El fin de semana la disputa territorial habría sido la causa de un nuevo hecho armado que dejó a 13 personas fallecidas, según el reporte de las autoridades.
La medida de excepción debe de ser ratificada por el Pleno del Congreso de la República, que ya fue convocado para una sesión extraordinaria este martes 21 de diciembre a las 14 horas.
Pero no es la primera vez que los diputados deben de conocer una medida regida bajo la Ley de Orden Público que busca evitar nuevos hechos violentos en Sololá. En 2020, durante dos meses hubo un Estado de Sitio en dicho departamento por las mismas razones.
A criterio de Carlos Mendoza, director de la Organización Diálogos, un primer punto de análisis es estudiar que ocurrió el año pasado tras las medidas dictadas por el Ejecutivo.
“Habría que preguntarse cuáles fueron los resultados del Estado de Sitio anterior de esta misma región de Sololá, de hecho afectó a tres municipios porque tomaron una localidad vecina; las autoridades estuvieron desplegadas en ese territorio tratando de detener la escalada de conflicto y desarticular la conflictividad violenta”, indicó.
En junio de 2020 el Estado Sitio abarcó a Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y a Santa Lucía Utatlán, por ser un área vecina; para la ratificación de julio se excluyó a ese último municipio.
“No sé si ya hay resultados de la investigación de la masacre ocurrida recientemente, pero si está vinculada directamente con esta conflictividad quiere decir que la intervención anterior (del Gobierno) no fue exitosa, por lo menos para el objetivo de prevenir la violencia”, destacó Mendoza.
Los resultados
Los estados de Sitio instaurados en Sololá por el conflicto territorial dejaron como resultado una serie de allanamientos, donde fueron localizadas armas de fabricación artesanal.
Se reportó la captura de 53 personas y 98 allanamientos, el decomiso de 23 armas de fuego, se incautaron más de 7 mil municiones de diferentes calibres y más de 700 artefactos explosivos de fabricación casera, según reportes de la organización Cristosal.
Así mismo documentaron 98 allanamientos del Ministerio Público (MP) en donde se localizó armas de fuego, armas de fuego artesanales, chalecos blindados, tolvas, municiones y bombas artesanales, además de la localización de trincheras y hallazgo de información.
Fuera de contexto
A demás del proceso de diálogo que debe de arrojar soluciones a los problemas históricas, Mendoza considera que la actual Ley de Orden Público no se acopla a la nueva Guatemala.
Desataca que las medidas que la norma impone bajo medidas de excepción fueron pensadas para un Gobierno de corte militar, en donde no existían toda una gama de Derechos Humanos como en la actualidad.
“La Ley de Orden Público es una ley de rango Constitución pero bastante desfasada, es una ley que respondió a una construcción del Estado bajo un Conflicto Armado Interno, ya no estamos bajo ese contexto, entonces las facultades que esta ley da al Ejecutivo ya no son las adecuadas para resolver el tipo de conflictividad que hay ahora”, señaló.
El experto considera ideal que el Congreso se enfoque en reformar la Ley de Orden Pública, para acoplarla al nuevo contexto, y así brindar un campo más amplio en la búsqueda de soluciones y no pensar tan solo en una medida reactiva.
Había acuerdos
El pasado 22 de septiembre se instalaron dos mesas técnicas en seguridad en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, según informó en una rueda de prensa Ramiro Contreras, Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos.
“Se han realizado ocho reuniones para tratar los planes y acciones a implementar para garantizar la seguridad de la población de ambos municipios; el 15 de octubre de 2021 se alcanzó el cese de fuego y hostilidad de parte de ambos municipios, la instalación de dos mesas de diálogo para tratar los temas de bosque y agua, y el compromiso de PNC para mantener la seguridad constante dentro del territorio”, refirió.
Pese a esto hubo un enfrentamiento que dejó a 13 personas fallecidas que motivó a la imposición de un Estado de Sitio, pero Contreras destacó que esto no afectará el proceso de diálogo que ya viene encaminado con representantes de las dos comunidades.
“Seguimos haciendo un llamado al diálogo para sostener las mesas de trabajo que se han desarrollado y que en el mes de enero tienen cronogramas para seguir participando, principalmente en la mesa de solución de conflicto de tierras en ambos municipios”, refirió.
