El cierre de las escuelas públicas por la pandemia del covid-19, desde marzo de 2020, tiene grandes repercusiones a nivel de la escolaridad, el aprendizaje y la deserción escolar. El mal manejo del coronavirus por falta de liderazgo gubernamental es incomprensible y las consecuencias son indiscutibles. Las brechas de desigualdad aumentarán, la pobreza se incrementará y habrá más migración forzada. Si la gestión de la pandemia fuera seria, abrir las escuelas de manera segura sería un paso lógico.

Pronto terminará el ciclo escolar 2021 y, por segundo año, cerrará de manera irregular, sobre todo en el sector público, que empezó tardíamente y en un esquema incierto. Con las escuelas cerradas, la gran mayoría de estudiantes debieron seguir estudiando en casa a través de guías de apoyo, ya que solo un mínimo porcentaje de la población tiene acceso a internet y equipo para recibir clases de manera virtual. Por eso es que la transformación digital del sistema educativo no puede esperar más.

Después de más de un año seguimos sin reaccionar y la educación continúa sin rumbo. Sabemos lo que se necesita para abrir las escuelas de forma segura; sin embargo, la voluntad política tiene otras prioridades que no contemplan el bienestar de la población y tampoco el de nuestras hijas e hijos. Lo reflejado en el presupuesto preliminar del Estado para 2022 lo confirma.

En un reciente estudio, el Banco Mundial señala que, por el cierre de las escuelas en un período de 13 meses consecutivos, los guatemaltecos perderíamos 1.5 años de escolaridad. Es decir, que de tener una media de escolaridad de 6.3 años pasaríamos a 4.8. Se agudizaría la “pobreza de aprendizaje”, que es cuando los estudiantes de primaria no son capaces de leer y entender un texto corto adecuado para su edad. Hoy este problema afecta a siete de cada 10 niños que llegan a sexto grado, y a nueve de cada 10 estudiantes que terminan primer grado. Además, aumentaría la deserción escolar que, según el Mineduc, en 2020 fue del 2.19% en preprimaria y 1.57% en primaria.

Frente a este escenario, la primera reacción de quienes entendemos que la educación es vital para avanzar hacia una sociedad con progreso equitativo y asegurar un mejor futuro para las nuevas generaciones es, sin duda, la de pedir la apertura de las escuelas. Una demanda lógica, de no ser por la condición inusual que representa la pandemia.

En definitiva, reabrir las escuelas en un contexto en el que el covid-19 no da tregua, cuando el ritmo de vacunación es muy bajo y no existe una estrategia de país para un retorno seguro a las aulas, es complicado. Representa un dilema cuya respuesta debe basarse en decisiones centradas en el futuro que queremos heredar a nuestras hijas e hijos, nietas y nietos.

Pienso que nuestra realidad no admite una única salida. Garantizar la educación en el contexto de una Guatemala con mucha desigualdad en el acceso a internet, en la calidad de la infraestructura escolar, la disposición de servicios sanitarios y atención integral de la niñez no debe basarse en una sola estrategia. Se requerirá del concurso de todos los sectores, del gobierno central y local, el sector privado, la sociedad civil, estudiantes, universidades, emprendedores y líderes comunitarios para encontrar maneras seguras y efectivas de recuperar la educación.

La voluntad política es clave en todo y cada acción debe complementarse estratégicamente, incluso aprender de las experiencias de otros países y adaptarlas a nuestra realidad en beneficio de nuestra niñez.