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La Organización de los Estados Americanos (OEA) pareció ayer asumir, por medio de su secretario general, Miguel Insulza, una posición ligeramente distinta a la adoptada en los últimos dos días, al admitir que en Honduras “será muy difícil cambiar las cosas en un par de días”, como consecuencia de la actitud firme mostrada por el régimen de Roberto Micheletti, designado por el Congreso, el domingo, en sustitución de Manuel Zelaya.

Insulza, quien tiene previsto llegar hoy a Tegucigalpa, desea hablar con el nuevo mandatario, para pedirle que “cambie lo que ha estado haciendo”, según expresó el funcionario continental. El cambio en la posición de la OEA es significativo porque implica que de alguna manera la posición de Micheletti y su gobierno no es tan débil como estaba hasta el miércoles, cuando la presión internacional llegó a su clímax.

Mientras tanto, Zelaya anunció ayer desde Panamá su deseo de trasladarse a un país centroamericano no identificado, y expresó a la prensa internacional que su intención nunca será promover la violencia, lo cual resulta esperanzador. Esto debe ser divulgado a los grupos de hondureños opositores y simpatizantes, tanto de Micheletti como de Zelaya, ya que cada vez es más válida la preocupación porque las manifestaciones se salgan de control. Ya ha habido gases lacrimógenos, detenidos, personas con heridas, hasta ahora leves. Además, han continuado las acciones en contra del libre ejercicio periodístico, lo que hizo a la Sociedad Interamericana de Prensa exigir el respeto a este derecho constitucional.

La reunión entre el secretario general, Insulza, y la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía y demás entidades estatales a las que se enfrentó el presidente derrocado, es una actividad que despierta el interés de todos los sectores centroamericanos y latinoamericanos, porque los argumentos de quienes depusieron a Zelaya, hasta ahora, no han sido analizados. Pero también resulta imprescindible conocer qué acciones corresponden a la comunidad latinoamericana de naciones, si no es posible que se haga realidad la decisión de la OEA, más allá de la suspensión señalada en el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.

A otro nivel, lo ocurrido en Honduras y las reacciones de la comunidad internacional deben ser analizados, a fin de saber qué ocurriría si en otros países se intentaran cambios constitucionales o de cualquier tipo de ley para permitir candidaturas presidenciales vedadas por los andamiajes legales existentes. El tema de los cambios que tienen dedicatoria es otro que debería ser analizado por la OEA, porque de esa forma se afecta la gobernabilidad y la institucionalidad de los países aún más que derrocamientos violentos.

Y finalmente, todo lo ocurrido debe ser analizado desde la luz de los derechos humanos de todos los integrantes de los sectores sociales. Por eso las complicaciones del caso hondureño apenas ahora empiezan a manifestarse. De esta tragicomedia de errores, aún hay mucho por discutir, por entender e, igualmente, por recapacitar.