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En la prudencia y cordura de Roberto Micheletti y Manuel Zelaya descansa la manera como se desarrollarán los siguientes acontecimientos en Honduras, y su primera tarea es asegurarse de que la sorpresiva llegada del presidente depuesto no se convierta en la razón para cualquier tipo de violencia, como de manera unánime les han pedido a ambos dirigentes políticos varios gobiernos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

Sin embargo, se mantiene viva la posibilidad de que las cosas se salgan de control. Por ello, el presidente brasileño Lula le solicitó ayer a Zelaya no tomar acciones que puedan constituir un pretexto para la intervención de las fuerzas del Gobierno, y no poner en riesgo las instalaciones de la embajada brasileña. Hasta ahora, el mandatario hondureño derrocado ha cumplido en cuanto a no salir a la calle, pero sus declaraciones son sin duda peligrosas, como cuando expresó la frase de “patria, restitución o sangre”, al pedir manifestaciones a su favor, plenamente consciente de que el toque de queda las impide.

El gobierno encabezado por Micheletti ha seguido cometiendo errores, como la suspensión del servicio de agua y electricidad en la zona donde se encuentra la embajada brasileña, y cerca de donde funciona un canal de televisión opositor al régimen, y el cierre de los aeropuertos, a fin de evitar la llegada de Miguel Insulza, de la OEA. Solo puede ser explicable la decisión de usar el toque de queda sobre la base de evitar de esa manera que haya violencia contra la sede diplomática, pero si no es obedecido se convertirá en un motivo de confrontaciones y violencia callejeras.

Por diferentes medios, la comunidad internacional ha señalado la necesidad de lograr una solución pacífica y negociada, consistente en la firma inmediata del Acuerdo de San José. Sin embargo, hay informaciones contradictorias acerca de la decisión de Zelaya de aceptarlo. Y además, este acuerdo significa la reinstalación incondicional del mandatario depuesto, con lo cual no queda lugar para la negociación.

Por esta causa, las conversaciones que se inicien entre las partes en Honduras necesitan basarse en que de los dos lados haya acuerdos en cuanto a temas fundamentales, como son las elecciones. Hasta ahora, la posición de la comunidad internacional es no aceptar como válidos los resultados, y por ello es necesario saber cuál es la nueva actitud estadounidense, latinoamericana y europea, hasta ahora intransigente.

Es necesario también hablar sobre la situación legal de Zelaya, pues de lo contrario sería imposible llegar a un convenio. Igual de fundamental es el papel de los representantes de las partes, así como de tratar de colocar un límite al tiempo de las negociaciones, porque mientras más se prolongue, mayores son las posibilidades de que se profundice la crisis actual. Estas son algunas de las razones para explicar por qué la prudencia y la cordura deben imperar en el pensamiento y en las acciones de Micheletti y Zelaya, para quienes lo más importante debe ser evitar el derramamiento de sangre.