Hace unas semanas recibí la copia de una carta del 16 de agosto de 1961 —hace 60 años— muy pertinente a la actual situación de las numerosas travesuras de Cupido dentro de la administración pública. Dice: “Señor Ministro: El público murmura y con mucha razón, el que muchos funcionarios y empleados públicos no solo tienen amantes, sino que se exhiben con ellas, haciendo a un lado el respeto a su hogar. / Como es muy difícil que un empleado público tenga suficientes fondos para mantener dos hogares, es conveniente que usted les haga saber que a quien se le compruebe este caso se le retirará del puesto que sirve, en protección de los intereses del Estado. / De enterado, sírvase acusar recibo. / Atentamente, / Miguel Ydígoras Fuentes, presidente de la República.”

Ese mandatario tenía solvencia para hablar, porque las finezas con su esposa, doña María Teresa Laparra de Ydígoras, denotaban una relación matrimonial envidiable, común en esos tiempos y ahora disminuida en muchos casos, por variadas razones. Hoy, las amiguitas con derechos y las mujeres con añeja relación de este tipo son agregadas a los puestos gubernativos, y por eso el dinero para mantenerlas surge de fondos públicos. No es privado, porque este aspecto desaparece al mezclarse con la administración pública y se vuelve campo de investigación periodística. Ha aumentado el ingreso de mujeres jóvenes y guapas, pero sin los estudios ni la experiencia necesarios para desempeñarse en asuntos estatales. Se dan los “cupidazos” entre funcionarios de toda jerarquía y hasta de partidos distintos.

El tema no es de índole religiosa porque el Estado guatemalteco es laico, lo que sirve de “excusa” para dirigir la vista a otro lado. A esto se suma el acoso a las trabajadoras en el Estado, lo cual ha llevado a crear normas cuando ocurren estos casos en cualquiera de sus variantes, entre ellas la aceptación obligada de una mujer, con necesidad de mantener su puesto y, por ende, sus ingresos, a sostener relaciones pasajeras que lejos de ser voluntarias, son forzadas en su expresión más ruin. Eso explica las bases de movimientos femeninos como el #MeToo estadounidense, aunque como todo es mejorable, deben revisarse las reglas sobre el tiempo transcurrido entre el hecho y la denuncia. Es un tema muy difícil, claro.

El Estado no puede basarse en los criterios morales basados en religión, porque estos son más estrictos. Pero ello no significa carecer de lineamientos de conducta y para eso es preciso elaborar normas, acompañadas de sanciones proporcionales a la ofensa, para evitar castigos exagerados. En un país como Guatemala, donde no hay normas específicas de conducta para ocupar puestos públicos, este tipo de actitudes abusivas causan mucho daño al prestigio del Estado, por lo que deben crearse esos códigos de conducta para poder ocupar puestos, y así impedir, o al menos disminuir, el número de casos de “cupidocracia”, por haber llegado a cifras causantes de vergüenza al buen nombre del país, como dijo Ydígoras en la carta antes mencionada.

La misiva del citado mandatario demuestra la persistencia de esos casos, pero puede ser cándida al solo hablar de los hombres, sin mencionar a las mujeres. El Derecho acepta como válida la necesidad, cuando se considere oportuno y preciso, de cambiar una ley en cualquier forma, y por ello no constituye una violación de los derechos humanos la decisión de poner orden en cuanto a simples noches de pasión, concubinatos, matrimonios sorprendentes y hasta sospechosos al unir en el tálamo a personas con influencias e intereses corruptos. Estas normas son explicables y necesarias en los términos políticos de un régimen laico. Arreglar esto requiere de conocimiento legal, normas obvias, de ciencia y conciencia políticas, de beneficio para el país y su imagen, para así dejar amarrado a Cupido.