Corren tiempos complicados y la competencia productiva, empresarial y laboral está sometida a múltiples factores, algunos de larga data, pero otros distan años luz de aquellas condiciones básicas bajo las cuales se trazaron determinadas condiciones legales en la década de 1950. La globalización, la tecnología y la diversificación de mercados, a menudo para nichos muy específicos, aportan nuevos elementos a la discusión del salario mínimo que tiene lugar, año con año, en países como Guatemala, en donde existen ciertos criterios, referentes y mentalidades que inciden e incluso deciden sobre realidades actuales pero con criterios obnubilados por dogmas pero también por intereses obtusos.

La Comisión Nacional del Salario es el ente oficial encargado de mediar en la discusión sobre los emolumentos mínimos para labores de ciudad y campo, una división que no necesariamente aplica ya a la diversidad de ocupaciones existentes. Cabe mencionar que el decreto 1441, de 1961, actualizó y reformó algunas disposiciones contenidas en el Código de Trabajo original, de 1947. Fue ese 1961| el año en que Guatemala ratificó el Convenio relativo al establecimiento de métodos para la fijación de salarios mínimos, celebrado en Ginebra, en 1928, el cual obligaba a los Estados a crear y mantener métodos para ordenar tablas salariales.

Si bien se mantiene la premisa de que toda persona merece una remuneración justa y equitativa por una labor que genere riqueza, se debe reconocer que existe un amplio número de trabajadores a quienes tal beneficio no aplica, debido a que laboran en la informalidad o simplemente se desempeñan como artesanos, emprendedores o profesionales liberales.

En todo caso, la discusión anual sobre el salario mínimo suele moverse entre el sector patronal organizado y las demandas de dirigentes de sindicatos, que no necesariamente representan a la mayoría de trabajadores. Los sindicalistas piden un aumento cada año, basándose, sobre todo, en el monitoreo del costo de vida, según lo establece el sexagenario Código de Trabajo. En repetidas ocasiones se ha planteado la posibilidad de introducir beneficios por productividad, a fin de no subir de un plumazo los ingresos y, por lo tanto, el costo laboral de las compañías.

Cuando algunos gobiernos han decidido subir por decreto el salario mínimo, no le hacen un favor a nadie, por más popular que pueda sonar tal acción. En realidad obligan a reducir plazas de trabajo o atentan contra la sobrevivencia de las empresas, sobre todo aquellas que son medianas y pequeñas que, además deben enfrentarse a crisis como la pandemia, las variables en la demanda de productos o la competitividad de países que tienen normas más dinámicas de remuneración. La cerrazón en nombre de ideologías desfasadas ha impedido la puesta en práctica de modalidades como el salario por tiempo parcial o los diferenciados por región.

La actual discusión sobre el salario mínimo está en pausa y a mediados de octubre se presentarán las propuestas, empresarial y sindical, que muy probablemente quedarán lejos una de otra. Así ha ocurrido en las últimas décadas y el círculo vicioso persiste. Es tiempo ya de emprender una reforma responsable, moderna y, sobre todo, integral, para reconocer el verdadero valor del talento humano y del aporte innovador, que a su vez permita mejores horarios o nuevos espacios de oportunidad para muchos guatemaltecos que hoy no tienen ni empleo formal ni salario mínimo.