Hace solo unos pocos años, en las escenas de migrantes centroamericanos que recorrían el territorio mexicano, era habitual ver grupos nutridos caminando por veredas, o montados sobre el techo del tren La Bestia. El trayecto ya estaba lleno de peligros, y está claro que un tránsito así distaba enormemente de ser lo ideal. Pero repasando las viejas imágenes se detecta que por lo menos se respiraba algún tipo de libertad. El río humano transitaba a la luz del sol mexicano, para esconderse ya en la clandestinidad, hasta cuando tocaba pasar la frontera estadounidense. La migración centroamericana de la última parte del siglo pasado y la primera década de este se caracterizaron por ser algo así.

Sin embargo, el crecimiento dramático del flujo empezó a hacer ruido en el Norte y las crisis fronterizas crecieron hasta ser un problema nacional. En ese contexto, en algún momento del segundo período de Barack Obama, EE. UU. decidió correr su cerco migratorio hacia los países del sur. Es decir, activar su influencia operativa y diplomática en el territorio de sus vecinos; financiar fuerzas de tarea policial y militar, y robustecer un sistema de control bajo la lógica de la seguridad. México y Guatemala, servilmente, empezaron a sacar la tarea sucia, con el pretexto del fortalecimiento institucional, del ordenamiento de los flujos migratorios y (cínicamente) la defensa de los derechos de los migrantes.

En 2015 se echó a andar el Plan Alianza para la Prosperidad en lo que ellos llaman el “Triángulo Norte Centroamericano”. Eran US$1,000 millones del presupuesto del Tío Sam con prioridad hacia la seguridad. Pero es importante resaltar que, paralelamente a México, se dedicó el similar Programa Frontera Sur, al que destinaron US$300 millones. Cuando el influyente Thomas Shannon solicitó los fondos al Senado en Washington, mencionó que servirían para “interceptar migrantes antes de que crucen México”. La plata fue aprobada. México lo instaló. Guatemala asistió y aplaudió. Y el plan tuvo efecto inmediato. En el primer semestre de 2015, nuestras deportaciones desde México incrementaron un 73%. Lo último de aquel “libre” tránsito por el país vecino llegó a su fin.

En su momento, organizaciones humanitarias advirtieron de que la búsqueda de mayor clandestinidad incrementaría riesgos. Y en efecto, aquellas veredas ahora están más vacías. La Bestia dejó de ser la norma. El sustituto fue viajar en furgones hacinados. Siete años después vemos tres efectos evidentes: A. El éxodo centroamericano no disminuyó; al contrario, está más alto que nunca. Solo de guatemaltecos, en 2021 hubo 280 mil capturas en la frontera estadounidense. En 2014 rondaban las cien mil. B. Los traficantes (coyotes) cobran el doble que antes, pues sumaron a su portafolio un nuevo producto: el tránsito por México. Y C. De manera lacerante, el aumento de tragedias, en un territorio mexicano que es hostil al criminalizado.

El migrante centroamericano suma a la sociedad estadounidense. Por eso, al llegar, se incorpora de inmediato al mercado laboral que le necesita. Nadie lo ha medido, pero considero que el efecto de atracción es similar a aquel de expulsión, que es más notorio. Los políticos en EE. UU. pueden ordenar esa migración, que suma a su economía. Pero, en vez, han optado por la impostergable hipocresía. Impusieron una agenda regional que criminaliza al migrante, pero luego le recibe de brazos abiertos en sus compañías, que aprovechan su mano laboriosa. Su mercado aplaude los precios bajos.

El alto costo de esta hipocresía es humano: las diarias tragedias desconocidas, y también las profundas, como lo sucedido a más de un centenar de paisanos esta semana en Tuxtla. Vivimos en una era de total incompetencia gubernamental que difícilmente atenderá los problemas de fondo. Pondrán excusas y chivos expiatorios para justificarse.
Al público nos queda no perder el enfoque: EE. UU. necesita de la migración. Y estos países necesitan esas fuentes de trabajo.