Con frecuencia se ignora el significado de ejercer la ciudadanía. El peligro reside en el hecho de que, aun cuando este estado cívico implica compromisos, obligaciones y una conciencia madura para desempeñar el papel correspondiente en la comunidad a la cual pertenecemos, en la actualidad esta toma de conciencia es una rareza digna de estudio. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española se considera ciudadana o ciudadano a “una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a su vez a sus leyes”. Esta es una de tantas definiciones sobre un tema que trasciende desde las más profundas discusiones de los filósofos de todos los tiempos.

Esta reflexión viene al caso por los movimientos electorales en Latinoamérica. Al observar el desempeño de estas sociedades, enfrentadas a una elección de autoridades y, por ende, al futuro inmediato de la trayectoria de su país, se puede apreciar cómo los sistemas político económicos imperantes han transformado esos procesos en una competencia ajena al verdadero significado de la función del estadista. Por el contrario, los bandos suelen sumirse en una contienda cargada de trucos de mercado y argumentos falaces a fin de vencer al oponente.

Ante este circo de pésimo gusto, la ciudadanía se ve atrapada y sin opciones, dada la manera como se han ido amarrando los hilos de legislaciones totalmente controladas por las clases dominantes. De este modo, el ejercicio del supuesto poder ciudadano se ve limitado a marcar un voto en una papeleta. A partir de ahí las cosas suelen suceder como si ese voto fuera la firma sobre un cheque en blanco. El problema de ignorar los alcances de la responsabilidad y derechos implícitos en la calidad de ciudadano es, precisamente, la impotencia ante el abuso de poder tan frecuente en nuestros países después de un proceso electoral.

Un ejemplo de la ausencia de poder ciudadano es la impunidad sobre las promesas incumplidas por quienes alcanzan el poder. Ante esta falta grave de las nuevas autoridades, el pueblo actúa con resignación, convencido de no poseer los instrumentos legales para exigir cumplimiento. Sin embargo, muchos de esos instrumentos existen en sus textos constitucionales, que la mayoría de los habitantes desconoce. Esta es una de las grandes falencias de los sistemas educativos de nuestros países, estrategia hábilmente concebida para mantener al pueblo en la ignorancia.

El elevado abstencionismo en países cuya legislación permite a los electores no ejercer su voto es prueba fehaciente de cómo los sistemas políticos han fallado al no reforzar el concepto de responsabilidad cívica entre sus nuevas generaciones. Al contrario, se las incita a despreciar el ejercicio de su ciudadanía como una manera de rechazar lo impuesto por los centros de poder, cuando en realidad se debería poner a su disposición toda clase de recursos educativos para guiarlas hacia una efectiva toma de conciencia y una participación activa como miembros de la sociedad.

El grave peligro de dejar las decisiones en manos de quienes han demostrado falta de ética, carencia de escrúpulos y un bagaje ideológico capaz de llevar a nuestros países al borde de la guerra civil procede del impedimento del ejercicio de una ciudadanía consciente e informada, única vía para fortalecer nuestras inestables democracias. El solo hecho de elegir a gobernantes corruptos, fascistas y con un discurso abiertamente agresivo contra los derechos de la población es la muestra fehaciente de cuánto necesitamos mayor conciencia ciudadana. El desafío es cada vez mayor, al considerar la influencia de potencias ajenas a los intereses nacionales, empeñadas en una competencia global por el control geopolítico.

Nuestros pueblos necesitan comenzar a salir del letargo en el cual los ha sumido el miedo y la impotencia. Pero nuestros pueblos no se reducen a las grandes urbes; comprender esa realidad es un paso importante para asimilar la dimensión del desafío.