Según el MP, el 26 de febrero de 2021 se recibió denuncia en contra del legislador Dávila, relacionada a una diligencia de inspección ocular, como parte de la investigación por un caso de usurpación que se ventila en el Juzgado de Primera Instancia de Santa Rosa.
La denuncia señala que supuestamente, de manera amenazante e intimidatoria a obstruir la justicia, Dávila se dirigió a representantes de la Procuraduría General de la Nación, agentes de la Policía Nacional Civil y al mandatario judicial de los propietarios de los inmuebles.
Posteriormente habría reunido a los miembros de la invasión para supuestamente instigarlos a mantener la ocupación de las tierras.
El ente investigador considera que “la conducta del funcionario denunciado podría encuadrarse en la comisión de los delitos de abuso de autoridad, obstaculización a la acción penal e instigación a delinquir”.
Segundo caso contra Dávila
La segunda solicitud de retiro de inmunidad contra el diputado Dávila Morales, es porque con fecha 19 de abril de 2021, un agente de la Policía Nacional Civil presentó denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos relacionada a que el 12 de abril de 2021 el agraviado se encontraba cumpliendo con su función preventiva y con el objetivo de garantizar los derechos constitucionales ante posibles manifestaciones.
El comunicado del MP detalla que en el momento que el agente realizaba un escudo preventivo de seguridad y sin portar armas, el diputado Dávila presuntamente lo agredió física y verbalmente.
El Ministerio Público considera que la conducta del diputado podría encuadrarse en la comisión del delito de abuso de autoridad.
Alcaldesa de Parramos
El MP también pidió que se le retirara el derecho de antejuicio a Alicia Méndez González, alcaldesa de Parramos, Chimaltenango.
El ente investigador menciona que el 15 de febrero de 2021 se recibió denuncia en la cual miembros del Concejo de Parramos manifestaban que la alcaldesa presuntamente realizó nombramiento y corrimiento de cargos de manera ilegal dentro del Concejo.
El Ministerio Público considera que la funcionaria podría haber incurrido en los delitos de coacción, apropiación y retención indebidas, falsedad material, falsedad ideológica, supresión, ocultación o destrucción de documentos, usurpación de funciones, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia y nombramientos ilegales.
Contra un juez
También se hizo la solicitud de retiro de antejuicio en contra de Nolver Oziel Fuentes Fuentes, Juez Segundo del Juzgado de Ejecución Penal del departamento de Quetzaltenango, Despacho “B”.
Según el MP, el 16 de febrero de 2021, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia certificó lo conducente contra dicho funcionario judicial por retardo y perjuicio ocasionado a sujetos procesales al no dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango.
Por los hechos anteriormente denunciados, se considera que podría haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia, resoluciones violatorias a la constitución, prevaricato y retardo de justicia.
El comunicado concluye con que el MP presentó dichas solicitudes ante los órganos jurisdiccionales competentes, para que determinen si ha lugar o no a la formación de causa, en cuanto a la posible comisión de actos constitutivos de delito y poder iniciar así las investigaciones respectivas.
