Para qué serviría
El viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía (Mineco), Lisardo Bolaños, indicó que una legislación de este tipo mejora las prácticas empresariales en materia de precio, calidad y diversidad de los productos, ya que evita la concentración o monopolios y la concertación de precios, aparte de fomentar el ingreso de otros productos al mercado.
En tanto, Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), expuso que una ley bien fundamentada y con una implementación funcional, ayudaría a mejorar las condiciones económica y social de los guatemaltecos, ya que los consumidores van a tener opción de comprar mejores productos y varios precios.
“Al promover la competencia, se le da un papel importante a los consumidores, evitando abusos, pues se constituye en un instrumento para acceder a bienes con precios razonables”, dijo Prado y recordó que el país debe cumplir con el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, el cual establece la prohibición de prácticas anticompetitivas, además de crear una autoridad con independencia técnica, funcional, jerárquica y con suficientes facultades para investigar y a sancionar.
Como ejemplo, mencionó que una ley de esa naturaleza evitaría la posible acuerdos o concertación de precios que se habría dado recientemente con el aumento de precios del gas propano (señalamientos que han surgido constantemente en el Congreso), lo que originó la subvención que cobrará vigencia en los próximos días.
El experto mexicano Francisco Javier Nuñez, opinó en el Cuarto Foro de Competitividad, que el objetivo de una Ley de Competencia es mejorar la eficiencia del mercado y que una política de este tipo sirve mucho porque las fuerzas del mercado y la amenaza de nuevos competidores no son suficientes para eliminar monopolios, las posiciones dominantes y reducir los precios. “Por eso, deben establecerse procedimientos preventivos y sancionatorios”.
Según la experiencia en su país, explicó que existen conductas colusivas en diferentes ámbitos, tales como acuerdos para concretar precios, restringir la oferta, segmentar o dividir mercados, manipular licitaciones públicas e intercambiar información.
La consultora independiente y exministra de Finanzas, Antonieta de Bonilla, agregó que debe crearse un ente como autoridad en el ramo, pero con independencia financiera y de acción, con facultades y características que aseguren su efectividad.
Ello, aparte de que al país le conviene adoptar un marco legal que coadyuve a limitar las prácticas anticompetitivas, lo que requiere un abordaje integral que priorice acciones para fortalecer un marco institucional más amplio para disminuir la corrupción, fortalecer el estado de Derecho y mejorar el clima de negocios.
Los cambios necesarios, según el gobierno
El viceministro mencionó cuatro puntos importantes que se analizaron de la iniciativa y las propuestas al respecto: Lo primero es que según él, no puede estar pensada solo para el consumidor, porque en el mundo actual, donde existen cadenas mundiales de valor, mucha de la actividad que se realiza en Guatemala no es para el consumidor final, sino que hay procesos industriales para provisión de insumos para clientes locales y externos.
El segundo punto es que más de un tercio de la iniciativa de ley se refiere a normativas, procedimientos y disposiciones que podrían ir en un reglamento, por lo que hay desagregación de acciones, funciones y pasos.
Y el tercero se relaciona con la autoridad o entidad que estaría a cargo de su implementación, ya que propone la creación de una Superintendencia de Competencia, para lo cual la ley requeriría 107 votos en el Congreso, lo que dificultaría su aprobación. Por ello el viceministro indicó que proponen que sea una Dirección que forme parte del Ministerio de Economía. La idea, agregó es que el desarrollo, aprendizaje e implementación sea paulatina y se logre experiencia para continuar ampliando sus acciones.
Neutze: Aquí no hay monopolios
El diputado Rodolfo Neutze, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, indicó que desde los primeros meses del presente año habían solicitado que el dictamen e iniciativa regresaran a la Comisión indicada para hacerle cambios, sin embargo no se había logrado.
“Hemos estado en pláticas con el ministro de Economía sobre lograr una ley de competencia más de acuerdo con la realidad del mundo pospandemia y teníamos una lista de propuestas”. Entre las modificaciones mencionó la idea de usar el ejemplo y asesoría de países parecidos como México y Colombia, en donde habría un proceso paulatino de implementación, y no crear una superintendencia. Esta entidad requeriría costos de entre Q50 millones y Q60 millones al año, según el parlamentario.
“La intención inicial era una ley de competencia que evitara los abusos de empresas grandes, pero que sobre todo, les diera acceso a los pequeños y medianos empresarios. En Guatemala existe mucha competencia y no hay serios problemas de abuso porque no existen los monopolios. Esta ley ayudaría a mantener esta competencia y que la población no se vea abusada”.
