“Las relaciones de financiamiento de lo que ellos regalan, como su dinero, puede variar, pero las relaciones comerciales de empresa a empresa y de inversionistas que quieren venir a Guatemala, donde saben que somos un gobierno que está apoyando las inversiones, seguirán viniendo y aquí estamos para recibirlos”, refirió el funcionario.
“En cuestiones de cooperación, ellos pueden hacer lo que quieran con su dinero, las relaciones comerciales creo que todavía no están siendo afectadas”, agregó Malouf.
Con respecto a la designación de Porras y su secretario a la lista de actores corruptos, Malouf dijo que lo importante es que “tengan pruebas para poder acusar. Lo ha dicho el señor presidente y yo soy de la misma opinión, no podemos basarnos en que alguien dijo algo para que ya nos tachen de algo que no hemos hecho. Así como nosotros estamos haciendo bien las cosas en el Ministerio de Economía y sabemos que están viniendo las inversiones”.
Al respecto, Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, dijo que los contratos comerciales contemplan cláusulas específicas anticorrupción y que entre empresas -la designación de porras en la lista de actores corruptos- es un campo que no debe afectar, puesto que Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala; además, dijo que los señalamientos contra funcionarios por delitos en otros países hay vías establecidas para tratar el tema.
En tanto, Gabriel Biguria, de Agexport, reiteró que lo político y lo comercial son temas separados, por lo que las relaciones comerciales entre ambos países no deberían de ser afectadas.
Estados Unidos prohibió el lunes último el ingreso de la fiscal general de Guatemala considerándola parte de los “actores corruptos y antidemocráticos”, en el marco del esfuerzo de la administración Biden para abordar las causas de la migración irregular.
“Estados Unidos está comprometido a apoyar al pueblo del norte de Centroamérica fortaleciendo la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas, que son las claves para un futuro mejor”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, al anunciar la decisión.
El gobierno de Joe Biden considera que la corrupción y el deterioro de la gobernabilidad democrática en Guatemala, El Salvador y Honduras generan parte de las condiciones que motivan el éxodo de ciudadanos de esos países a la frontera entre Estados Unidos y México, que alcanza números récord desde la llegada al poder del mandatario demócrata.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el también sancionado secretario general del Ministerio Público (MP) de ese país, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, fueron incluidos en la Lista Engel.
Así se conoce a la Sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte, patrocinada en diciembre pasado por el exlegislador Eliot Engel, y por la cual el Departamento de Estado identifica a quienes en esos tres países centroamericanos atenten contra la democracia y la lucha anticorrupción.
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Los siete centroamericanos designados se suman a los 55 funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos, salvadoreños y hondureños con restricciones de visado desde julio pasado en virtud de esa ley.
Blinken acusó a Porras y a Pineda Ávila de interferir en la investigación de actos de corrupción.
“El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del MP de Guatemala que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, incluido el despido de su fiscal principal Juan Francisco Sandoval, y el traslado y el despido de fiscales que investigan la corrupción”, sostuvo.
Tras ser removido el 23 de julio, Sandoval dijo que se le pidió no investigar al presidente Alejandro Giammattei sin el consentimiento de la fiscal Porras.
“Obstruir las investigaciones de casos de corrupción, amenazar a la prensa independiente y sociedad civil, así como la criminalización de los operadores de justicia que luchan contra la corrupción e impunidad, empieza a tener consecuencias”, tuiteó el lunes Sandoval, quien huyó de Guatemala diciendo temer por su vida.
La destitución de Sandoval, a quien Blinken califica como un “campeón anticorrupción”, provocó que Estados Unidos suspendiera su cooperación con el MP guatemalteco y desató manifestaciones exigiendo la renuncia del presidente Giammattei y de Porras.
En Twitter, Giammattei consideró “una falta de respeto hacia las relaciones internacionales” que se acuse “sin pruebas o sustentos” y se de valor “a las declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala”, en alusión al exfiscal Sandoval, con orden de captura en su país.
La Fiscalía de Guatemala, en tanto, rechazó las acusaciones “falsas e infundadas” de Washington.
