El despacho Regino Abogados afirmó que la fiscalía “ha judicializado la carpeta de investigación en contra de 10 personas”, entre las que están cinco de sus clientes, incluido Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, que planteó la construcción de la línea.
“Ya los acusó, ya pidió audiencia, que va a ser el próximo lunes 25 de octubre a las 10.30 de la mañana”, reveló en rueda de prensa Gabriel Regino, representante del despacho.
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Las acusaciones se revelan después de que la FGJ-CDMX expuso el jueves pasado los resultados de su peritaje, que asegura que el accidente ocurrió por “deficiencias” en la construcción y el diseño que no podían detectarse por el mantenimiento.
Estas son las primeras denuncias de la fiscalía sobre el accidente del pasado 3 de mayo, cuando colapsó un puente elevado entre las estaciones Olivos y San Lorenzo, en la alcaldía Tláhuac, por lo que el vagón quedó encallado en forma de “v” y dejó 26 muertos y un centenar de heridos.
El acusado de mayor perfil es Horcasitas, quien trabajó en la gestión del ahora canciller Marcelo Ebrard, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal (2006-2012), y los primeros dos años de la administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), ahora senador de oposición.
El abogado Regino acusó a la fiscalía de “contradicciones y violaciones de derechos humanos”, de darle “un trato VIP” a la empresa constructora y de omitir la responsabilidad de mantenimiento de la actual administración del metro.
“Nuestros representados del Proyecto Metro no eran los responsables ni administrativa ni legalmente ni de la supervisión ni de la construcción de la obra porque para eso se contrataron empresas que están perfectamente identificadas”, sostuvo.
El jurista anunció una denuncia contra el diputado local Jorge Gaviño, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de 2015 a 2018, durante la gestión de Mancera.
También notificó de una denuncia contra Florencia Serranía, directora del STC durante el colapso, y contra Jesús Antonio Esteva, secretario de Obras y Servicios del actual Gobierno de Ciudad de México.
“Se puede llegar a un acuerdo reparatorio siempre y cuando las personas responsables, realmente responsables, paguen la reparación del daño. Al día de hoy las víctimas no han recibido pago de reparación de daño alguno”, indicó.
