Aunque la principal fuente de ingresos ilícitos en Guatemala y Centroamérica consiste en el tráfico de drogas, la corrupción ocupa el segundo lugar en cuanto a los delitos financieros, de forma directa o indirecta, explicó a Prensa Libre Julia Yansura, gerente del referido programa con sede en Washington, D.C.
La cantidad referida equivale a los fondos asignados a varios ministerios juntos en el presupuesto estatal 2022, tales como Educación, con Q20 mil 608.40 millones (que es el más alto); Gobernación, Q6 mil 480.48 millones; Desarrollo Social, Q1 mil 306.6 millones; y Trabajo, Q976 millones.
A escala regional sobre, GFI estima que los ingresos ilícitos provenientes de la corrupción ascienden entre US$5 mil 400 millones y US$13 mil 600 millones al año en Centroamérica, y de esta cantidad, se proyecta hasta US$9 mil 500 millones son blanqueados y reinsertados en estas mismas economías.
Diversos métodos
Yansura expresó que, en algunos casos, los ingresos ilícitos se derivan directamente de la corrupción, y esto incluye situaciones en las que funcionarios o legisladores guatemaltecos toman recursos del Estado para beneficio propio, a través de facturas falsas, contratos preferenciales, salarios dobles o cobros de remuneraciones por plazas laborales inexistentes “fantasmas”, entre otros métodos.
En el caso de Guatemala, por ejemplo, el informe analizó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y encontró que, durante los últimos 20 años, la gran mayoría de ministros y otros funcionarios han enfrentado cargos por corrupción y/o condenas, y “esto habla de un problema sistémico en esa cartera, sobre la forma de utilizar los fondos estatales”, recalcó.
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Por otro lado, hay casos en que las ganancias ilícitas se derivan indirectamente de la corrupción. La ejecutiva citó que, en Honduras, por ejemplo, los funcionarios corruptos han facilitado el tráfico de drogas, mientras solicitan recompensas por ello; y en Guatemala, las autoridades policiales corruptas se han beneficiado económicamente del tráfico de migrantes a través de sobornos y/o extorsión.
“Esto es increíblemente dañino para un país porque la corrupción facilita otros tipos de delitos. Los funcionarios del gobierno, que se supone deben salvaguardar la seguridad, el bienestar, las libertades y los recursos de la población a la que sirven son, en realidad, cómplices de otros delincuentes”, apuntó.
¿Cómo se facilita el lavado el dinero?
Por lo general, a la corrupción le sigue el lavado de dinero porque las personas involucradas quieren “limpiar” el dinero sucio; es decir, ocultar el origen de estos fondos y justificar su posesión.
Yansura, remarcó que, como parte de esta investigación, se identificaron más de 16 canales diferentes utilizados para movilizar y lavar los recursos, tales como el sistema financiero, financiamiento político, empresas ficticias, construcción de proyectos de infraestructura, facturación fraudulenta, contrabando de dinero en efectivo, compras supermercados y todo tipo de establecimientos en los que se puede pagar en efectivo e incluso asociaciones religiosas.
La investigación indica que, para mover el dinero ilícito, tanto en Guatemala como en Centroamérica, existe una red de facilitadores denominados como “los gatekeepers” que según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se trata de ciertas posiciones profesionales que están a las puertas del sistema financiero, donde se decide quién puede ingresar.
En otras palabras, los gatekeepers son personas que, en un equipo de trabajo, actúan como especialistas de información, no solamente con capacidad reactiva, respondiendo eficazmente a las demandas de datos que reciben de sus compañeros de trabajo sino también proactivamente, adelantándose a las necesidades de información antes de que sean percibidas.
Estos profesionales y sus unidades deben proteger la integridad del sistema manteniendo fuera a los actores ilícitos, pero cuando no realizan su trabajo correctamente, pueden convertirse en facilitadores de delitos financieros.
Yansura subrayó que, en el caso de Guatemala, se encontró que los principales facilitadores son los operadores políticos (individuos que están involucrados en el financiamiento de campañas y maquinaciones políticas), banqueros y abogados, lo cual sugiere que la lucha contra la corrupción en Guatemala será un desafío, “porque hay numerosos canales y gatekeepers involucrados”.
Aclaró “que, por supuesto que esto no significa que todos los políticos, banqueros, abogados y notarios sean malos, sino que cuando lo son, pueden causar mucho daño, ya que estos profesionales conocen las reglas del juego y, por tanto, las formas de cometer delitos financieros y salirse con la suya”.
También en el sector privado
Este tipo de delitos, según la experta, se adapta a diferentes contextos en la región y el problema no se limita al ámbito estatal. “En países con gobernanza e instituciones débiles, la corrupción se extiende a donde haya dinero. Incluso, en las actividades productivas privadas”.
Citó, por ejemplo, que estos delitos se cometen en la minería, en la ganadería, en cultivos y en cualquier actividad productiva. Especialmente porque “las élites tienen altos niveles de poder y ejercen un control político y económico concentrado. También ocurre en contextos donde la sociedad civil, los periodistas, los grupos comunitarios y los ciudadanos enfrentan restricciones que limitan su capacidad para responsabilizar a intereses poderosos”, remarcó.
Por otro lado, hay vinculaciones que el delito interactúa en las regiones y muchas veces, el vínculo es con los EE. UU., donde se observa con preocupación la migración de flujos financieros ilícitos desde países centroamericanos. Y mencionó casos de lavado de activos provenientes del sector inmobiliario, en los que Guatemala fue el tercer país más involucrado.
“En este sentido, una de las cosas que EE. UU., puede hacer para ayudar a combatir la corrupción en Centroamérica, es asegurar que sus propios controles ALD/CFT (Anti Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo y la Corrupción) funcionan debidamente.
Sin datos concretos
Walter Menchú, analista en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), indicó que al final, el tema de la corrupción se mide por medio de la percepción y esta cambia según sea tratado a nivel público o privado. “Y puede ser que las cifras reveladas por GFI, antes eran más bajas, pero a futuro hay que darle el seguimiento para poder complementarlas como una aproximación en diferentes frentes”.
Añadió que todo ese movimiento de dinero no necesariamente viene del presupuesto, pues puede englobar hasta compras de voluntades, en el sentido de a quién beneficia o perjudica, cuando se trata de legislación.
Al respecto, dijo que se debe trabajar en la prevención, aunque recordó que en Guatemala se carece de sistemas que emitan alertas como controles electrónicos, cuando se trata de personas contratadas, y en muchas instituciones estatales se han detectado pagos en planilla de personal que no llega o solo acude a cobrar su salario sin trabajar. O reciben una parte del dinero y la otra se la entregan a la persona contratante.
“Por otra parte, es complicado, ya que algunos diputados deben legislar sobre determinadas leyes, pero no les interesa aprobarlas y todo se queda como está”.
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Otro foco, dijo el analista, es sobre la inversión pública y la celebración de contratos, pues cuando se verifican las obras, se descubren deficiencias. “Un ejemplo es el libramiento de Chimaltenango, que significa un gasto que no se realiza de forma visiblemente corrupta. Otro origen de la corrupción está en el financiamiento electoral: Hay políticos que financian sus campañas con fondos provenientes de la corrupción o de empresas que los patrocinan y luego tienen que devolver los favores. Y ese es uno de los pecados de la política en Guatemala”, subrayó.
Sobre lo encontrado por GFI en el CIV, Menchú, agregó que mucha de esa corrupción proviene de las relaciones entre el Ejecutivo con el Legislativo, y “hay muchos diputados que tienen empresas constructoras y a través de Consejos Departamentales o Comunitarios de Desarrollo, contratan a sus propias compañías para realizar obra pública defectuosa”.
Un método de control
La gerente del GFI también confirmó que muchos de los casos de corrupción en Guatemala y en la región centroamericana tienen que ver con empresas fachada o empresas fantasmas.
Al respecto, indicó que una de las principales recomendaciones es que los países implementen registros de beneficiarios finales o incorporen estándares de beneficiarios finales en los registros mercantiles existentes.
El beneficiario final es un concepto técnico que esencialmente plantea la siguiente pregunta: ¿quién es la persona real detrás de esta empresa?, y muchas veces, sabemos quién registró la empresa o quiénes son los abogados de la empresa, pero no tenemos idea de quién es el verdadero propietario.
“Una mayor transparencia con respecto a la propiedad de la empresa es un primer paso importante para prevenir delitos financieros, incluida la corrupción y el lavado de capitales. Puede ser particularmente útil cuando se aplica a empresas que contratan con el Estado. Esperamos que países como Guatemala tomen medidas y adopten las mejores prácticas internacionales en materia de beneficiarios finales”, concluyó.
