Bien puede decirse que la política exterior de Guatemala no se detiene en pie, debido al incoherente manejo de la postura del país como un Estado democrático, con plenas garantías ciudadanas y un ideario fundamentado en las libertades que costaron tantas vidas y décadas de conflicto armado. La discordancia adquiere tintes de doble discurso cuando se cometen errores garrafales, como abstenerse de votar, en el seno de la Organización de Estados Americanos, en apoyo de una resolución que pide la liberación de presos políticos en Nicaragua, entre los cuales hay candidatos presidenciales opositores, críticos del sátrapa Daniel Ortega, y ahora, incluso, empresarios de alto nivel, todos señalados bajo dudosos cargos, con procesos oscuros a cargo de jueces venales.

Es un error, porque prácticamente deja al gobierno de Giammattei Falla como un valedor de los métodos brutales de la dictadura nicaragüense para mantenerse en el poder, a pesar del rechazo de la mayoría de la población, mediante la supresión de alternativas políticas y la concreción de un fraude electoral desde antes de que se concurra a las urnas, pues tales comicios son inválidos, ilegales y absurdos en sí mismos.

No falta la cantaleta farisaica de la conviviente de Ortega que se atreve a invocar a Dios en sus despropósitos, desde las matanzas y violentas represiones del 2018 hasta la fecha. Se trata de una estrategia populista y de un discurso engañoso que busca desviar la atención de la corrupción, los dispendios y los rezagos del desarrollo, con apoyo de hordas de aduladores interesados y corifeos pagados. Dicho binomio autocrático debería recordar el final de caudillos que se creyeron todopoderosos, tales como Nicolás Ceasescu en Rumania o Benito Mussolini en Italia.

La dignidad siempre triunfa, y prueba de ello es que a pesar de las siete abstenciones, se hizo el vehemente llamado continental a la liberación inmediata de los detenidos. La justificación de la Cancillería es endeble, al argüir que Guatemala ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones sobre el régimen nicaragüense.

Ayer trascendió que el régimen de Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al prófugo guatemalteco Gustavo Herrera, a quien dio asilo desde el 2018 tras su huida del país, cuando fue señalado de encabezar una estructura de corrupción y lavado de dinero robado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Herrera es señalado de interferir y manipular las elecciones de magistrados, a fin de torcer la justicia a su favor.

La Cámara de Industria de Guatemala se pronunció con fuerza ayer en contra de la persecución de empresarios nicaragüenses por el solo hecho de haber cuestionado a Ortega. Desgraciadamente, se trata de una conducta dictatorial que lleva años gestándose y oscureciéndose. Se erigió sobre la cooptación de cortes y del Congreso por parte de grupos criminales, así como con la compra de voluntades, el clientelismo financiado con el erario y los ataques a la libertad de expresión.

Es un error que el gobierno guatemalteco calle ante tantos atropellos, a menos que los avale o peor aún que busque un predominio similar, a base de compra de votos, reparto de botines presupuestarios, intercambio de favores con figuras politiqueras rancias y predominio en cortes. Solo así se explicaría el silencio cómplice. Aún es tiempo de enmendar y de hacer una adenda al pronunciamiento de la OEA, sumando el voto de Guatemala a la exigencia no solo de libertad a los opositores, sino de elecciones libres, transparentes y con observación internacional.