La presencia del grupo, armado con palos, machetes y, según ellos mismos, bombas Molotov, ha coincidido cuatro veces este año con episodios políticos convulsos. Esta vez, salen justo en medio de las negociaciones en el Congreso de la Junta Directiva del 2022, en la que, por primera vez, existe un peligro real de que no sea del oficialismo y los pocos aliados que conserva.
Las exigencias del grupo de exmilitares son simples: que se les otorgue un pago de Q120 mil a cada uno y se les permita acceder a tierras y seguro médico. Sus solicitudes las fundamentan en un compromiso político que dicen tener con el presidente Alejandro Giammattei, que les prometió en campaña, a cambio de votos, ese beneficio, promesa que renovó Felipe Alejos, de Todos, al presentar una iniciativa para que se convirtiera en ley.
Ahora, estas exigencias están en un entuerto técnico, porque nadie sabe cuántos exmilitares son y, por consecuencia, todos ignoran cuánto dinero se necesitará para cumplir con el pago.
El panorama se complica un poco más cuando los manifestantes emplazan al Congreso a que resuelva su situación en una semana o, caso contrario, seguirán en las calles pero se alejarán de cualquier actitud pacífica para protestar.
Les dan una semana
Los veteranos del Ejército cumplieron esta semana con una serie de bloqueos a nivel nacional.
La medida no era pacífica. “Nosotros no queremos hacerle daño a la gente, no queremos quitarle la labor, pero también tenemos derecho de estar aquí”, comentaban los primeros los manifestantes.
Otros, incluso, con palos modificados como armas lanzaban amenazas como: “yo tengo entrenamiento israelí” o afirmaban que iban preparados por si tenían que usar la fuerza. “La mayoría andamos cargando la botella de gasolina”, decían.
Pero aunque depusieron la medida, el grupo se fue con la promesa de regresar la próxima semana y con más fuerza para exigir la indemnización de Q120 mil, si no se les da garantías, según informó Jorge Vega, representante de los inconformes.
“Si para el viernes —hoy— todavía no hay nada concreto, el lunes o martes los muchachos vuelven a las calles, y ahí que ya vienen con más fuerza y coraje y eso es lo que no queremos, pero de ellos —las autoridades— depende”, dijo.
De momento, les urge conocer el estado de fuerza, es decir, la cantidad de veteranos para que la Comisión de Finanzas evalúe la posibilidad de incluirlos en el presupuesto para el 2022.
“Lo que queremos es que nos diga el Ministerio de la Defensa (Mindef) y se comprometa, para que no pase de esta semana la entrega del estado de fuerza, para que, con base en ese primer grupo, las tres comisiones legislativas se sienten a dialogar con nosotros para acordar y negociar la cantidad, cosa que tal vez va a estar duro, pero andamos en estas vueltas”, refirió.
Imposible en una semana
Por su parte, al Mindef la información de las asociaciones de veteranos del Ejército retirados llegó mal y tarde, lo que complica el cruce de datos, según explicó Rubén Téllez, vocero de la cartera.
“Los listados que entregaron los veteranos los entregaron a finales de septiembre, y en algunos formatos que no facilitan en nada la búsqueda de información para cotejar; esto está llevando tiempo. Otro asunto es que algunos solo aparecen con un nombre y un apellido, entonces, hay una cantidad enorme de homónimos, que es otra parte que hay que descartar”, explicó.
Para poder depurar los listados y dictaminar a quiénes corresponde un eventual pago podría llevar al menos un mes.
“Hay muchos archivos del Ejército de Guatemala que no están en digital; entonces, hay que buscarlos en archivos físicos, y esto también lleva tiempo. Lo que tenemos proyectado, tal vez de manera muy optimista, es que sea cuestión de un mes para poder entregar ese listado. Se está trabajando a doble tiempo, pero tampoco podemos sacrificar la calidad del resultado por la velocidad, porque esto a la larga tendrá un efecto legal”, dijo Téllez.
Actitud de terroristas
Sin entrar a analizar si la exigencia de los veteranos de Ejército es justa o no, el analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, opinó que la conducta de los manifestantes puede ser calificada de ilícita y delictiva.
Afirmó que cualquier bloqueo va a estar impuesto bajo la fuerza, algo que claramente vulnera las garantías y libertades del resto de civiles que necesita movilizarse para cumplir con sus actividades económicas.
“Se va a causar daños a una población ajena e inocente, para con ello mandar un mensaje al Gobierno, del que quieren tomar un recurso. Esta es una lógica perversa, pero más una lógica característica de tipo terrorista.
Agregó: “Nadie, por causas justas que tenga, puede utilizar un método donde se presione al Gobierno sacrificando a la ciudadanía trabajadora e inocente”.
