Para nadie es un secreto que Guatemala es un país amenazado por los graves índices de violencia, que además se han incrementado en los últimos meses. El acceso al deporte, como una actividad recreativa, es una de las formas de prevenir actos delictivos a nivel nacional.
Sin embargo, aunque cada año el Estado destina el 3 por ciento de su presupuesto al deporte, para la mayoría de la población, que vive en pobreza, es una opción inalcanzable.
En la actualidad hay 22 federaciones de sendas disciplinas deportivas. Quien desee sumarse a los entrenamientos debe afrontar las cuotas que establecen las autoridades de cada federación.
La Federación de Boliche, por ejemplo, cobra una inscripción de Q400 y una mensualidad de Q250. La gratuidad solo está disponible para menores de edad.
La de Tenis de campo también cobra Q400 de matrícula y su cuota mensual es de Q350, que incluye dos días de prácticas a la semana.
Otras federaciones, como la de Natación, cobran Q150 por mes por dos prácticas semanales.
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La matrícula para Gimnasia es de Q100 y sus mensualidades de Q125, entre otros casos que Prensa Libre pudo constatar.
Lo anterior, según analistas deportivos, constituye una “privatización” de la práctica de los deportes federados.
Sin embargo, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) asegura que “el deporte federado ha hecho un intenso esfuerzo por generar oportunidades para todos los guatemaltecos”.
En cuanto a los cobros, justifica que estos permiten a las federaciones y asociaciones deportivas contratar al personal necesario para su mantenimiento, así como a entrenadores que atienden a los atletas.
“El cobro responde a poder ofrecerles atención de entrenadores para su aprendizaje, desarrollo y perfeccionamiento deportivo que le permitirá a un grupo selecto llegar a ser de alto rendimiento y competir en diversos niveles”, indica la CDAG.
Financiamiento
Abner Paredes, defensor de la Juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), considera que estos cobros obstaculizan el derecho al deporte.
A ello se suma que muchas federaciones cobran cuotas solo por usar las instalaciones. En el caso de la de Tenis de campo se cobra Q50 por una hora a personas no federadas y Q25 a quienes sí lo están.
“No todos los jóvenes tienen recursos para hacer estos pagos o mensualidades. Además, hemos observado que para acceder al derecho al deporte no todas las instalaciones tienen un horario adecuado. No solo las que están a cargo de la CDAG, sino también, en términos generales, todas las instalaciones. Tienen horarios administrativos de 7 a 16 horas, pero a veces los jóvenes, al salir de trabajar, quisieran acceder a una actividad deportiva. Se pueden ver canchas de papifútbol donde hay personas jugando hasta las 12 de la noche en una instalación privada. Eso demuestra que hay una demanda deportiva que el Estado no está satisfaciendo”, subrayó el defensor.
En ese sentido, Paredes pone de manifiesto que el sostén financiero no debería ser una justificación para hacer los cobros, ya que el deporte recibe financiamiento público.
Este año, las federaciones administran en total un presupuesto de Q261 millones 370 mil 127. De estos, el 75 por ciento proviene de aportes que les hace la CDAG, según el Ministerio de Finanzas.
Francisco Aguilar, periodista deportivo, considera que uno de los factores que dificulta la práctica de algún deporte en Guatemala es la pobreza.
“La mayoría de la gente necesita sobrevivir y el deporte es una actividad que la hace quien tiene tiempo libre, quien tiene la posibilidad de tener una cancha cercana”, enfatiza.
En ese sentido, comenta que las cuotas que cobran las federaciones impide que muchas personas practiquen un deporte de forma federada.
“La gente tiene que sobrevivir, pero si además de sobrevivir tiene que pagar una cuota —para practicar un deporte—, eso es inviable. Es parte de un desarrollo social nefasto”, hace ver Aguilar.
Enrique Godoy, exdirigente deportivo, expresa que muchas federaciones convirtieron las mensualidades e inscripciones en una forma de mantenerse, pero esto se entiende como una semiprivatización.
“Se semiprivatizan y limitan el acceso de más personas. La razón de que haya un aporte constitucional es que el deporte sea gratuito y extensivo a toda la población. Ponerse a cobrar cuotas es una aberración, porque va en contra del espíritu de que haya financiamiento para facilitar la práctica deportiva”, puntualiza.
La CDAG insiste en que estos recursos sirven para el mantenimiento y atención de los atletas, y en los casos en que la persona no cuenta con los recursos para sufragar las cuotas, se pueden otorgar exoneraciones, pero es la excepción y no la regla.
