El pasado 30 de noviembre se celebró el Día del Periodista en un ambiente oscuro en el que cada vez más se cierran los espacios para el periodismo independiente y crítico. Aunque los actos hostiles provienen de diversos sectores, en la actualidad existe una acción sistemática de las autoridades gubernamentales de querer silenciar a los medios independientes. La frase “la prensa se divide en dos: la que se acomoda y la que incomoda”, refleja claramente el papel que jugamos los periodistas en la construcción de una sociedad más incluyente y en la lucha contra la corrupción y toda forma de discriminación. Es evidente que existe una prensa que se acomoda, la que se vende, la que alquila sus espacios al mejor postor, la prensa que difunde propaganda gubernamental y de partidos políticos como si fueran noticias y que se llena los bolsillos con la publicidad oficialista.

Pero también está la prensa que se asume como un pilar fundamental de la democracia y que entiende que su papel está en la búsqueda de la rendición de cuentas y la transparencia por parte de quienes detentan el poder y administran los fondos que provienen de nuestros impuestos. Son los periodistas que no se conforman con difundir las versiones oficiales de los hechos, sino que investigan para encontrar los negocios turbios, la corrupción y la impunidad. Esos son los comunicadores incómodos, los que molestan, los que causan ronchas en el poder. Las acciones en su contra van desde el cierre de las fuentes, las intimidaciones verbales hasta las acciones físicas, que incluyen crímenes. El presidente Alejandro Giammattei no es la excepción porque le tiene ojeriza al periodismo investigativo que ha revelado sus negociaciones turbias, como su alianza con un narcopartido y la cleptocracia, a lo cual se agregan sus compromisos con sus financistas de campaña.

En mayo pasado, las organizaciones Artículo 19, Centro Civitas y Artículo 35 dieron a conocer el informe “Guatemala: Estado contra la prensa y la libertad de expresión”, en el que denuncian las graves violaciones a la libre emisión del pensamiento que vulneran un derecho garantizado por la Constitución de la República y que afecta no solo a los periodistas sino a todos los guatemaltecos. Entre los comunicadores afectados están Marvin del Cid, Sonny Figueroa y Juan Luis Font. Así también Anastasia Mejía, directora de la radioemisora Xol Abaj, de Joyabaj, Quiché, quien estuvo encarcelada por su lucha contra la corrupción del alcalde de esa localidad. Otro tanto sufrieron Carlos Ernesto Choc y Juan Bautista Xol, de Prensa Comunitaria, cuyas viviendas fueran allanadas por las autoridades, además de ser retenidos ilegalmente en El Estor, Izabal. En el caso de estos dos periodistas, el objetivo fue intimidarlos para que no informaran sobre las acciones represivas del gobierno en contra de la población que resiste las operaciones ilegales de la minera Fénix.

Según el referido informe, entre el 2011 y el 2020, las amenazas y las coacciones contra los periodistas fueron los delitos más denunciados. En ese período se presentaron 820 denuncias por agresiones contra comunicadores en la Fiscalía de delitos contra periodistas, entre ellos 21 asesinatos, 28 homicidios, 67 casos de lesiones, 414 amenazas y 188 casos de coacción, como parte de la ofensiva contra la libertad de expresión. El 90 por ciento de mujeres periodistas entrevistadas para ese informe dijo que había experimentado acoso sexual cuando efectuaban coberturas informativas. El reporte señala que durante el 2020 uno de los hechos más recurrentes fue la criminalización de periodistas mediante difamación y violencia psicológica. Esta es la situación que afronta el gremio periodístico durante la administración de Giammattei, pero pese al hostigamiento solo tenemos una respuesta clara y contundente: No nos callarán.