En estos últimos meses hemos visto cómo en Nicaragua se fragua una operación totalitaria con el uso del poder público para asegurar la continuidad en el poder por parte del régimen de Daniel Ortega en las próximas elecciones generales.

En los últimos meses, la maquinaria de poder público nicaragüense dirigida por los esposos Ortega ha arrestado y detenido arbitrariamente a líderes políticos, empresariales y periodistas. Esto sumado a la represión a la que ha sido sujeta la población que ha expresado su inconformidad con el régimen. Todo esto con el intento de asegurar la continuidad en el poder público ante las próximas elecciones que se celebrarán en noviembre.

La situación previamente descrita se suma a la historia reciente de Nicaragua plagada de abusos de poder para asegurar el control de la coerción pública. La historia política contemporánea de Nicaragua contiene resoluciones judiciales que eran ilegales pero favorables a Ortega, una reforma constitucional para asegurar su continuidad en el poder, la inscripción de su esposa como vicepresidente, violaciones de libertades empresariales y de asociación, así como asesinatos y censura a quienes exponen inconformidad con su mandato. Todas estas acciones son posibles por contar con un Estado sin una institucionalidad consolidada, sin límites ni división del poder público.

La situación en Nicaragua es lamentable y sumamente preocupante para los ciudadanos nicaragüenses, quienes no tienen garantía alguna de que sus derechos y libertades serán protegidas. Este régimen no es solamente un vecino incómodo para la región, sino que además es un promotor de impunidad, corrupción, narcotráfico y totalitarismo.

Nicaragua ofrece para los criminales internacionales un paraíso donde sus operaciones y dineros ilegales son protegidos de la persecución penal e imperio de la ley de sus países.

El régimen de Ortega ha mantenido una estrecha relación con gobernantes vinculados con el narcotráfico como Nicolás Maduro, también ha defendido públicamente a los gobernantes de Cuba y así la lista de sus cercanos levantan grandes sospechas de la operación dictatorial latinoamericana vinculada con el crimen regional.

Ante esta situación preocupante, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución para exigir la liberación de presos políticos, así como el inicio de una reforma electoral que libere y rescate el deterioro de los derechos políticos en Nicaragua. Guatemala se abstuvo de votar, en compañía de Argentina, Barbados, Bolivia, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas.

Esta situación vergonzosa para los guatemaltecos que sí condenan las violaciones a los derechos de Nicaragua y el peligro que representa para la región; se suma también la reciente solicitud de apoyo de la Cancillería a Venezuela para pedir su voto para la candidatura de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) por parte de Guatemala.

El gran problema de tener políticos sin valores definidos es que su marco para establecer sus acciones se basa en sus intereses y no en la consecuencia de una serie de principios y valores. La degeneración de la democracia en totalitarismos ocurre paulatinamente, y la única salvaguarda contra ello es contar con un sistema de instituciones fuertes que aseguren el límite, control y alternancia del poder público.

Para alcanzar esto es importante contar con una sociedad civil con capacidad de propuesta y acción. Ya que sin esa consolidación institucional podríamos encontrarnos ante la merced de los caprichos de los gobernantes de turno.