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La visita a Guatemala y a otros países centroamericanos del señor John D. Negroponte, subsecretario de Estado estadounidense, sirve para poner en el plano de la discusión nacional el tema de la importancia de combatir el narcotráfico en esta zona, por donde pasa el 70 por ciento de la droga que se consume en Estados Unidos, y para lo cual hay una nueva oferta conocida como Iniciativa Mérida, que abarca al Istmo, México, Haití y la República Dominicana.

Tiene razón el visitante al señalar que a cada país le toca realizar sus propias tareas para que dicho plan tenga frutos, pero es necesario conocer qué tareas realizará Estados Unidos para desalentar el consumo, factor que incide de manera fundamental en que la lucha sea siempre peleada de manera desigual por los países donde se producen los estupefacientes o en cuyo camino pasan hacia el casi infinito mercado estadounidense. Es importante que haya dinero disponible, pero también, que se reciba la llamada “asistencia no financiera”, que por su parte necesita ser definida.

El plan Mérida ha despertado numerosas críticas en distintos sectores continentales, porque incluye, además, los factores de delincuencia transnacional y de terrorismo. Respecto de esto último, el problema principal reside en la falta de acuerdos en cuanto a una definición universalmente aceptada del término, así como de quién y bajo qué circunstancias puede adjudicarlo a alguien, además de cuáles son los sistemas jurídicos que serán aplicados a las personas acusadas de participación en estos actos ilícitos.

En la Iniciativa Mérida tiene especial importancia el factor de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, donde probablemente el Partido Republicano será sustituido en la conducción de ese país, con la posibilidad muy real de cambios fundamentales en las relaciones estadounidenses con las naciones situadas al sur de su frontera. Si esas predicciones se cumplen, el plan indicado podría terminar, reducirse o cambiar de manera significativa, o simplemente no realizarse.

Tanto el señor Negroponte como su acompañante, el secretario de Estado para el Hemisferio Occidental —es decir, para el resto de América—, coinciden en un tema que preocupa a los guatemaltecos conscientes: el aprieto que la impunidad ahora generalizada supone para la lucha eficaz contra el crimen organizado. Esta realidad es común a la zona donde el plan Mérida funcionaría, y por ello, las conversaciones con el sector privado y con el presidente Colom y el vicepresidente Espada pueden haber sido el marco adecuado para iniciar las negociaciones que permitan a esa iniciativa convertirse en colaboración efectiva.

La visita de Negroponte, un hombre cuya participación activa en numerosos hechos históricos en el área, demuestra que las actuales autoridades estadounidenses le dan importancia al referido asunto. Quedan por aclararse los alcances del plan como está sugerido, para negociar los cambios y matices necesarios a fin de convertirlo en un instrumento efectivo, pero no por ello causante de críticas acerca de la manera como se haga realidad y de lo que implique.