a pesar de lo anterior, el gobierno ha insistido que todas las dependencias de gobierno invirtieron de forma eficiente su presupuesto.
¿DE DÓNDE SALIÓ LA INFORMACIÓN?
“Esto es histórico. Ejecutamos el 98.6 por ciento del presupuesto operativo. Lógicamente, hay que tener claro que el presupuesto legal era de Q107 mil millones, pero aclaro que Q13 mil millones carecían de fuente de financiamiento, entonces no tenía sentido tomarlo en cuenta (…). Básicamente usamos el 100 por ciento de lo que teníamos disponible. Eso, de verdad, no lo había visto anteriormente”, dijo el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, en una conferencia de prensa el pasado cinco de enero. Durante la presentación, el funcionario comparó la ejecución al término del ejercicio fiscal con otros gobiernos, desde el período de Álvaro Arzú en 1998 hasta el último año de Jimmy Morales en 2019. En la gráfica, se posiciona el 2021 como el año con mayor ejecución de las últimas siete administraciones.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO?
Para el año 2021 el Congreso no aprobó en la fecha límite que establece la Constitución el presupuesto de ingresos y egresos, es decir, 30 días antes de finalizar el año. Cuando eso sucede, la ley dice que debe entrar en vigor el presupuesto del año anterior, el cual ascendía en 2020 a Q107.5 mil millones. Sin embargo, alrededor de Q13 mil millones provenían de préstamos y otras fuentes que ya se habían ejecutado en 2020. Por lo tanto, eran espacios de presupuesto que no estaban financiadas y no se podían ejecutar. La Constitución establece que el único que puede modificar o ajustar el techo presupuestario es el Congreso de la República. De tal cuenta, el gobierno debió acudir al Legislativo para aprobar un nuevo decreto de presupuesto que descartara el dinero que ya había sido utilizado, pero eso no sucedió. En lugar de ello, el Ministerio de Finanzas consideró para sus análisis solo el presupuesto que contaba con fuentes de financiamiento, que ascendía a Q94 mil millones. Los Q13 mil millones restantes eran un espacio presupuestario “ficticio”, pues no contaba con recursos de dónde abastecerse. Esto generó dificultades para fiscalizar en los sistemas de contabilidad del Estado cómo avanzó la ejecución del presupuesto durante el 2021.
Verificamos por usted: ¿Alcanzó el gobierno niveles históricos de ejecución presupuestaria en 2021?
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La afirmación del ministro de finanzas, respecto a que el nivel de ejecución presupuestaria alcanzó niveles históricos carece de evidencia. En principio, porque la ejecución del 98 por ciento a la que hace referencia al ministro es sobre el presupuesto operativo, que ascendía a Q94 mil 354 millones, y no sobre el legal que era de Q107 mil millones. Pero, al compararlo con ejercicios fiscales anteriores, el funcionario no descarta el presupuesto no ejecutable que hubo en otros años, sino toma como referencia el presupuesto legal. En una citación con diputados del denominado Grupo Parlamentario de Oposición el funcionario fue cuestionado sobre esto. “En todos los años ha habido gasto inejecutable. Sea porque no aprobaron préstamos o porque no se aprobó el presupuesto. En todos los gobiernos han tenido esos problemas. No es la primera vez que no se aprueba el presupuesto”, cuestionó el congresista Carlos Barreda. Además, hay un segundo factor que permite cuestionar la afirmación. Y es la falta de servicios públicos de calidad. “Los ciudadanos quisieran ver que los impuestos que pagan al fisco se les retribuyen en servicios públicos de calidad. Si se visita un centro turístico, por ejemplo, se esperaría tener una buena carretera, pero eso todavía no se ve”, explica Pedro Prado, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Lo anterior tiene una explicación, y es que la mayor parte del presupuesto que el gobierno ejecutó fue en gastos de funcionamiento, como gastos salariales. Mientras que, del presupuesto destinado a inversión, los ministerios ejecutaron, en promedio, el 65 por ciento de sus recursos, según el Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas. Esto se traduce en falta de infraestructura como escuelas, carreteras, hospitales, centros de salud e instalaciones deportivas, entre otros. “Mejorar el gasto público sigue siendo una tarea pendiente para aumentar la competitividad del país”, concluye Prado.
