Guatemala, 24 de marzo de 2008
Criminología Los Q85 millones se consumen en salarios y compra de insumos para pruebas forenses
millones fue el presupuesto asignado al Inacif por el Congreso.
millones fue lo que solicitó el Ejecutivo cuando se dio vida al Inacif. Probablemente, este dinero tenga que provenir de un préstamo.
por ciento de pruebas balísticas, y 35 por ciento de análisis biológicos se lograrían con los Q85 millones asignados.
mil al mes gasta el Inacif en el alquiler de tres edificios que albergan el laboratorio, el archivo y la administración.
Maco Canteo, subdirector del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), afirma que las instituciones sociales que apoyaron la creación del Inacif temen que éste no pueda resolver los problemas de descoordinación que existen entre las diferentes instituciones del sistema de justicia, y esperan poder conocer pronto el plan estratégico de la institución.
Carlos Rodas, viceministro de Apoyo a la Justicia, dijo que desconoce si los laboratorios de la Policía han pasado a manos del Inacif, pero que se comunicará con la directora de la institución para averiguarlo. “Lo que sí sabemos es que muchos de los equipos están obsoletos, así que tendremos que comprarlos nuevos”, añadió.
La diputada del Partido Patriota Roxanna Baldetti aseguró que el tercer préstamo que el Congreso tiene que autorizar, a solicitud del Ejecutivo, tendrá que ser para la compra del equipo de balística, huellas y ADN, para el Inacif, pues ha sido condicionado para poner en marcha esta institución, “que es tan importante para la justicia”.
Por Lorena Seijo
La dirección del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) afirma que los Q85 millones que les han otorgado como presupuesto para este año solo alcanzarán para cubrir el 40 por ciento de las pruebas forenses que deben practicar; por lo tanto, si no se les asigna más recursos, tendrían que suspender operaciones en junio de este mismo año.
“El Inacif tiene que hacer aproximadamente siete mil necropsias al año, y el presupuesto que tenemos para compra de insumos solo alcanza para cubrir dos mil de ellas”, asegura Miriam Ovalle, directora. Según el estudio que llevó a cabo esa dirección, el dinero alcanza para amortizar 40 por ciento de los análisis balísticos, y 35 por ciento de los biológicos del año.
En el proyecto de presupuesto del 2007 se solicitaron Q300 millones para esa institución, pero finalmente fueron aprobados Q85 millones, con el compromiso de buscar financiamiento internacional o aprobar algún préstamo para asignarles más fondos.
“Así como estamos, podemos rendir a medias; no se pueden esperar milagros de una institución que ha tenido que llevar a cabo un proceso de transición complicado y que no tiene los recursos suficientes. Que llegue el Inacif no quiere decir que los crímenes estén resueltos de una vez”, añadió Ovalle.
Aunque la funcionaria es consciente de que se generaron muchas expectativas, dice que, de momento, se ha intentado ordenar la parte administrativa.
“Yo creo que hemos mejorado algo en nuestros dictámenes, porque la gente tiene mayor formación, pero aún nos falta mucho”, agregó.
Lo que sí está claro es que la prueba científica no llegará a ser determinante para enfrentar un juicio hasta que se compre la tecnología necesaria.
Para Ovalle es imprescindible que se adquiera el laboratorio de ADN, el sistema AFIS, para registro de huellas digitales; el sistema ABIS, para cotejo de muestras balísticas; el equipo de análisis de voz, el de histopatología y el de accidentología, y, por último, dotar a la institución de un sistema informático adecuado, que permita cruzar datos de los que posee el Inacif y los que tienen instituciones como la Policía y el Ejército. Sin embargo, las entidades que conforman el sistema de justicia han demandado la compra de esos equipos desde hace cuatro años.
Según Maco Canteo, subdirector del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, “el proceso de transición tiene que ser paulatino, pero aún así no se puede dejar de lado la decena de casos que se producen diariamente”.
Según la ley que dio vida al Inacif, las instituciones del Estado que tenían a su cargo las pruebas científicas (Ministerio Público, Organismo Judicial y la Policía) debían entregar a este instituto todos los laboratorios e instalaciones.
El Ministerio Público (MP) le entregó el laboratorio, pero las instalaciones que lo albergan son alquiladas, y solo en concepto de renta gasta Q63 mil al mes, por los tres edificios que ocupa.
Por otro lado, la Policía le dio al Inacif equipo muy básico y, aparentemente, el que donó la Embajada de los EE. UU. en el 2006 sigue en manos de Gobernación. “Yo ni siquiera sé dónde está ese laboratorio, porque no me lo han dicho, y tampoco me han dado el equipo de ADN que se donó”, añade Ovalle.
El laboratorio de la Policía fue inaugurado con bombos y platillos por el gobierno de Óscar Berger, y está situado en las instalaciones policiales de la zona 6, pero nunca llegó a utilizarse, porque los agentes no sabían cómo operar muchos de los aparatos científicos.
El Organismo Judicial le cedió 27 morgues al Inacif; la mayoría, en pésimo estado, por lo que ha debido reacondicionarlas.
“En muchos casos, la dejadez fue lo que generó el mal estado de las morgues, ya que con un poco de limpieza, pintura y equipo básico se puede empezar a operar”, comenta Ovalle.
La Unión Europea financió el equipamiento de morgues, y donde ha habido mejoras perceptibles es en la de Escuintla. Dentro del proyecto está también la conformación de morgues móviles que se desplacen hasta los municipios más alejados, para hacer las necropsias, ya que todas las fijas estarán en las cabeceras departamentales.
El Inacif contrató a 67 médicos y capacita a otros 36. Según Ovalle, ese personal es suficiente para cubrir las morgues del país, pero no para acudir a todas las escenas del crimen, como antes hacían los médicos del MP.
Antes de la creación del Inacif, la Fiscalía tenía sus propios médicos forenses, que acudían al lugar del deceso y certificaban la muerte de la víctima. Ovalle opina que eso no es necesario.
“Para decir que la víctima murió por balazo no hace falta un médico forense, lo que tienen que hacer los fiscales es enviar un informe completo al médico al que le toque hacer la necropsia, y con eso es suficiente”, asegura.
En este momento, el laboratorio del Inacif está desbordado, por tanta solicitud de muestras, debido, en gran medida, a que se están recibiendo muchas pruebas físicas de los departamentos, algo que antes no sucedía.
“Algunos se han quejado porque hay cierto retraso en el trabajo de análisis y en las necropsias, pero si se quiere un informe profesional, yo no puedo presionar a los médicos para que lo hagan en una hora”, comenta Ovalle.
Los médicos tienen que cumplir un decálogo a la hora de hacer la necropsia, pero esto no siempre se hacía. “No vale con decir que la persona murió por una herida de arma blanca o de fuego; es necesario analizar las uñas, para ver si hubo forcejeo y si quedaron restos del agresor; debe revisarse bien la ropa de la víctima, y si es necesario, tomar fluidos, por posibles agresiones sexuales”, dice.
La creación del Inacif no ha resuelto los problemas por celos institucionales y falta de coordinación que caracteriza al sistema de justicia. Mientras los fiscales se quejan de que las necropsias son lentas, los policías se lamentan porque no pueden tomar las huellas del cadáver antes de que sea revisado por el forense, y estos últimos afirman que la dirección de la investigación es escasa y que rara vez les dicen qué se debe buscar en el cuerpo.
“La mayoría de veces se reciben los cadáveres sin indicaciones; sólo dónde fue encontrado. Esto se ha empezado a solucionar, con un mayor acercamiento entre forenses y fiscales. El día del accidente del bus (en la Curva del Chilero), que recibimos 70 cadáveres en una jornada, fue la primera vez que percibí un buen trabajo en equipo”, comenta la directora del Inacif.
Médicos y fiscales se reúnen mensualmente, para retroalimentarse, aunque, en la mayoría de citas, no se tratan temas específicos.
Muchos de los recelos surgieron porque gran parte del personal de la Policía y del MP que trabajaba en temas forenses no fue recontratado por el Inacif. “Se intentó contratar a gente que tuviera mística, con formación universitaria y duyo expediente estuviera limpio. Lamentablemente, no todos cumplían”, refiere la funcionaria.
Se ha llegado a un convenio con las universidades, para crear las maestrías en criminalística y medicina forense.
“Hemos procurado contratar a gente joven, para evitar que los que vayamos a capacitar se jubilen en dos días. Se ha buscado que haya una pirámide de edades”, recalca Ovalle, aunque policías y fiscales aseguran que se ha dejado fuera a personas con mucha experiencia.
El Inacif se creó mediante el decreto 32-2006, como una “institución auxiliar de la administración de justicia, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio; con competencias a nivel nacional y la finalidad de prestar el servicio de investigación científica de forma independiente, emitiendo dictámenes técnicos científicos”.
Para que esto se convierta en realidad, parece que todos tendrán que hacer un mayor esfuerzo.
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