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La infraestructura vial es para el país lo que el sistema circulatorio para el cuerpo humano: un factor imprescindible para el correcto funcionamiento del organismo y, en aquel caso, de un amplio entramado social, político y económico.

La organización de una república es precaria y riesgosa si no posee un adecuado sistema de comunicación terrestre, porque la locomoción de personas y el intercambio de bienes y servicios dependen enteramente de su cobertura geográfica y sus condiciones físicas. Por esa circunstancia, en la actualidad no cabe en la sociedad la idea de carecer de ellas, y se consideran justificados los reclamos para recibir sus beneficios.

Las carreteras han sido foco de las prioridades públicas desde tiempos remotos, según consta en los registros históricos de las grandes civilizaciones como la romana. Desde la perspectiva política, han sido referentes neurálgicos de revoluciones, pugnas y asonadas, como la patrocinada por Estados Unidos contra el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán, porque su propósito de construir la ruta al Atlántico chocaba con los intereses de un monopolio transnacional.

Guatemala ha experimentado, en los últimos 15 años, mejoras sustanciales en la extensión y condiciones de sus caminos. Gracias a la fuerte inversión pública destinada a ese rubro, en la actualidad se cuenta con una red de 15 mil kilómetros, de los cuales cinco mil 600 están pavimentados. Ese dato no incluye una longitud considerable de caminos rurales.

Pero las deficiencias en construcción y supervisión, sumadas a la corrupción, la falta de un mantenimiento adecuado y al invierno han terminado por dañar de manera sensible casi todo el sistema carretero, y hoy se dificulta el paso de vehículos en la mayor parte de éste.

El actual gobierno lleva nueve meses en un estira y encoge entre las exigencias públicas por la reparación de las vías, las demandas de pago de obras ejecutadas por empresas constructoras y gestiones a desgano en el Congreso y fuentes externas de financiamiento, para la obtención de recursos destinados a aquel propósito, aunque los caminos y, en general, la obra física parecen no ser prioridad en una administración que orienta el gasto público hacia subvenciones personales de dudoso beneficio social.

A causa de la destrucción de los caminos, surgen distintos inconvenientes, como pérdidas elevadas en el sector del transporte, por daños en las unidades; encarecimiento de pasajes y fletes; desabastecimiento de ciertos productos y el riesgo de que algunas poblaciones queden aisladas. Hay, también, efectos económicos derivados del incumplimiento del país de compromisos adquiridos con otras naciones, como el Tratado de Libre Comercio suscrito con EE. UU.

Si al deterioro de las carreteras se suma el mal estado de las calles en los 333 municipios del país, se concluye en que el país atraviesa por una verdadera emergencia vial a la que, lamentable y fatalmente, las autoridades de gobierno conceden poca o ninguna relevancia, a causa de una visión errada de su trascendencia como medio para el bienestar ciudadano y el progreso de la Nación.