El análisis financiero que la Contraloría General de Cuentas (CGC) efectúa en seis municipalidades ha revelado el desorden administrativo que caracteriza a muchos gobiernos locales. Las sanciones y denuncias no se han hecho esperar.

Descuido y desorden en el manejo de documentos y otras irregularidades fueron detectados por la CGC en seis municipalidades en las que tomó el control financiero, para analizar a fondo las anomalías.

El caso más alarmante es el de la comuna de Pasaco, Jutiapa, donde el alcalde reelecto, Alejandro Gómez, es investigado por la supuesta malversación de Q27 millones, de acuerdo con un informe que la CGC remitió al Ministerio Público.

Sobre esa administración pesan Q40 millones en sanciones. Lázaro Contreras, concejal primero, explicó que conoce de la revisión que concretó la CGC y que hay mucho hermetismo en torno de los hallazgos. “Sabemos que hay problemas, pero no dijeron nada más”, relató.

Gómez tomó posesión de su cargo a comienzo de este mes, sin tener la solvencia de juicios de cuentas.

En Sumpango, Sacatepéquez, la CGC ordenó una auditoría forense, por haber encontrado indicios de irregularidades que comprometieron los ingresos de esa comuna para los próximos 10 años.

Sin embargo, trabajadores de esa municipalidad explicaron que el análisis financiero de la CGC duró apenas dos semanas, y los auditores se retiraron. Incluso, argumentan que hubo presiones políticas para ejecutarla.

Santos Cubur, alcalde reelecto por la Gran Alianza Nacional, denunció que cuando dejó de pertenecer a la Unidad Nacional de la Esperanza empezó a sentirse hostigado, hasta que la Contraloría intervino en dicha municipalidad.

Solvencias

Después de ser sancionados por un sinnúmero de errores administrativos, varios alcaldes prefieren solicitar una delegación permanente de la CGC en sus municipalidades. Ese fue el caso de Jorge Rolando Barrientos, jefe edilicio de la cabecera de Quetzaltenango.

Esa corporación fue sancionada con Q1 millón 230 mil, por supuesto desorden y negligencia en el control y registro de documentos en el Departamento de Contabilidad.

El desorden alcanza faltantes en las cajas por casi Q1 millón, como ocurrió en Agua Blanca, Jutiapa, según el reporte de los auditores Gregorio Solórzano y Víctor Enrique Leiva.

Allí también hubo malversación en el uso de rentas consignadas sin registros de bancos, por Q222 mil, así que recibieron sanciones de tipo administrativo.

Hay alcaldes reelectos en cuatro de las seis municipalidades cuyas finanzas están bajo la lupa de la CGC.

Barrientos reconoció que hubo gastos que no fueron ingresados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), del Ministerio de Finanzas, pero se actualizaron en septiembre último, por lo que obtuvo su solvencia de cuentas para participar como candidato a alcalde, cargo que alcanzó por primera vez en el 2004.

Carlos Mencos, contralor General de Cuentas, explicó que cuando los interesados en competir por una alcaldía piden su constancia de solvencia por juicios de cuentas pendientes, ésta se les entrega con base en el estatus que impera el día de la solicitud.

Por ejemplo, el alcalde pide su solvencia en junio, la CGC le descubre reparos en septiembre, y aún así puede inscribirse como candidato, siempre y cuando solvente su situación en diciembre.

Uso de instrumentos

Alejandro Urízar, analista de Acción Ciudadana, refirió que a mediados de este año harán un monitoreo para establecer qué municipalidades hacen uso del SIAF.

Explicó que los problemas detectados por la CGC en esas comunas podrían haberse evitado, si las autoridades edilicias hicieran uso de instrumentos como Guatecompras y el SIAF.

“Es muy probable que, si se detectaron estas irregularidades en esas municipalidades, ese tipo de errores sea recurrente en muchas otras”, aseguró.

Walter Del Cid, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades, dijo que la intervención de la CGC es posible, pero, sobre todo, oportuna, para transparentar los manejos administrativos.

Se trata de hallazgos que la administración no puede dilucidar, por lo que se decide que es procedente la intervención. “Es porque no logran presentar la documentación que aclare las dudas de los auditores gubernamentales”, enfatizó.