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En contra del más mínimo recato, decoro, ética y, sobre todo, legalidad en sus actuaciones, la jueza primera del ramo Penal y Civil de Amatitlán, Audy Yanelly Arana González, ordenó ayer, de manera abusiva y arbitraria, la intervención de las finanzas de este diario y el allanamiento de sus instalaciones, dentro de un litigio empresarial que desnuda la fragilidad del sistema de justicia y la vulnerabilidad de los jueces al manoseo inmoral de abogados deshonestos.

La primera aberración jurídica que salta a la vista en la medida de la jueza es el conflicto de jurisdicción, porque, ante la dificultad de manipular a tribunales de la capital para inclinarse a favor de acciones claramente pueriles, frívolas y espurias, quienes mueven los hilos de este atropello acudieron, como suelen hacerlo en sus procuraciones, a una togada de provincia con vocación por la venalidad.

Pero esa actuación de forma se queda opaca ante lo raro y sospechoso de la sustanciación de la querella en contra de esta empresa periodística, pues es elemental en el ordenamiento penal que cuando un juez recibe una denuncia, debe trasladarla al Ministerio Público para que investigue, y después debe escuchar a la parte recurrida, como procedimiento ineludible del debido proceso.

El controversial fallo es a todas luces inconsistente, y se ve en el hecho de que la jueza apela al manido expediente de resolver y luego inhibirse, con la clara intención de lavarse las manos. Pero la Ley del Organismo Judicial es clara en cuanto a que los jueces tienen obligación de conocer su propia competencia. No es aceptable, por lo tanto, una inhibitoria después de lesionar, con propósitos inconfesables, el patrimonio de una empresa que por su giro goza de reconocimiento y protección especial en la Constitución de la República y la Ley de Emisión del Pensamiento.

Hasta ahora no existían en los anales del Derecho guatemalteco antecedentes de ningún abogado, por más avezado y versado que fuese, que hubiera logrado una medida como la ordenada por Arana contra Prensa Libre. No se necesita ser un genio para colegir que detrás puede esconderse un contubernio corrupto generosamente recompensado, pero es más grave aún que una acción de esta naturaleza pueda atentar severamente contra el derecho de un medio a informar y del pueblo a recibir información.

Al margen de cualquier acción reivindicativa dentro de su derecho a defenderse, que encamine esta empresa, el caso debe llamar seriamente la atención de las más altas autoridades de los tres poderes del Estado, respecto de la necesidad de legislar para que de una vez por todas termine en Guatemala la falta de claridad normativa en la jurisdicción de la justicia, porque eso es la causa de una incertidumbre que sirve de pretexto para que se cometan frecuentes abusos como el que ahora enfrenta Prensa Libre.

La jueza Arana ha incurrido en una clara causal de prevaricato, porque ha dictado una resolución indiscutiblemente contraria a la ley. Su actuación debe ser sancionada de la manera más severa, para que sirva de lección a quienes, como ella, han tomado de rutina la prostitución de la justicia, y alimentan, institucionalmente, la impunidad.