Desde abril del 2019, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad ha solicitado que se les retire la inmunidad a cuatro alcaldes, por supuestos vínculos con el trasiego de drogas en el país. Analistas consideran que la relación de políticos con grupos del crimen organizado es más evidente y obvia que hace varias décadas.
Operaciones antinarcóticas revelan la importancia que mantienen agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personas involucradas en política, algunas con señalamientos de delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Las pes quisas han identificado a alcaldes, candidatos presidenciales, funcionarios municipales y agentes policiales que tienen nexos con redes de tráfico de drogas.
El primer antejuicio presentado fue contra el fallecido alcalde de Ayutla, San Marcos, Érik Salvador Súñiga Rodríguez, quien se entregó a la Administración para el Control de Drogas (DEA) en diciembre de 2019, seis meses después de que se le retirara la inmunidad y a las puertas de las elecciones generales que podían darle un nuevo período edil.
Alan Ajiatas, subjefe de la Fiscalía, dice que al presentar esta acción contra Súñiga Rodríguez se le limitó la participación para reelegirse como jefe edil.
En diciembre de ese mismo año, las autoridades también pidieron que Otoniel Lima, alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, no gozara de inmunidad para que se le pudiera investigar por presuntos vínculos con el narco. A la fecha está ligado a proceso por el transporte de más de 660 kilos de cocaína y guarda prisión en la cárcel Mariscal Zavala, a la espera de sentencia.
Aunque estos no son los primeros señalamientos contra alcaldes vinculados con el narcotráfico, porque desde hace varias décadas se detectó esa relación, parece que en estos últimos años se han incrementado estas relaciones.
Francisco Jiménez, exministro de Gobernación y actual analista del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), explica que para trasegar drogas los grupos del crimen organizado necesitan cumplir con tres aspectos: control territorial; tener estructuras organizadas y fortalecidas para utilizar la violencia como disuasivo o medio de control; y control político y social, lo cual implica relaciones con la población o involucramiento de las personas y armonía con los políticos de los territorios que buscan controlar.
Para Jiménez existe mayor articulación del narcotráfico con la política, porque es el control jurídico que mantienen las alcaldías sobre los territorios lo que quieren controlar.
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“¿Por qué razón ha aumentado con los años con el poder local? Porque, efectivamente, cada vez hay más necesidad de relacionarse con quienes tienen control del territorio, y el territorio jurisdiccionalmente son las alcaldías”, agregó.
Corrupción
Durante este año, el Ministerio Público ha presentado dos antejuicios contra alcaldes. El primero fue en marzo, en contra de Esduin Jerson Javier Javier, alias Tres quiebres, alcalde de Ipala, Chiquimula, por su aparente relación con un triple crimen asociado al tráfico de drogas y porque se supone que tiene acercamientos con la estructura criminal conocida como los Ipala. Según Ajiatas, la defensa de este jefe edil ha interpuesto una serie de recursos para evitar que el órgano jurisdiccional correspondiente conozca la acción.
El segundo antejuicio fue presentado contra Exadillas Doniel Ramos Aguilar, alcalde de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, para investigarlo por supuestos vínculos que mantienen él, su esposa y su hijo con una estructura que trasiega drogas.
Ajiatas explica que la acción contra este jefe edil está pendiente de ser ratificada en el juzgado correspondiente.
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De acuerdo con el fiscal, ahora se evidencian más los vínculos entre narcotraficantes y políticos porque hay más investigaciones. Sin embargo, Jorge Wong, politólogo independiente, afirma que las relaciones de las personas involucradas en política con grupos del crimen organizado se han consolidado con mayor fuerza durante la pandemia, y por eso se han identificado más.
Wong agrega que el mal más grande de la democracia es la corrupción, por lo que estas redes ilícitas van permeando, comprando y cooptando las alcaldías, el Congreso y otros cargos públicos, por medio del pago de las campañas políticas.
“Estas personas ocupan un espacio disponible porque tienen los recursos necesarios. Es la piedra en el zapato del Triángulo Norte que permite que toda esta situación se vaya por esta vía”, señala Wong.
Jiménez indica que no se puede medir si hay más políticos vinculados con el crimen organizado que hace unas décadas, pero la cantidad no es lo más importante, sino que se debe hacer mayor énfasis en las circunstancias estructurales del sistema, como la corrupción.
Agrega que existe mayor vulnerabilidad y debilidad de corrupción en las instituciones, por lo que se elevan las probabilidades de que el narco aproveche estas situaciones, lo cual se percibe como más involucramiento de líderes políticos con bandas del crimen organizado.
“Para mí, el problema no es la cantidad de funcionarios, pueden ser cien o diez; el problema es qué hacen estas cien o diez personas, porque menor cantidad puede impactar de una mejor manera a los grupos criminales, comparado con mayor cantidad”, afirma.
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Policías y funcionarios municipales
Alam Carlos Stives Orellana Salguero, concejal de Jutiapa, fue capturado al estar señalado de asesinato, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como asociación ilícita. También fue detenido su padre, Carlos Amílcar Orellana Donis, conocido como el Chejazo, ambos señalados de integrar la banda denominada de Jalpatagua.
Este no es el primer funcionario municipal detenido por nexos con el crimen organizado, porque, según Ajiatas, el exalcalde Recinos utilizaba a varios policías municipales para trasegar drogas.
En estos casos también están involucrados miembros de las fuerzas de seguridad, porque las autoridades reportaron la detención de 18 personas, entre las cuales había seis agentes de la PNC, quienes se supone que fueron captados por los cabecillas de la organización de narcomenudeo conocida como Los Jerez, para que operaran sin ningún problema y también para que filtraran información sobre operativos antinarcóticos, a fin de que no fueran detectados.
En febrero último, las autoridades confirmaron la detención de seis agentes más señalados de haber colaborado con la banda Los Pelones.
