Sombra de inseguridad sobre proceso electoral
Observadores de OEA divulgan primera evaluación del país
Por: Francisco González Arrecis

Diego García Sayán -al centro-, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, durante la presentación del primer informe. Le acompañan Moisés Benamor y Diego Paz. Foto Prensa Libre: Kattia Vargas.

En el primer informe presentado ayer por la Misión de Observación Electoral de la OEA, resalta la preocupación manifestada por todos los sectores consultados, por la violencia existente en el inicio del proceso de los comicios.

“La magnitud de preocupación por el clima de inseguridad y violencia que hemos recogido es superior a lo que se percibió en el proceso electoral de 2003”, informó Diego García Sayán, jefe de la Misión.

Las muestras de temor recogidas por los delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) son producto de los acercamientos iniciales durante los primeros 22 días de estadía en el país, que han incluido a autoridades de Gobierno, Tribunal Supremo Electoral (TSE), Procuraduría de Derechos Humanos, sociedad civil, candidatos presidenciales y vicepresidenciales.

“Hemos establecido un mecanismo de enlace permanente con el Ministerio de Gobernación, para estar atentos al desarrollo de este tema”, resaltó Sayán.

La Misión expuso que los actuales comicios, convocados de conformidad con una nueva ley, demandan redoblar esfuerzos de todos los sectores sociales, políticos y gubernamentales, a fin de generar las condiciones que garanticen un proceso inclusivo, transparente y legítimo.

Gobernación dijo que ha habido reuniones con los partidos políticos respecto de la violencia electoral, para coordinar acciones.

Durante este primer informe, la Misión no da recomendaciones. A decir de García Sayán, en la medida que se generen las futuras informaciones, se irán incluyendo, de ser necesarias, la sugerencias respectivas.

Ayer se efectuó la primera conferencia de prensa de los observadores. El jefe de la Misión estuvo acompañado de Moisés Benamor, jefe adjunto de la Misión, y Diego Paz, representante permanente de la OEA en Guatemala.

También financiamiento

El posible financiamiento de sectores vinculados al narcotráfico a algunas candidaturas en distintas regiones del país también es un punto en el que los observadores pondrán especial énfasis, aunque indicaron que la puesta en marcha de mecanismos de fiscalización de campañas electorales es positiva.

El informe valora también como positivo el hecho de que no haya a estas alturas un clima de polarización del proceso electoral.

También destaca una predisposición a que electores y partidos políticos busquen mecanismos de diálogo para solucionar eventuales problemas que se vayan suscitando en el camino.

Uno de los retos y desafíos para el TSE en este proceso, según la OEA, es acercar las juntas receptoras de votos a los electores, en las zonas rurales.

La divulgación e información a los ciudadanos, especialmente sobre la mecánica del sufragio y los lugares donde estarán ubicados todos lo centros de votación, es otro de los retos enumerados.

También, la designación y capacitación, al 9 de junio, de los integrantes de las juntas electorales, tanto departamentales como municipales.

“A cuatro meses de las elecciones, deben de complementar algunos aspectos fundamentales de la organización y administración de éstas, y en eso centraremos la atención del proceso de observación”, dijo García Sayán.

TSE: Gobernación debe ver la seguridad

El magistrado Raymundo Caz opinó que si bien les preocupan algunos casos de violencia que se han registrado, corresponde al Ministerio de Gobernación tomar la medidas necesarias para garantizar un clima de seguridad durante todo el proceso electoral.

“Es una responsabilidad de la Misión de la OEA verter ese informe y señalar la preocupación por la inseguridad y la violencia, y de las autoridades de Gobernación, actuar”, aseveró Caz.

Delegación: Observación dirigida

La Misión de Observación Electoral de la OEA contará hasta con 150 delegados.

Se concentrarán en la observación de la descentralización del voto, fiscalización de partidos políticos, divulgación de derechos del elector, actualización del padrón electoral y capacitación de las juntas electorales, departamentales y municipales.

Sugieren a los medios de comunicación brindar la información técnica sobre cómo se llevan a cabo sus encuestas, a fin de fomentar la confianza de la población.

Sectores políticos, sociales, de derechos humanos y del Gobierno han manifestado a la Misión su preocupación por la inseguridad y la violencia, que han aumentado en el país en el inicio del proceso electoral.

EG: Es un desafío

Rigoberta Menchú, presidenciable de Encuentro por Guatemala, afirmó que, si bien se reconoce un repunte de la violencia y la delincuencia, esto no debe influir en el ánimo de la ciudadanía para no asistir a votar y participar activamente.

“Es el momento de desafiar a las mafias que quieren perturbar el proceso electoral”, instó.

Poderes ocultos

Alejandro Giammattei, presidenciable de la Gana, reconoció que la violencia ha hecho presencia en el proceso electoral, y aseguró que ésta obedece a poderes ocultos detrás de ese repunte, a los cuales se les debe castigar.

“Solicitaremos al Estado que se investigue, para dar con los responsables, y urge que los partidos políticos nos unamos, para que haya paz en el proceso”, enfatizó.

No hay respuesta

Jose Carlos Marroquín, vocero de la Unidad Nacional de la Esperanza, comentó que la violencia iniciada desde antes de que empezara el proceso electoral ha provocado la pérdida de dos candidatos a diputados y 23 dirigentes.

“Pareciera que se cumple lo de la colombianización: se mata por ambiciones de poder y no vemos respuesta del Estado. No hay ningún proceso de investigación abierto”, dijo.

“Es la realidad”

Otto Pérez Molina, presidenciable del Partido Patriota (PP), opinó que la percepción expuesta por los observadores de la OEA refleja sólo la realidad que vive el país.

Sugirió a la Misión recomendar a los partidos políticos que sean los artífices de que el proceso electoral se desarrolle con tranquilidad.

“El mejor esfuerzo de la Misión puede ser garantizar que no se politice la violencia”, añadió.

Publicidad inquieta a partidos políticos
Quieren menos fiscalización
Por: Wendy Ruano

Los partidos políticos solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) suprimir la norma de fiscalización que obliga a los medios de comunicación a entregar declaración jurada diaria sobre las pautas en televisión abierta.

El artículo 12 del reglamento de fiscalización de campañas publicitarias, de la Ley Electoral, establece que los medios de comunicación deben de informar, mediante declaración jurada, las cantidades y especificaciones de los espacios de propaganda de las organizaciones partidarias que fueron transmitidas en el día anterior.

Esta medida suspende la práctica de anteriores elecciones de dar espacios gratuitos en los canales de televisión abierta.

“Los canales han quitado la publicidad regalada. Eso afecta a los partidos pobres”, dijo Alfonso Cabrera, de El Frente y quien presentó la solicitud, que luego fue apoyada por los demás partidos, reunidos ayer en el TSE.

César Fajardo, de la Unidad Nacional de la Esperanza, expresó que el referido artículo “se extralimitó, y que tiene que haber igualdad de condiciones, para que se dé un proceso electoral democrático”.

El Frente Republicano Guatemalteco y el Partido Patriota también estuvieron de acuerdo en que se suspenda la entrega de la declaración jurada, aunque estuvieron de acuerdo en la necesidad de monitorear las pautas políticas.

Ángel Alfredo Figueroa, magistrado del ente electoral, declaró que esa disposición no sería “discutida con los partidos políticos, y que el tema sólo le corresponde al TSE o a la Corte de Constitucionalidad”.

El monitoreo de las pautas le servirá al TSE para fiscalizar los gastos de campaña. Aunque se admitió que la publicidad que aparezca en los noticieros queda al margen de la fiscalización.

Anabella De León, del partido Patriota, denunció la propaganda que la municipalidad hace dentro de algunos noticieros.

Los canales de TV abierta habían regalado, hasta ahora, espacios a los partidos políticos, que cada cuatro años se lo solicitaban al propietario de éstos, el mexicano Ángel González, quien reside en Miami.

Las franjas para pautar en televisión abierta, por cable y radio ya están establecidas. Ochenta y cuatro minutos semanales, distribuidos en 12 diarios en los cuatro canales de TV.

La disposición prohíbe a los partidos pautar espacios de propaganda en horarios en que se transmiten noticieros.

No hubo delito por parte de Nineth Motenegro, dice jueza
Por: Leonardo Cereser, Coralia Orantes

Telma del Cid, jueza pesquisidora contra la diputada Nineth Motenegro, remitió ayer su informe de investigación en el que establece que no encontró elementos constitutivos de delito contra la legisladora.

El antejuicio fue solicitado luego de que el Tribunal Supremo Electoral denunciara que dentro de la lista de afiliados de la agrupación Encuentro por Guatemala figuraban personas fallecidas.

Del Cid consideró que los elementos eran espurios y sin fundameto. Ahora, el expediente será conocido por la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, que decidirá si declara con lugar o no el antejuicio.

EG y Viva van a asambleas
Por: Wendy Ruano

A 100 días de que se celebren las elecciones generales, al menos siete partidos corren para efectuar asambleas nacionales y proclamar a sus candidatos, entre ellos, los de más reciente creación: Encuentro por Guatemala (EG) y Viva.

EG, que promueve para la Presidencia a Rigoberta Menchú, celebrará su primera asamblea nacional el domingo próximo, en el parque de La Industria.

Además de elegir al comité ejecutivo nacional, presentarán al candidato a la alcaldía metropolitana.

El partido Visión y Valores (Viva) proclamará a Harold Caballeros como candidato presidencial, y a su compañero de fórmula. La fecha preliminar de la actividad es el 20 de junio.

Caballeros confirmó que cuatro migrantes que residen en Estados Unidos encabezarán los listados departamentales de diputados. Uno de ellos es Marcos Yax, por Totonicapán.

La asamblea nacional de El Frente se llevará a cabo el 26 de mayo, en la zona 12 capitalina.

Alfonso Cabrera, secretario general de esa agrupación y quien encabeza el listado nacional de diputados, confirmó que no participarán con candidato presidencial, “por carecer de fondos para la campaña”.

Quetzaltenango ha sido escogido por otros partidos para realizar sus asambleas. El Centro de Acción Social (Casa), que promueve a Eduardo Suger, la hará, tentativamente, el 20 de junio, en esa ciudad.

La Unión Democrática proclamará a sus candidatos el 17 de junio, también en Xela. La Democracia Cristiana planea hacerlo el 2 de junio, y Alianza Nueva Nación, el 10 de junio.

Buscarían fin político con violencia
Partidos podrían estar detrás de ataques a pilotos, dicen grupos sociales
Por: Julio Lara

Agentes policiales registran a varios pasajeros, en un operativo efectuado en un sector de Villa Hermosa, San Miguel Petapa. Foto Prensa Libre: Mario Linares.

Representantes de organizaciones civiles señalaron ayer que los asaltos en autobuses y los crímenes cometidos en esas unidades de transporte podrían tener un motivo político.

Ana María de Klein, de la agrupación Madres Angustiadas, aseguró: “Parece que hay un interés para que el actual gobierno sea pésimamente visto”.

Añadió: “Habría que investigar si algún partido político está involucrado en esto. Hay que recordar que, en época electoral, la ingobernabilidad se eleva”.

Enfatizó en que la seguridad de los buses es competencia de la Policía, pero que también debería participar la municipalidad capitalina, para controlar a los pilotos y procurar que los propietarios apoyen la adopción de medidas preventivas.

La percepción de Helen Mack, de la Fundación Mack, es que un escenario violento, como el que se observa en la actualidad, es propicio para las promesas electorales de partidos políticos que apuestan a mejorar la seguridad.

Según ella, los hechos ocurridos en los autobuses podrían tener un fin político, pues hay partidos que necesitan ganar votos, ya que sus ofrecimientos son brindar seguridad.

Mack afirmó: “Aunque esta ministra (Adela Camacho de Torrebiarte) no tiene tinte partidario, es parte de este gobierno y es su responsabilidad (controlar) la delincuencia; el resto de partidos lo pueden aprovechar porque hay un candidato oficialista que está compitiendo en las elecciones”.

Al respecto, Carlos Maldonado Guzmán, presidente de la Cámara de Seguridad de Guatemala, que agrupa a empresas privadas de seguridad, comentó que, de acuerdo con su experiencia, los años electorales atraen violencia porque son muchos los intereses que se juegan.

Aunque no se atreve a afirmar que los hechos violentos en buses tengan un denominador político, explicó que hay gente que está tratando de generar desestabilización. “Todo esto es preocupante”, opinó.

Uri Roitman, experto en seguridad, aseguró: “Los asaltos en autobuses, la muerte de pilotos, y las extorsiones son un fenómeno relativamente nuevo, pues la corrupción en la Policía ha propiciado más delincuencia”.

Agregó que los delincuentes tienen rostros conocidos para los pilotos y hasta para la gente de las colonias, pero temen a las venganzas, y por eso no colaboran con las autoridades en investigaciones.

Policía intensifica acciones preventivas

La Policía Nacional Civil (PNC) efectuó ayer operativos de seguridad en los cuales participaron mil 500 agentes -apoyados por 300 efectivos del Ejército-, en los extremos de las rutas, paradas y recorridos de buses, a fin de reducir las acciones de los pandilleros que han ultimado a pilotos y ayudantes, durante las últimas semanas.

Carlos Caljú, vocero de la PNC, explicó que la ministra de Gobernación, Adela Camacho de Torrebiarte, por medio del director Julio Hernández, ordenó intensificar las acciones preventivas del plan Viaje Seguro.

Añadió: “El nuevo núcleo de seguridad para los buses trabajó ayer en la capital y en Villa Nueva, San Miguel Petapa, Villa Canales, Mixco y Palencia, donde se han registrado acciones delictivas”.

Señaló que las comisarías apoyaron con patrullajes y con puestos de registro móviles, a fin de tener presencia en las áreas de conflicto.

“Se pretende que la ciudadanía tenga seguridad al abordar los autobuses. El despliegue se mantendrá hasta nueva orden, pues es una prioridad reducir los niveles de delincuencia en los sectores del área metropolitana”, dijo Caljú.

Orfandad y miedo deja muerte de piloto
Por: Alberto Ramírez

El asesinato del conductor de un autobús del servicio de transporte urbano es sólo una estadística más, pero detrás de ésta se encuentran una viuda, dos niñas huérfanas, el desamparo económico y -sobre todo- el miedo.

Julio César Galdámez, de 45 años, conducía un bus de la ruta 51 la noche del lunes último, de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, a la Plaza de la Constitución. Sin embargo, en el trayecto, un individuo lo asesinó a balazos.

La muerte le llegó de repente. Bomberos afirman que lo mataron poco después de haberse negado a pagar la extorsión que le exigían los delincuentes.

Ayer, durante el sepelio del conductor, su esposa, una mujer de unos 37 años, no pudo ocultar su temor, al pedir que no le tomaran fotos ni publicaran su nombre. “No es justo lo que está pasando. Nuestro hogar quedó destruido a manos de unos delincuentes”, expresó.

La muerte de Galdámez significó la orfandad de dos niñas, una de 10 y otra de 15 años, quienes ayer no asistieron a la escuela, porque acompañaron el féretro de su padre hacia el cementerio.

“Desde hace algún tiempo, el único ingreso del hogar era lo que ganaba el papá de las niñas; yo estoy desempleada. Ahora voy a tener que buscar un empleo para sacar adelante a mis hijas”, dijo la viuda.

El ahora occiso tenía 22 años de trabajar como conductor de autobús y, a decir de sus compañeros, era un buen amigo.

Los gastos funerarios los absorbió la empresa para la cual trabajaba Galdámez, pero ahora el futuro es incierto para su familia.

Viuda: “No sabemos qué hacer”

“Tenemos temor, no sabemos qué hacer. Los delincuentes destruyeron nuestro hogar y dejaron a dos niñas sin su padre y sin sostén familiar”, lamentó la viuda de Julio César Galdámez.

“Ahora tendré que buscar la forma de ganarme la vida para darles a mis hijas lo necesario”, agregó.

“Deseo que estos crímenes no se repitan, para que no haya más niños huérfanos”, dijo.

Pilotos: Hay una organización criminal

“Sabemos que el asesino de nuestro compañero Julio César Galdámez vive en esta colonia, pero no podemos hacer nada, porque no sabemos cuántos delincuentes forman esa pandilla de extorsionadores”, expresó el conductor de un autobús que cubre la ruta de Villa Hermosa, en San Miguel Petapa, al centro capitalino.

Los pilotos no ocultaron su temor a represalias y nuevos ataques, en venganza por haber acudido ayer al sepelio de su compañero asesinado.

“El victimario vive aquí en Villa Hermosa, nos conoce, nos vigila. Por eso debemos andar con cuidado”, comentó otro conductor. Los pilotos creen que se trata de una organización criminal numerosa.

Relatan que los extorsionadores suben desde el centro capitalino y esperan la oportunidad para exigir el dinero; si el conductor se niega a dárselo, se bajan, pero después sube otro delincuente, para matar al piloto.

Quiere más castigo para extorsiones
MP aplica Ley contra el Crimen Organizado
Por: Coralia Orantes

El Ministerio Público (MP) informó que a quienes se dedican a extorsionar a pilotos y a personas particulares se les sindicará del delito de exacciones intimidatorias, cuya prisión es de seis a ocho años.

La vigencia de la ley contra la delincuencia organizada otorgó la herramienta para que el MP acuse formalmente a los extorsionadores de los pilotos de autobuses. Ese delito es castigado con prisión inconmutable.

El artículo 10 de esa norma establece: “Quien, agrupado en la delincuencia organizada, organización criminal o asociación ilícita, en abierta provocación o de forma intimidatoria solicite o exija la entrega de dinero u otro beneficio en la vía pública o en un medio de transporte, será sancionado con prisión de seis a ocho años”.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado conoce dos casos donde por primera vez se sindicó de aquel delito a personas acusadas de cometer extorsiones.

Uno de ellos es un caso ocurrido en la capital, donde un piloto denunció que uno de sus compañeros lo coaccionaba para que le entregara cierta cantidad de dinero cada día.

El otro proceso se sigue en Antigua Guatemala, donde un pandillero exigía al dueño de un negocio que le entregara Q50 diarios.

El fiscal Jorge Luis Donado expresó: “El juez, al conocer los casos, les sindicó de exacciones intimidatorias, pero ahora al MP le corresponde probar que son parte de un grupo u organización criminal”.

Donado explicó que se estudia la estructura de las maras y si éstas forman parte de grupos delincuenciales.

Trabajo en equipo

Durante esta semana, autoridades del MP y de la Policía Nacional Civil se reunirán para determinar las áreas en donde se comete aquel delito, además de cómo se coordinarán para mejorar el trabajo en conjunto.

Otra de las citas se efectuará con transportistas, para que aporten detalles sobre cómo y dónde se cometen los actos ilícitos, a fin de documentar los casos y capturar y llevar a juicio a los responsables.

Las denuncias de crímenes contra pilotos se unificaron en una sola agencia de la Fiscalía de Delitos contra la Vida. En lo que va del año se han reportado 19 asesinatos de conductores del transporte urbano y dos del extraurbano.

Óscar Berger ofrece Guardia Presidencial

Para hacer frente al repunte de violencia en buses, el mandatario Óscar Berger no descartó sacar del cuartel militar a la Guardia Presidencial.

“Si es necesario, que ya no nos presten seguridad y que salgan a las calles; esa fue la orden que transmitimos”, expresó Berger. Aquel cuerpo de seguridad está integrado por 300 agentes.

La función de la Guardia Presidencial es brindar seguridad perimetral al presidente y vicepresidente. Es el tercer círculo de protección con el que cuentan los mandatarios.

La idea es que la Guardia se una a las tareas de seguridad ciudadana. Sus agentes serían asignados a las zonas con mayores índices de delincuencia, dijo el mandatario. Los ministerios de Gobernación y Defensa deberán decidir la fecha en que la Guardia saldría a las calles.

Fiscalización, escasa en CGC
Critican pocos resultados en gestión
Por: Conié Reynoso, Ana Lucía Blas

A siete meses de la gestión de Carlos Mencos en la Contraloría General de Cuentas (CGC), la fiscalización a instituciones del Estado, prometida desde el inicio, ha sido escasa, por lo que será citado al Congreso.

Cuando falta una semana para que el contralor presente al Legislativo su primer informe sobre fiscalización (ejecución del presupuesto del primer semestre del 2006), hay quienes expresan dudas sobre la efectividad del trabajo desarrollado hasta el momento por Mencos.

Aún recuerdan que cuando asumió el cargo ofreció auditorías, pero siguen sin conocerse.

Entre éstas, 40 fideicomisos constituidos con fondos del Estado y el informe final del Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (Pacur), que sirvió a diputados para disponer de obras y decidir constructoras.

“Aunque es muy pronto para criticar, no se ve optimismo porque se haga un trabajo de control”, dijo Érick Bolaños, del Instituto Pro-Democracia y Desarrollo.

En su defensa, Mencos afirmó que la mayoría de informes de auditorías estarán integrados en el documento que presentará la semana próxima.

“Habrá qué ver cuáles son las auditorías que efectúa la Contraloría, pues durante el actual gobierno no hemos visto casos de corrupción, y no es que no los haya”, comentó el analista Marco Antonio Barahona.

Cita: Interrogará a Contralor

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, citó al contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, para interrogarlo sobre el trámite de la auditoría al Fondo Guatemalteco de Vivienda, solicitada por ella en abril último.

También se le preguntará si verificó las denuncias presentadas sobre compras anómalas en el Instituto Guatemalteco de Turismo.

“La Constitución le ordena a la Contraloría fiscalizar los ingresos y egresos de todas las instituciones del Estado. Sin embargo, eso no se ha cumplido. En el 2005, esa entidad fiscalizó sólo a ocho por ciento de las entidades públicas”, criticó Montenegro, quien citó al funcionario para el 31 próximo.

Promesas

Entre los programas que el contralor se comprometió a fiscalizar cuando asumió el cargo están:

Contratar una auditoría externa para la fiscalización de recursos asignados al Pacur.

Verificar las irregularidades del informe de fiscalización de gastos públicos del 2005.

Fiscalizar 40 fideicomisos estatales constituidos durante años anteriores.

Investigar el destino de Q5 millones asignados a la reconstrucción por el paso de Stan, en Panabaj, Sololá.

Leyes de seguridad, prioridad en sesiones extraordinarias
Por: Ana Lucía Blas

Si en el Congreso cumplen con lo que ofrecen, antes de 20 días entrarán a conocer las leyes de seguridad, que quedaron pendientes desde el 2006, como la de armas y la de empresas de seguridad privada.

Las leyes para coordinar las políticas de seguridad, que regularán el uso de armas y municiones, y a las empresas privadas de seguridad, tendrán prioridad en las sesiones extraordinarias que el Congreso efectuará el 4, 5 y 6 de junio próximo.

Oliverio García, vicepresidente del mencionado organismo, informó ayer que los jefes de bancadas acordaron debatir esas iniciativas en las primeras sesiones que tendrán durante el receso legislativo, que concluirá en agosto.

La ley marco del Sistema Nacional de Seguridad ya estuvo en agenda en varias ocasiones, y fue aprobada en dos lecturas. Para su debate final, los diputados esperan proponer algunas enmiendas, consensuadas con el Ejecutivo.

Ese proyecto es uno de los cuatro que surgieron del Plan Visión de País, firmado por los partidos políticos en octubre del 2006. En el mismo se propone crear un sistema nacional que rija las políticas y acciones en esa materia.

Entre tanto, la ley de armas y municiones y la de empresas de seguridad privada son parte de un “paquete de seguridad” solicitado por el Ejecutivo en el 2004.

El principal objetivo de la primera es evitar la proliferación de armas y tener mayor control sobre su posesión. La segunda está encaminada a obligar a que los guardias privados tengan título de educación media y hayan sido capacitados en la Academia de la Policía Nacional Civil.

Promesa no es nueva

La promesa de priorizar la aprobación de leyes de seguridad no es nueva. Jorge Méndez Herbruger, ex presidente del Congreso, ofreció hacerlo en siete sesiones, en el segundo semestre del 2005.

La Ley contra el crimen organizado, que también era parte del “paquete de seguridad”, fue aprobada en marzo del 2006. No obstante, reducía las penas en 28 delitos, por lo que el presidente Óscar Berger la vetó. Tres meses después, y tras ser consensuadas 11 enmiendas, el Legislativo logró pasarla de urgencia nacional.

La Ley del Sistema Penitenciario, también de ese paquete, se aprobó en septiembre del 2006.

Otras prioridades

El Legislativo también buscará aprobar, durante el receso, la prórroga para el inicio de funciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la ley que aumenta las pensiones para los ex trabajadores del Estado.

Se espera reformar la Ley orgánica del Congreso, estableciendo nuevos mecanismos de votación -por medios electrónicos-.

Agenda

El Congreso ha definido como prioritaria la aprobación de algunas leyes.

Ley marco de seguridad: que crea un Sistema Nacional para regular las políticas en ese campo.

Ley de armas y municiones: busca evitar la proliferación de éstas y controlar su posesión.

Ley de empresas de seguridad privada: fija nuevos requisitos para los agentes.

Reformas a la Ley orgánica del Congreso, para incluir la votación electrónica y modificar la forma en que se integran las comisiones, entre otras.

Aumento a las pensiones de ex trabajadores del Estado.

Maternidad sólo con un ascensor
Trasladan a pacientes en camilla, por las gradas
Por: Alberto Ramírez

Personal de una empresa privada trabaja en la reparación de un ascensor; el otro sigue fuera de servicio. (Foto PL: María Fleischmann).

Maternidad y Ginecología del Hospital Roosevelt quedaron paralizadas al descomponerse los dos ascensores que les servían para movilizar a las pacientes.

El primer ascensor se averió hace unos tres meses, y el traslado de pacientes se efectuó por medio del otro elevador, pero al dejar de funcionar el segundo, hace seis días, el trabajo médico se dificultó.

Claudia Camey, facultativa del área, expresó que se vieron obligados a pedir a todo el personal que ayudara a bajar o subir por las gradas a las pacientes que salían de las salas de operaciones.

Incluso equipo médico, como los aparatos de rayos X, tuvieron que ser transportados entre varias personas, para llevarlos a unidades como la de bebés que no pueden ser retirados de las

incubadoras, explicó la profesional.

Cuatro pisos

El edificio cuenta con cuatro pisos. En el primero atienden los partos simples y consulta externa; en el segundo, a los recién nacidos de alto riesgo y partos complicados.

En el tercer piso se encuentran las pacientes pendientes de cesáreas y operaciones posparto, y en el cuarto, quienes deben ser sometidas a cirugías ginecológicas.

En cada planta hay entre 35 y 40 camas, y se practican unas 20 intervenciones quirúrgicas diarias, sólo de parto.

No más pacientes

El lunes último, los jefes de departamento se vieron obligados a pedir a los hospitales periféricos no remitir más pacientes a esas salas, ante el temor de que alguien sufriera un accidente durante el traslado en camilla por las gradas.

Gustavo Batres, director ejecutivo del nosocomio, informó ayer que lograron reparar uno de los ascensores de Maternidad, y que la actividad de esa sala comenzó a normalizarse.

Presidente defiende a ex ministro
Por: Hugo Alvarado

El presidente Óscar Berger salió en defensa de Arturo Soto, ex ministro de Gobernación, a quien se vinculó a la compra de equipo para la Policía Nacional Civil de forma fraudulenta.

El mandatario explicó que Soto no tiene responsabilidad en la compra de botas, capas y colchonetas a Industria Militar por Q31 millones.

“Lo que hizo fue cumplir con los compromisos de pago que adquirió la administración anterior. Se informa con un poco de mala fe”, expresó.

El martes recién pasado, Prensa Libre publicó la desaparición de la denuncia presentada por la Contraloría por el fraude en esa compra.

Vetaría ley

Luego de la protesta de cirqueros nacionales, el martes recién pasado, en contra de una norma que permite a los artistas internacionales del ramo presentarse en la provincia, Berger dijo: “Mi corazón está con los circos nacionales. De pequeño mis padres me llevaban al circo”.

Explicó que podría vetar el decreto 28-2007, aunque no conoce la ley. “En este momento está en análisis”, añadió.

Educación prepara pruebas
Para estudiantes del último grado de diversificado
Por: Claudia Méndez Villaseñor

El 25 y el 26 de mayo, el Ministerio de Educación efectuará, por cuarto año consecutivo, las pruebas de Matemáticas y Español a estudiantes del último grado de diversificado.

De acuerdo con María del Carmen Aceña, ministra de Educación, las pruebas tienen el objetivo de mejorar la calidad educativa y fomentar la cultura de la evaluación.

“Con las pruebas se generan las bases para elaborar las estrategias que contribuyen a mejorar la competencia de los jóvenes graduandos y los desafíos para capacitar a los maestros”, agregó la funcionaria.

Más de 84 mil pruebas

El Ministerio de Educación calcula que evaluará a unos 110 mil estudiantes. Por ahora, 84 mil 91 han confirmado su participación.

También se evaluará a 200 jóvenes que cumplen condenas en prisión, para que puedan continuar estudios universitarios, y a 85 estudiantes con necesidades educativas especiales.

Recurso de inconstitucionalidad
Contra Ley de Minería; consideran que viola la Constitución
Por: Alberto Ramírez

El Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas) presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad parcial en contra de la Ley de Minería, por considerar que viola la Constitución y pone en riesgo los recursos naturales del país.

La Corte de Constitucionalidad tiene ocho días para expresar si procede la acción legal.

Yuri Melini, director de Calas, señaló que la norma tiene ocho artículos que contradicen la Carta Magna y permiten a las empresas el uso casi ilimitado de recursos naturales, como el agua. Una de las irregularidades es que se permite iniciar operaciones sin tener estudio de impacto ambiental.

Melini explicó que al equipo de abogados de esa organización le llevó tres años analizar todos los aspectos legales. Dijo que tienen como antecedente que en Honduras a la norma minera le suprimieron artículos inconstitucionales.

Luis Fernando Pérez, presidente de la Comisión legislativa de Energía y Minas, manifestó que aún desconoce los argumentos de Calas. Destacó que en esa comisión hay una propuesta de reforma a la Ley de Minería presentada por el Ejecutivo, la cual estarían por entrar a conocer dentro de poco.

Irregularidades

Ocho artículos contradictorios contendría la ley.

21, 24 y 27: Permiten el aprovechamiento de los recursos casi sin restricción.

75: Tolera las descargas de aguas servidas a los ríos.

81: Sólo impone obligaciones morales.

86: Exonera de pagar impuestos a las empresas mineras.

Ex policía va a juicio
Proceso: Alfredo Macario Mazariegos, acusado
Por: Leonardo Cereser

Alfredo Macario Mazariegos espera la autorización del juez para declarar en la primera jornada del juicio. (Foto PL: Erlie Castillo).

El cerco se cierra contra Alfredo Macario Mazariegos, alias el Chocolatón, ex oficial segundo de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de que ayer se iniciara el juicio en su contra.

Mazariegos es acusado de los delitos de homicidio, abuso de autoridad, apropiación y retención indebida y detención ilegal.

El debate se efectúa por la muerte de Edson Manoel Tepete, quien fue capturado en un operativo en el que participó Mazariegos, en el 2004, durante un enfrentamiento entre la Policía y presuntos robacarros.

Según la fiscalía, Tepete llegó al lugar a vender un carro y fue asaltado por los ladrones de autos. En el lugar fue golpeado por policías y enviado a prisión por cuatro días, hasta que se comprobó que el carro era de su propiedad, al igual que un arma que portaba.

Cuando salió de prisión, Tepete denunció a Mazariegos en el Ministerio Público (MP) por el abuso, y luego porque fue amenazado de muerte para que retirara la acusación.

Tepete fue ultimado, el 5 de abril, en su casa en Villa Nueva; su esposa ratificó la denuncia contra Mazariegos y aportó datos para hacer un retrato del agresor. Sin embargo, ella y su hermanan fueron asesinadas en febrero del 2007.

En el debate, Mazariegos habló sobre sus nueve años sin aparentes problemas en la Comisaría 14 y de cómo durante su gestión capturó a delincuentes; minutos después su voz se quebró, cuando dijo que ha sido amenazado en prisión y que teme por su vida.

Los fiscales pidieron que el acusado explicara cómo capturó y, supuestamente, golpeó a Tepete.

Una médico forense del MP declaró que los golpes de Tepete fueron provocados, y no ocasionados en un accidente, como argumentó Mazariegos.

Otro punto que se destacó en el debate fue cuando Socorro Tepete, padre de la víctima, reconoció al acusado, porque, afirmó, días después de que su hijo lo denunció, cuando salían de un restaurante, ambos vieron a Mazariegos en una autopatrulla, y su hijo le dijo que él lo había golpeado.

El debate continuará el próximo lunes, con declaraciones de peritos y testigos.

Acusado una y otra vez

Alfredo Macario Mazariegos es sindicado de la muerte de una persona que lo denunció, por abuso de autoridad; también fue asesinada la esposa de la víctima.

En 1991 fue arrestado durante 30 días por extorsión. En 1992 le dieron de baja por pedir exacción (“mordida”).

En 1996 fue demandado por coacción, y en 1997 fue denunciado en Mixco, por asalto.

En 1999, la Asociación Agrícola y Campesina San Raymundo presentó una denuncia por amenazas de muerte. En 2001 se le acusó por una detención ilegal.

En el 2001 fue arrestado durante 30 días por portación ilegal de arma de fuego. En el 2004 fue acusado de robar un arma.

En el 2005 fue denunciado por asalto y robo a una vivienda, y también por detención ilegal. En el 2006 fue acusado de desmantelar vehículos robados.

La condenan a seis años de prisión
Por: Leonardo Cereser

El Tribunal Tercero de Sentencia condenó a seis años de prisión a Brenda Beatriz Marroquín, por robo agravado, luego de haberla hallado culpable de haber participado en un asalto a un banco en el 2005.

En el atraco murieron dos personas y otra quedó mutilada.

El Tribunal, por unanimidad, halló culpable a Marroquín, ya que cuatro testigos la señalaron de haber cometido el asalto a una sucursal de Banrural, Pamplona, zona 13, en noviembre del 2005, en complicidad con tres hombres.

El fiscal Rubén Herrera explicó que Marroquín habría sido quien ingresó las armas al lugar, aprovechando que los guardias no revisaban a las mujeres.

Adentro de la agencia, Marroquín aparentó que era cliente del banco, y esperó la llegada de sus cómplices, quienes perpetraron el asalto y se llevaron Q10 mil 600.

Secuelas

Un agente enfrentó a los delincuentes, y se produjo una balacera dentro del banco.

Los disparos alcanzaron a Francisco Estrada Arriaza, de 70 años, quien cada mes recogía su cheque de jubilación, y murió en el lugar.

La otra víctima fue identificada como José Eduardo López Jiménez, de 23, presunto asaltante. Un guardia y un cuentahabiente resultaron heridos.

Durante el atraco, Marroquín, con amenazas, despojó de sus pertenencias a los trabajadores del banco, pero cuando comenzó la balacera, uno de los empleados la inmovilizó y la entregó a la Policía.

Detectan 26 pasaportes falsos
Por: Lorena Seijo

La Dirección General de Migración, por medio de una empresa de mensajería internacional, consiguió detectar el envío de 26 pasaportes guatemaltecos falsos para ciudadanos africanos.

El director de Migración, Santos Cuc, informó que el hecho se produjo hace unos 15 días, cuando una empresa de mensajería detectó algo raro en el aeropuerto La Aurora.

En un paquete que tenía como destino África iban a ser enviados pasaportes guatemaltecos.

En ese momento se avisó al núcleo de la Policía que está asignado al aeropuerto La Aurora, quienes a su vez entregaron el paquete a los delegados de Migración para que lo revisaran.

Al observar los documentos se descubrió que efectivamente se trataba de pasaportes falsos, ya que las características físicas de quienes aparecían en las fotografías, sus nombres y sus lugares de nacimiento no coincidían con Guatemala.

Cuc comentó: “Tras percatarnos de la ilegalidad, se hizo la denuncia en el Ministerio Público e iniciamos una investigación interna, que aún no está concluida, para determinar si alguien de la institución tuvo algo que ver con este envío”.

Lo que más preocupa a las autoridades de Migración es que éste no haya sido el primer envío de pasaportes falsos que se hacía, y que esa situación sea una forma de operar de una red organizada que quiere usar a Guatemala como puente para llegar a los EE.UU. en forma ilegal.

En el 2006, tras detectarse una red que favorecía la entrada de ciudadanos cubanos y chinos con documentos falsos, se prohibió temporalmente la emisión de visas para esos países.

Detalles

Autoridades encontraron estas anomalías en los pasaportes:

Las fotografías no eran de guatemaltecos. El lugar de nacimiento del propietario no era Guatemala.

La nacionalización no es posible sin haber pasado por un proceso de residencia permanente o matrimonio.

Balean a tres pasajeros
Seis delincuentes asaltaron autobús en El Obelisco
Por: Julio Lara

Este es el autobús que fue asaltado en El Obelisco; el piloto llevó la unidad a una estación de bomberos, para que los heridos fueran atendidos. (Foto PL: Esbin García).

Luego de haber robado las pertenencias de los pasajeros de un autobús de la ruta 63, los delincuentes hirieron de bala a tres personas. El atraco se produjo en la 6a. avenida y bulevar Liberación, zona 9, a las 11:30 horas de ayer.

Marco Antonio Ramos, piloto de la camioneta, al observar que tres personas estaban heridas, condujo hasta la estación de los Bomberos Municipales de El Trébol, de donde los socorristas las trasladaron al Hospital Roosevelt.

Las víctimas fueron identificadas como Julio Ramiro Lorenzana, de 40 años, quien recibió un balazo en el rostro; Julián Cabrera Güinac, de 57, y Blanda Lidia Roche, de 60, con heridas en las piernas.

“Me quitaron Q300 en efectivo y me advirtieron que, si detenía el autobús, me disparaban. Sólo escuché que discutieron con un pasajero, y creo que le pegaron. Cuando estaban por bajarse en Pamplona, ya con todo lo robado, uno de los asaltantes, desde la puerta, empezó a disparar y huyó por las calles de la zona 8”, contó Ramos.

Yeraldina Portillo, de 32, quien se transportaba en la unidad, relató que vio a cuatro hombres y a dos mujeres que participaron en el atraco.

Según ella, las dos mujeres estaban sentadas en la camioneta fingiendo ser pasajeras. Los otros cuatro individuos subieron más adelante y hasta pagaron su pasaje.

“Cuando dijeron que era un asalto, traté de meter mi bolso bajó el sillón, pero una de las mujeres me dijo: Qué estás haciendo hija de p... y me lo quitó”, comentó Portillo.

Añadió que le quitaron sus pertenencias a todos los pasajeros, pero no entendía por qué habían empezado a disparar. “Sólo pude agacharme”, refirió.

Investigadores de la Policía señalaron que son extrañas las acciones de los delincuentes, ya que antes, cuando observan los operativos, se escondían, pero ahora retan a la Policía en otros sectores.

Añadieron que es posible que grupos organizados contraten a pandilleros para cometer los hechos, y beneficiarse del clima de violencia.

Crisis

La Policía ha desplegado a sus efectivos en áreas donde ocurren asaltos a autobuses, pero eso provocó que los delincuentes busquen otras áreas vulnerables.

Los dispositivos de seguridad se desarrollan en las zonas 6, 7, 18 y los municipios de Villa Nueva, Mixco, San Miguel Petapa y Villa Canales.

Para evitar a la Policía, los delincuentes se han trasladado a El Obelisco, bulevar Liberación y calzada Roosevelt, donde han cometido asaltos.

La Policía señaló que en la calzada Aguilar Batres han disminuido los atracos, porque en cada parada del Transmetro hay agentes de la Policía.

Investigadores creen que grupos interesados contratan a mareros para asaltar las camionetas.

Policías frustran asalto en autobús
Por: Julio Lara

Un presunto asaltante resultó herido de bala al enfrentarse con agentes de la Policía, cuando, en compañía de otro individuo, despojaba de sus pertenencias a los pasajeros de un autobús en Bosques de San Nicolás, Mixco.

El hecho ocurrió a las 11.15 horas de ayer. En la acción, la Policía le incautó un revólver calibre .38 a Milton Ochoa de León, de 25 años, quien fue trasladado por los Bomberos Municipales al Hospital Roosevelt, con una herida de bala en la pierna.

El arma tenía cuatro vainas y dos cartuchos útiles.

Las autoridades detuvieron al presunto cómplice, Kevin Jerez Durán, de 23, pues los pasajeros indicaron que los dos habían advertido que se trataba de un atraco.

Carlos Caljú, vocero de la Policía, dijo que Ochoa vio que el autopatrulla se acercó, y disparó contra los agentes.

Ultimado en zona 18

Jorge Arturo García Sosa, de 22 años, quien conducía un mototaxi, murió baleado, a las 14 horas, en la 11 avenida y 8a. calle colonia Atlántida, zona 18.

Los Bomberos Municipales indicaron que dos individuos le dispararon a García sin mediar palabra.

En otro hecho violento, alrededor de 18 horas, los dos ocupantes de un picop fueron atacados a quemarropa en la calzada San Juan y 33 avenida, zona 7.

En el lugar falleció el piloto, y quedó herido de gravedad el dueño del vehículo, Álvaro José Valencia Gómez, quien fue llevado al Hospital Roosevelt en estado agónico.

Desistirán de pruebas de ADN
Por: Coralia Orantes

Los cinco civiles vinculados con el asesinato de tres diputados salvadoreños se niegan a que les extraigan sangre para hacer una prueba de ADN; ante esto, el MP anunció que podría desistir de su intención.

Obdulio de León, Carlos Orellana, Vanner Morales, Mario Lemus y Linda Castillo se niegan a que se les extraiga sangre, pues consideran que la escena del crimen está manipulada.

El fiscal Edwin Marroquín explicó que ya no insistirán en esa diligencia. “Considero, a título personal, que sería una prueba ilegalmente adquirida”, afirmó.

Napoleón Gutiérrez, presidente de la Sala Primera de Apelaciones, aseveró que los sindicados no se pueden negar a cumplir una resolución judicial. Además, aseguró que existen precedentes legales del caso.

“Ningún reo se puede negar a realizar una diligencia judicial. La ley estipula que a lo único que se pueden negar es a declarar”, explicó Gutiérrez.

Dicha Sala ordenó, en el 2006, la extracción de sangre a sindicados en cuatro procesos diferentes.

Marroquín informó que por medio de la Policía obtuvieron las muestras de todos los policías vinculados, y anunció que serán enviadas a Estados Unidos para su análisis.

Breves

Incendio en Izabal

Un incendio forestal registrado ayer en un terreno de Puerto Barrios, Izabal, amenazó con destruir las instalaciones de la universidad y del Hospital Nacional. Las llamas consumieron tres manzanas de pasto.