El afán de perseguir una fórmula precisa, indefectible y humana para impartir justicia —en cualquier orden de la vida— ha de cruzar por un callejón poblado de amenazas, ambiciones y secretísimos acuerdos. El resultado no puede ser más que una sanción torcida en beneficio de quien tenga las mejores armas. No se refiere únicamente a las altas instancias de la administración de justicia. Este camino por el cual avanzamos a tientas se inicia en el seno del hogar y continúa sin pausa por el recorrido de la escuela, la vida social, el lugar de trabajo y cualquier espacio en donde desarrollamos alguna actividad.

El concepto de justicia es universal y determina la aplicación de un principio moral que rige la aplicación del derecho, basado en la verdad, para dar a cada quien lo que le corresponde. Es una norma sostenida por cuatro columnas fundamentales: equidad, igualdad, imparcialidad y libertad. Cuando echamos una mirada a los sistemas creados por las instancias políticas, bajo cuyos principios se establecen los códigos y se define la estructura y los encargados que administrarán su cumplimiento, esas columnas han perdido su solidez para ser reemplazadas por otras cuatro: ambición, poder, discriminación, racismo. A partir de este cuadro se observa cuánto influye en la vida personal esa visión distorsionada del valor de la verdad en el hecho tan aparentemente simple de dar a cada quien lo que corresponde.

Durante los primeros años de vida —un ser humano es capaz de retener en su memoria experiencias desde muy temprana edad— la actitud de padres y madres hacia sus hijas e hijos es capaz de imprimir una forma de conducta y una perspectiva sobre la verdad y, como consecuencia de ello, sobre las consecuencias de sus actos. Desde ahí comienza el enfrentamiento de un nuevo ser con el concepto de justicia, un aprendizaje que permanecerá a lo largo de su vida.

No existe espacio en el desarrollo de la existencia en donde un individuo no se enfrente a una decisión de esa naturaleza y, cada vez que eso sucede, algo cambia en la percepción de lo que consideramos justo. Sin embargo, con frecuencia damos por indiscutible la pertinencia de decisiones que afectan no solo a nuestro entorno inmediato, sino a grandes conglomerados humanos cuyas vidas son puestas en peligro, al amparo de leyes emanadas desde instancias supuestas a respetar los principios ya mencionados de equidad, igualdad, imparcialidad y libertad.

Es entonces cuando es preciso desenrollar la madeja y buscar el inicio del hilo para comprender en qué momento el derecho y la justicia torcieron su camino para dedicarse a beneficiar a un sector privilegiado de la especie humana. Sirva como ejemplo el intrincado tejido de las normas con base en las cuales se desarrolla el comercio internacional y la protección de las marcas, cuyos intereses están por encima incluso de la autonomía de los países o, para no ir tan lejos, las leyes que regulan y determinan —desde despachos oficiales asépticos y ajenos al dolor humano— el destino de millones de migrantes que buscan, nada más y nada menos, sobrevivir.

No existe mayor decepción que una decisión injusta, ya sea en el ámbito del hogar, el centro educativo, el ambiente laboral o en cualquier relación personal. Sin embargo, no hay quien no haya pasado por la experiencia en algún momento de su vida. Pero que esa decisión injusta proceda de una instancia encargada de administrar la aplicación de las leyes —cuya sentencia tiene un peso definitivo— es un golpe mucho más duro. Estamos en tiempos de profunda crisis, en donde la verdad es un bien negociable y la imparcialidad una lejana utopía. Es un tiempo en el cual la igualdad dejó de ser un valor para convertirse en un privilegio, y la libertad no es más que una bonita palabra para imprimir en una pancarta.