Al diputado siguiendo el guion preestablecido de cantar las mismas serenatas tan falsas como mentirosas en contra de los proyectos de las alianzas público-privadas, le hacen una pregunta que lo deja tan mudo como las películas de Chaplin: “Diputado, ¿y usted cuál carretera utiliza cuando va la costa? ¿La de la autopista Palín o la vieja carretera a Escuintla? Balbuceos y tartamudeos…

La respuesta es obvia. El diputado, como todos los que transitan por las carreteras del país, sea un campesino con su cosecha cargada en un picopito, un maestro en su moto, un pequeño comerciante o cualquiera que tiene necesidad de movilizarse de un lugar a otro, le dirán, con toda seguridad, que con gusto pagan por un servicio que les sirve para ahorrar tiempo, dinero y comodidad.

Recuerdo en mi programa de televisión ESTEOESTE, hace unos años, una discusión sobre la Ley de Alianzas Público-Privadas con analistas y ministros. Uno de ellos dijo algo muy cierto: “Los gobiernos no tienen los suficientes fondos para cubrir todas las necesidades de inversión del país, porque, tomando como ejemplo el caso de Guatemala, de cada quetzal que ingresa, solo 17 centavos quedan para inversión; el resto es para funcionamiento, situado constitucional y servicio a deuda”.

Actualmente existe un portafolio de proyectos APP de más de Q11 mil millones. El potencial es muy grande para puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales y hasta servicios de transporte público masivo. La autopista de Escuintla a Puerto Quetzal, que tanta alharaca causó su aprobación, por infundadas y politiqueras objeciones, estuvo parada en el Congreso durante tres años. Es el peor mensaje que se pudo haber enviado a los inversionistas potenciales que desean invertir en Guatemala bajo reglas claras y definidas. Lamentable admitirlo, pero existen demasiados incentivos perversos si cada proyecto debe ser aprobado por los diputados. Gracias a Dios se aprobó un contrato que ya estaba cerrado. Las excusas sobre el uso y el costo para las comunidades vecinas es un tema para el cual ya se tenían las respuestas antes que se las plantearan. Pero esa fue la excusa.

El domingo se volvió a dar un derrumbe en la carretera de Chimaltenango. ¿Habría pasado esto si la carretera fuese un proyecto APP? Por supuesto que no. Esa es la ventaja de contar con seguros, condiciones contractuales realistas y funcionales, diseños idóneos y, por supuesto, ingresos suficientes generados por los propios usuarios.

La VAS es un proyecto completamente privado. Funciona como un reloj suizo. El estado de la autopista es perfecto. Nadie alega; todos los usuarios pagan con gusto el ahorro de tiempo por el servicio que reciben.

Recientemente viajé a Coatepeque. ¡Qué desastre tener que transitar sobre el cadáver de Odebrecht! Con frecuentes, peligrosos y sorpresivos desvíos; hoyos, mala señalización, atascos, y la conducción de noche, un atentado a la vida. Digno para analizarlo como un estudio de caso, comparándolo con los proyectos APP.

La carretera a occidente es otro patético caso. Debería llamársele carretera “rompe llantas”. También el mejor ejemplo del “karma” de otorgar ciertos trechos “a dedo” a empresas “pipiripao”. La diferencia entre las empresas serias que construyeron es que ahí están los trechos en perfecto estado. No intentaré abordar la urgente necesidad de aprobar la Ley de Infraestructura Vial. Basta con saber que la autopista Escuintla-Puerto Quetzal abre las puertas a una era de gran potencial de proyectos APP para el desarrollo económico del país. Y ojalá eso condujese también para que, algún día, Guatemala pudiese contar con un “canal seco”. Sería un hito histórico.