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El camino para la aprobación de Q3 mil millones en bonos del tesoro empieza a despejarse, ya que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) consolidó el apoyo de los bloques aliados y estrenó desde ayer una aplanadora de 120 votos. Escuche audio

Diputados aliados al oficialismo revelaron, incluso, que podrían votar alineados en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones.

Aunque la oposición continúa con el bloqueo de las sesiones plenarias, ayer fue más evidente el apoyo que la UNE recibe de la Gran Alianza Nacional (Gana), la Bancada Guatemala (BG), el Partido Unionista (PU), el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), la Unión del Cambio Nacional (UCN), el Partido de Avanzada Nacional (PAN), la Unión Democrática (UD), Líder y diputados independientes como Armando Sánchez, Otilia Lux, Rubén Darío Morales, Eduardo Meyer y Paúl Gómez.

La fuerza de la aplanadora consiguió limitar el tiempo del uso de la palabra durante la sesión y declarar anoche sesión permanente, para contrarrestar la estrategia de atraso formulada por la oposición.

Más votos

El subjefe de la bancada oficial, Ovidio Monzón, aclaró que la UNE aún tiene 35 diputados, pero las alianzas interparlamentarias con bloques grandes y pequeños se notarán durante el segundo período de sesiones ordinarias en el Legislativo.

El pacto se concretó durante una reunión entre el presidente Álvaro Colom y diputados de la Gana, el domingo último, en la Base Naval del Pacífico —diferente a la que sostuvo el viernes recién pasado, en el mismo lugar, con los jefes de bancadas—, donde se ultimaron los detalles de la agenda mínima, cuyo eje central es la aprobación de bonos del tesoro.

Según Manuel Barquín, subjefe de bancada de la Gana, más de 120 diputados están comprometidos a aprobar leyes de interés nacional en menos de 75 días.

“Hemos ratificado nuestro compromiso como bancada y como partido político, en busca de espacios y atención a los alcaldes. Los que conformamos la aplanadora somos más de 120 diputados que tenemos como agenda mínima un paquete de cinco leyes que debemos aprobar en 75 días”, explicó.

El compromiso de “los aliados” es aprobar la emisión de bonos y las reformas a la Ley de la Franja Transversal del Norte, incluido el préstamo para la construcción del megaproyecto, además de las tres normativas solicitadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el presupuesto de la Nación del 2010 que discute el Ejecutivo.

Acuerdo para magistraturas

Según Barquín, la agenda mínima de leyes por aprobar también incluye un acuerdo para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones.

Consultado al respecto, el jefe de la bancada del FRG, Iván Arévalo, explicó que para la elección tiene que haber un acuerdo, pero aún no conocen los nombres de los candidatos; sin embargo, lo evaluarán en su momento.

Los jefes de otros bloques aliados, como Rubén Mejía, de la BG; y Alejandro Arévalo, del PU, aseguran que no hay acuerdo para la elección y que al menos ellos respetarán el trabajo de las comisiones de postulación, las cuales no han sido juramentadas por el Congreso, debido a recursos legales que han retrasado el proceso.

Otro de los aspectos que con el tiempo se incorporarían en la agenda mínima, explicó Barquín, es la integración de la junta directiva del Legislativo para el próximo año, la cual “debería estar lista antes de la aprobación del presupuesto 2010”.

Es una traición al electorado

Según el catedrático universitario David Martínez-Amador, este tipo de comportamientos en aquel organismo son una traición al electorado, como consecuencia de una democracia indirecta o representativa.

“Los diputados se desconectan de quien los llevó al Congreso en las urnas y pierden el interés, porque para ellos es más importante la supervivencia del partido político y su curul que mantener la lealtad al electorado”, explicó el académico, al analizar el surgimiento de una aplanadora en el Legislativo.

El analista considera que el problema estriba en la falta de una reforma política, en una democracia joven donde prevalecen los intereses del momento. “No se les puede pedir a los partidos más de lo que pueden dar, y la reforma política debe ir de la mano con la económica, y eso implica cambiar la forma de elegir a los magistrados y procuradores”, expuso Martínez-Amador.