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Cada ocho minutos un autobús es asaltado o sus pilotos son extorsionados en Guatemala, lo que hace un total de 200 al día, según los empresarios del transporte urbano. Pero esta práctica ha tenido consecuencias aún más nefastas para el país: 107 pilotos asesinados, casi medio centenar de familias enlutadas por extorsionistas —que muchas veces tienen cara de niño—, y más de millón y medio de usuarios afectados a punto de quedarse sin medios para trasladarse a sus lugares de trabajo.

Al parecer, el móvil de tanto asesinato es que los empresarios de buses no quieren pagar las extorsiones exigidas por pandilleros que operan en sus rutas. Pero en realidad, las investigaciones no han profundizado los suficiente en el tema.

Sin solución

El problema parece no tener solución, y la posibilidad de un paro por la falta de eficiencia de las autoridades está cada vez más latente. Una acción de esta naturaleza pondría en peligro la gobernabilidad del país, la economía nacional y afectaría a cientos de miles de usuarios que no tendrían manera de desplazarse a sus lugares de trabajo o estudio.

Los empresarios del transporte urbano y extraurbano lo saben, por lo que solicitan a las autoridades su ayuda para no tener que tomar medidas extremas que afecten a la población y la estabilidad del país.

“No queremos llegar a medidas de hecho, pero si nos obligan, tendremos que tomarlas”, amenazó Luis Gómez de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, quien se quejó de la falta de interés de Gobernación para solventar el problema.

En esta coyuntura, las gremiales se han unido para tomar acciones. Gamaliel Chin, de la Gremial de Transporte Extraurbano de Rutas Cortas, afirma que 29 pilotos y nueve ayudantes han sido asesinados en lo que va del año. Los sectores más violentos para los pilotos, en el departamento de Guatemala, son San Juan Sacatepéquez, Ciudad Quetzal, San Raymundo y San Pedro Sacatepéquez.

Chin opina que los paros por rutas que se han producido en las últimas semana son una reacción normal ante tantos hechos de violencia y espera que en breve pueda llegarse a soluciones que no obliguen a tomar medidas que perjudicarían, sobre todo, a los usuarios.

Mientras el Gobierno encuentra una solución concreta, los empresarios empezarán a tomar medidas para que las autoridades se den cuenta de que no es broma.

Luis Gómez explicó que a partir del lunes las más de tres mil unidades que circulan en la capital portarán moñas negras en señal de luto por los compañeros muertos.

Posteriormente convocarán a una manifestación masiva, la cual llamarán día de la impunidad. Si aún así la violencia continúa, empezarán con paros de 15 minutos, a una hora acordada, para finalizar con la suspensión total e indefinida del servicio.

La única manera de revertir la situación, según los empresarios, es que el Gobierno dé muestras de apoyo real, al igual que lo hacía el anterior ministro Vinicio Gómez, quien se murió en un accidente de helicóptero.

“Todo depende de la voluntad del Ministerio de Gobernación, de atender nuestras peticiones y escuchar al transportista para brindar la seguridad necesaria en el país”, declaró Gómez.

Entre ellas, que se dé seguridad policial a las unidades y se modifique el Código Penal, para que menores de edad puedan ser juzgados y encarcelados, ya que al ser inimputables son usados por grupos del crimen organizado para cobrar las extorsiones.

Falta inversión

Para Alejandro Baldizón, del Centro para el Análisis de la Decisión Pública (Cadep), durante los últimos años no se ha invertido lo suficiente en el tema de seguridad, y sería imposible cubrir la demanda de un agente por unidad de autobús.

Donald González, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), manifestó que el miércoles último se reunió por quinta ocasión la Multisectorial del Transporte, instancia en la que participan autoridades de todos los entes gubernamentales, sociedad civil y transportistas, para abordar el tema de la seguridad en ese sector.

Tras la reunión, la Multisectorial recomendó a los transportistas respetar las paradas de bus y no salirse de ruta, quitar los polarizados de los vidrios y que los empresarios verifiquen a quién contratan, porque muchos de los conductores tienen antecedentes penales y policiales.

Pero Gómez, quien afirma no haber sido invitado a participar en dicha mesa, asegura que esas son recomendaciones absurdas.

“Estamos hablando de que se pierden vidas todos los días, y que hacen falta acciones concretas. Ellos saben quiénes son los responsables de las muertes, y no actúan”.

Gamaliel Chin, el único presidente de una gremial de transportistas que acude a la Multisectorial, opina que se debe dar un compás de espera para que las autoridades cumplan con lo ofrecido: atender las denuncias y efectuar las capturas para que los responsables de extorsiones y asesinatos sean juzgados y condenados.

Respecto de la petición de los empresarios para que contar con seguridad en cada uno de los buses, González dijo que la PNC no tiene suficientes elementos, y que no pueden descuidar la seguridad ciudadana.

“La principal vía para combatir las extorsiones y asaltos en los buses es la denuncia inmediata y, gracias a ello, hemos obtenido mayores respuestas”, explicó el vocero.

De hecho, hace un par de meses, los militares y los policías encubiertos fueron sacados de los buses, porque según la directora de la PNC, Marlene Blanco, si no se puede dar seguridad a todos los autobuses del país, no es correcto beneficiar solo a unos pocos. La PNC está compuesta por apenas 20 mil agentes, que tienen que dar seguridad a todo el país.

Aun así, Blanco aseguró que ya existe un plan de contingencia que pondrán en práctica en los próximos días, pero “hay que tener paciencia”.

El mismo presidente Álvaro Colom reconoció esta semana que ha sido difícil el combate de la delincuencia, pero también pidió más paciencia.

El jueves por la noche, los empresarios del transporte y las autoridades llegaron a un preacuerdo en el que el Ejecutivo prometió poner en práctica un nuevo “plan de seguridad” para el transporte, que incluye presencia permanente de agentes en los extremos de buses, lo que implicaría que, para que funcione, los buses no puedan hacer paradas que no estén reguladas.

Usuarios tienen miedo

Mientras el Gobierno y los empresarios del transporte se ponen de acuerdo en busca de una solución satisfactoria, los usuarios se juegan la vida todos los días para poder ir al trabajo.

En lo que va del año más de medio centenar de conductores de autobuses han sido asesinados, y la mayoría de casos sigue en la impunidad.

Los familiares de las víctimas tienen miedo; sin embargo, deben acostumbrarse, incluso al extremo de abordar la misma unidad de transporte donde sus seres queridos fueron abatidos.

Sofía Itzol, de 24 años, se traslada todos los días a su lugar de trabajo y a la universidad en bus urbano. Cuenta que ha sido blanco de ocho asaltos, le han robado siete teléfonos celulares, joyas y billeteras. Agrega que los asaltantes utilizan cuchillos en la mayoría de casos, pero que en el último año comenzaron a robar a punta de pistola. “Yo no conozco a nadie que use camioneta, que no lo hayan asaltado. El temor te acompaña todo el viaje”, comenta Itzol.

David Flores se traslada todos los días desde su casa, en la colonia La Reinita zona 6, hacia su lugar de trabajo en la zona 1. El joven de 19 años comenta que cada vez que se sube a un bus no sabe si va a ser asaltado. “A mí me da miedo, pero no tengo otra opción para desplazarme a mi trabajo”, explica.

Carlos Valdés es un agente de seguridad privada, que viaja desde Jutiapa para cumplir con sus turnos en la capital. Relata que los buses extraurbanos son objeto de extorsiones por parte de pandilleros que viven en los municipios ubicados a la orilla de la carretera. Agrega que hace dos semanas mataron a dos pilotos en Guastatoya, El Progreso, y cuando los choferes no pagan la extorsión, les disparan en la carretera.

Noé Reyes, residente de la colonia La Florida, zona 19, dice que cada vez que se sube a una camioneta toma todas sus precauciones, y se fija en las personas que van dentro. Añade que en el último mes asaltaron la camioneta en la que se trasladaba, y que muchos casos se dan en las colonias aledañas al Periférico, en la zona 7.

Un estudio del Grupo de Apoyo Mutuo determinó que ser piloto es la profesión más peligrosa en el país. El jueves último fue asesinado a balazos un chofer, cuando cubría una ruta de la periferia al centro de la capital.

Honorato Aguilar, de 65 años, estaba a punto de iniciar sus labores en la ruta desde el municipio de Mixco cuando lo mataron. Su familia se negó a hablar con los medios de comunicación por temor. “Incluso, se han dado casos en los que el piloto tiene seguro, y los delincuentes van con la familia para exigirle que les den ese dinero cuando lo reciban”, contó Luis Gómez.

Sin capturas ni soluciones

Tanto los usuarios como las familias de los pilotos demandan justicia, sin embargo, el Ministerio Público (MP) ha reconocido que solo una persona tiene proceso penal por el asesinato de pilotos en el área metropolitana, a la vez que las capturas por extorsión son escasas y muy pocas llegan a juicio.

El problema en el caso específico de los asesinatos a pilotos es la falta de testigos, ya que ninguna de las personas que observan los crímenes se animan a dar información a las autoridades por miedo a represalias. En el caso de las extorsión es todavía más complicado, porque para que una persona sea acusada por extorsión debe haber una víctima que la acuse, algo que ni los pilotos ni los empresarios de autobuses están dispuestos a hacer.

Luis Gómez asegura que sí se les proporciona información a las autoridades —aunque no en forma oficial—, pero que las escasas capturas que se llevan a cabo terminan con la libertad de los señalados un día después, pues se les sindica de cohecho, delito que tiene medida sustitutiva.

La baja efectividad de la persecución penal contra los responsables de los crímenes se evidencia al saber que la Fiscalía solo tiene 29 procesos bajo investigación, pese a los más de 107 pilotos asesinados.

Blanca Cojulum, jefa de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, en entrevista con Emisoras Unidas, justificó que las personas agraviadas no han participado activamente con ellos para esclarecer los casos.

“Hay poca participación de las personas, testigos, pasajeros o empresarios de transporte. Pero se entiende la situación porque siempre aducen temor a represalias”, señaló.

El asesinato de pilotos de buses no es algo nuevo, desde el 2006 más de 300 han muerto, pero este año se batió el récord con 107 asesinados hasta el momento. Aun así, los planes específicos para combatir este flagelo brillan por su ausencia.