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Inversionistas nacionales o extranjeros podrán construir infraestructura pública si el Congreso da visto bueno a una propuesta de ley, de la cual ayer se conoció un anteproyecto.

La iniciativa contempla el proceso para efectuar inversiones público-privadas, que van desde estudios de impacto social, ambiental, hasta de viabilidad y factibilidad económica, entre otros.

La propuesta “Alianzas para el desarrollo (APD)” busca dotar al país de infraestructura, “que además es necesaria, sin que ello implique gastos del Estado”, comentó Mario Marroquín, director Ejecutivo de Invest in Guatemala.

“El país necesita modernizar sus servicios públicos y de infraestructura, y debemos habilitarlo a fin de que cuente con fondos suficientes para invertir en obra pública y social”, añadió.

Los proyectos prioritarios serían aeropuertos y puertos, así como infraestructura vial, y se prevén inversiones de entre US$200 y US$300 millones.

La propuesta ha sido consensuada con la Comisión de Economía, y se ha llegado a un acuerdo técnico; sin embargo, aún es necesario verificar todos los temas y compararlos con otras leyes, informó Mariano Rayo, presidente de dicha comisión.

Ese trabajo se concretaría durante junio, mientras se prevé que en julio en el pleno del Congreso se conozca tal propuesta.

Puntos candentes

La iniciativa incluye también figuras como arbitrajes y expropiaciones. Este último punto se considera un último recurso, si el dueño pretende sobrevaluar su propiedad.

“Se harán estudios técnicos para establecer los precios de mercado, por empresas que antes deberán participar en una licitación”, afirmó Brenda Quiñones, asesora legal del Pronacom.

Al respecto, el diputado Rayo comentó que la medida es “necesaria y oportuna”; no obstante, también será evaluada.

Joydeep Mukherji, analista de la calificadora de riesgo Standard & Poors, opinó que el modelo es positivo y alentador para Guatemala; sin embargo, hay que ajustarlo para que funcione, “el cómo hacerlo es lo difícil”, añadió.

Para ejecutar el proyecto, se propone la creación de una agencia de APD, conformada por los ministros de Finanzas y Economía, los directores de Pronacom e Invest in Guatemala, así como el secretario de Planificación, y dos miembros nombrados por la Junta Monetaria y dos más de las universidades.