El 26 de noviembre se entregaron de forma voluntaria al Juzgado Sexto Penal los agentes Cristian Armando Alvarado Pichilla, Emilsa Ileana Osorio Reyes, Esdras Aroldo Chex Catú, Jennifer Yesenia Popa Morales y Karla Xum.
Aunque los cinco fueron ligados a proceso por abuso de autoridad en el caso de los primeros tres y por simulación de delito en el caso de Popa y Xum, aún sigue habiendo peticiones para que la investigación continúe hacia la línea de mando, de quienes dieron la orden para reprimir a los manifestantes.
Según consta en los expedientes judiciales Osorio es de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), Pichilla es de la División de Fuerzas Especiales de la Policía (Difep) y Chex, Popa y Xum son de la Subdirección General de Prevención del Delito.
A decir de la oficina de Comunicación Social de la PNC, los cinco agentes son operativos y no han sido dados de bajo por el actual proceso penal que llevan, por el contrario, se mantienen trabajando en labores administrativas mientras se dilucidan las responsabilidades sobre este caso.
Además de seguir dentro de las filas de la PNC, los agentes tampoco han sido sancionados por la Inspectoría General, pese a que son señalados de realizar detenciones ilegales y mentir en los expedientes policiales.
Durante la audiencia, el MP los imputó por la detención arbitrario de dos hermanas, una de ellas menor de edad. Según los videos y fotografías de la cobertura de esa manifestación, las hermanas fueron arrastradas por varios metros por los agentes.
Ellas fueron dos de las 43 personas detenidas y que recobraron su libertad por el juez que desestimó sus casos por falta de mérito.
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¿Quiénes dieron las órdenes?
Durante la audiencia donde fueron ligados a proceso los cinco agentes, la Fiscalía de Delitos contra la Vida pidió una caución económica de Q5mil por cada uno. Sin embargo, el juez la redujo a Q2 mil luego que la defensa de los oficiales, pagada por la PNC, adujera que, por ser agentes operativos, los acusados no tenían la capacidad económica para pagar dicha cantidad.
Además de la fianza, a los agentes se les otorgó arresto domiciliario, arraigo y la obligación de presentarse ante el MP periódicamente.
El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, defensa de uno de los jóvenes que perdió un ojo a causa de una bomba lacrimógena que fue lanzada durante la protesta, quiso adherirse como querellante para conocer si las investigaciones iban dirigidas también a quienes dirigieron las órdenes, pero su solicitud fue rechazada por el juez.
“Nosotros tenemos algunas copias del expediente de investigación pero no se ha girado ninguna orden de captura. Si es posible individualizarlos, deberían de hacerlo, pero no quieren individualizar la responsabilidad hacia quienes dieron la orden”, indicó.
Por este mismo caso, diputados de oposición presentaron en noviembre de 2020 una solicitud para interpelar al ministro de Gobernación, Gendri Reyes por considerar que hubo un uso desmedido de la fuerza pública.
En enero de 2021 inició la interpelación contra Reyes y después de un interrogatorio que duró cinco meses, los diputados pidieron un voto de falta de confianza que tuvo el apoyo de 34 legisladores únicamente.
Con 82 votos en contra de parte del oficialismo, Reyes logró mantenerse al frente de la cartera de Gobernación.
Por otro lado, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) indicó que temen que el Ministerio Público utilice a estos cinco agentes para responsabilizarlos de todos los hechos del 21 de noviembre y, así, no continuar con la investigación de la cadena de mando.
“Es un poco confuso el procedimiento seguido por el MP al separar los expedientes de la investigación y que la intención sea procurar impunidad”, agregó Jorge Santos, director de Udefegua.
La investigación de los hechos ocurridos el 21 y 28 de noviembre está a cargo de un equipo de investigadores de las fiscalías de Delitos contra la Vida, de Distrito Metropolitano, de Delitos contra Periodistas, contra la Extorsión, contra Delitos Administrativos y la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural.
Hasta el momento, las capturas coordinadas por la fiscalía de Delitos contra la Vida han sido dirigidas contra tres personas acusadas por hacer pintas en una de las paredes del Congreso. Sin embargo, aún no se conocen resultados sobre los agentes que lanzaron bombas lacrimógenas contra dos personas y contra quienes agredieron a los periodistas que cubrían las protestas.
