Está documentado que el riesgo de morir por covid-19 es más alto para los hombres que para las mujeres. En el caso de Guatemala, el 65% de los fallecidos por covid-19 a la fecha han sido hombres.
Hay al menos tres tipos de factores que ayudan a explicar esta desventaja: diferencias de tipo inmunológico que, entre otras cosas, hacen que el sistema inmune masculino responda más tardíamente o de manera menos eficaz al virus que el de las mujeres. Segundo, más hombres que mujeres presentan comorbilidades previas que elevan su riesgo de morir de la forma grave de la enfermedad; tercero, hay factores de orden cultural y de identidad de género, que hacen que los hombres no busquen —o lo hagan más tardíamente— que las mujeres los servicios de salud. En otras palabras, no se considera “cosa de hombres” prestarle atención a los signos y síntomas de la enfermedad de manera temprana, menos aún buscar atención médica en servicios de salud que están pensados, además, preeminentemente, para la atención materno-infantil.

Así, los datos disponibles para el país muestran que el 52% del testeo para covid-19 ha sido a mujeres; y del total de primeras dosis de vacuna administrada, el 54% ha sido también a mujeres. En términos de cobertura, el 48% de las mujeres tienen ya una primera dosis de la vacuna, mientras solo el 43% de los hombres la tiene. En cuanto a esquemas completos, 32% de mujeres ya lo tienen, pero solo el 28% de los hombres. Si bien las diferencias no son gigantescas, sí denotan que la acción ministerial simplemente navega sobre la ola de los patrones tradicionales de demanda de servicios de salud. Por el rol tradicional que juegan las mujeres como cuidadoras del hogar y responsables del cuidado infantil tienen mayor familiaridad con el sistema de salud, lo que actuó, en esta ocasión, en su ventaja.

El caso opuesto sucede cuando se examinan los costos sociales que ha tenido la pandemia. Además de que se multiplicaron las cargas y responsabilidades que ya tenían, para muchas mujeres y niñas el encierro significó pasar aún más tiempo con sus agresores y tener aún menos posibilidades de denuncia y protección. Los hogares guatemaltecos, más que refugios de seguridad y bienestar para sus integrantes, son escenas de crímenes contra la integridad y la salud física y mental. La pérdida del empleo, del ingreso y los medios de vida, el incremento del alcoholismo, hacinamiento y posiblemente aburrimiento y frustración, agudizaron condiciones preexistentes de violencia.

Si bien, durante el primer mes, con medidas de contención disminuyó un 75% la cantidad de denuncias de violencia contra la mujer fue más porque no había sistema de transporte y era prohibido salir de la residencia. Sin embargo, con la habilitación del número de teléfono 1572, el Ministerio Público (MP) en una nota de Prensa Libre señaló que: “Tan solo en los primeros 25 días de mayo 2020 se recibieron: 3 mil 504 denuncias, seis denuncias en promedio cada hora… 1,639 por violencia psicológica, 1,200 por violencia física, 641 por violencia, 17 por violencia sexual y 7 por violencia económica. […] vimos que, en marzo, de 54 denuncias que había en promedio, subieron a 90 y 100 en abril; en mayo el promedio es de 157 denuncias diarias, aunque hay días de más de 200 denuncias”. Así también, Aldeas Infantiles SOS logró documentar que, en 2019, en todo el país se reportó un total de 5,005 embarazos en niñas de 10 a 14 años, mientras que, en 2020, esa cifra aumentó un 23.5% al situarse en 6,179 embarazos en ese grupo de edad.

¿Qué respuesta dio el Estado? Prácticamente ninguna. Las mujeres y las niñas deberán vivir las consecuencias de estos hechos el resto de su vida.