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El informe preliminar del relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, quien visitó el país la semana pasada, en realidad no expresa nada nuevo acerca de la precaria situación del sistema de justicia del país, pero tiene, eso sí, la ventaja de sugerir algunas medidas tendientes a mejorar esa situación y, al mismo tiempo, de instar a la comunidad internacional a mantener la colaboración que ha proporcionado.

En efecto, sugiere crear un ministerio de justicia y un sistema adecuado de protección a víctimas, testigos y operadores de justicia; un sistema para realizar funciones administrativas que le permita a la Corte Suprema cumplir sus tareas; una unidad policial específica para la investigación criminal; apoyar las reformas a la Policía; cambiar el sistema de elección de jueces por cinco años; aprobar la ley de control de armas y municiones, cuya falta es “inadmisible”; reformar del amparo, para evitar su uso abusivo y malicioso; regular los estados de Excepción, y ratificar la convención contra las desapariciones forzadas. También promete darle seguimiento a estos temas.

La visita del relator Despuoy demuestra el interés de la comunidad internacional para colaborar con Guatemala cuando el país lo solicita. Los comentarios del funcionario de la ONU deben ser considerados como una indicación de cuál es el camino a seguir para evitar que continúe el actual desprestigio del sistema judicial, provocado por los factores ya ampliamente conocidos y comentados de corrupción, desorganización, poca capacidad, escasos equipos, etcétera.

Entre las recomendaciones, llaman la atención la de crear el ministerio de justicia, como ocurre en otros países, que han encontrado en esa forma la posibilidad de reducir o eliminar la inoperatividad del sistema como se encuentra ahora. La otra es la de reformar la figura legal del amparo, cuyo abuso y burla a su espíritu es una de las causas de más decepción popular y de atraso para el sistema. A este respecto es necesario que comiencen desde ya a materializarse las sugerencias de cómo hacer efectivas las indicaciones del relator, con la esperanza de que ya se encuentren adelantadas cuando el informe final sea presentado a la ONU dentro de algunos meses.

No podía faltar una referencia a la impunidad, otro de los factores principales para el deterioro del sistema judicial. En ese sentido, la referencia a la Cicig señala que este gesto de la comunidad internacional debe ser su valorado y utilizado debidamente. No se debe olvidar que las actividades de esa institución deben ser conocidas en mejor forma, para saber cuáles son las características de sus investigaciones, en especial por la delicada naturaleza de éstas.

El informe del relator constituye una radiografía confiable de la realidad del sistema judicial guatemalteco. Basado en las propias opiniones de las numerosas personas e instituciones visitadas, refleja la realidad. Si no nos gusta, si nos molesta u ofende, es tarea de todos colaborar en la medida de nuestras posibilidades para que cambie pronto.