DE MIS NOTAS
Decretos politiqueros
El inversionista asume riesgos propios. Es inmoral que el dinero de los que pagan impuestos sea utilizado para reponer las pérdidas.
Por: Alfred Kaltschmitt

La semana pasada me topé, de camino a mi oficina, con una nutrida manifestación de inversionistas de la financiera vinculada al Banco de Comercio. Demandaban al Ejecutivo y al Congreso un decreto para que el Estado les resarza de sus pérdidas.

Primero se fueron al Palacio Nacional de la Cultura, y luego se parapetaron frente al Palacio Legislativo.

Mientras esperaba impaciente en la fila de carros, pude leer las pancartas que demandaban la intervención del Estado para poder recuperar sus bienes.

Vino a mi mente la forma tan burda con la que este caso ha venido siendo manejado por la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público desde el principio de la crisis bancaria.

Hace poco capturaban a Jorge Alfredo Sactic, notario que había constituido una de las empresas vinculadas al banco por nada menos que lavado de dinero y conspiración para delinquir.

Como prueba presentaban la escritura de la sociedad que él creó y un cheque por una suma insignificante. El juez lo dejó libre, pues un notario no es responsable de las sociedades que él constituye.

A los pocos días, el Colegio de Abogados hizo un pronunciamiento de apoyo al licenciado Sactic y la defensa pública.

Hace poco también, una jueza penal tuvo que revocar la orden de aprehensión contra un abogado director del Bancafé, quien comprobó que no estaba en el país en las fechas que el Ministerio Público afirma que cometió lo supuestos delitos.

Y así sucesivamente, toda una serie de decisiones apresuradas y dispersas, que desde el principio les han costado a los contribuyentes miles de millones de quetzales.

A la larga, hubiese sido más conveniente para todos apalancar a Bancafé con fondos del Fopa, sostener su iliquidez hasta que concretaran la venta a punto de darse con un banco extranjero y que se paralizó, debido a la intervención. Toda la corrida de los cuentahabientes, generada posteriormente, y que hizo tambalear al sistema bancario, pudo haberse evitado.

Mal haría ahora el Ejecutivo en aprobar un acuerdo gubernativo, o el Congreso de la República en aprobar un decreto para resarcir de sus pérdidas a los inversionistas de la liquidada Administradora de Comercio.

Sería una acción absurda e ilegal, dado que no compete al Congreso de la República ni al Ejecutivo el dirimir estas cuestiones, sino a los tribunales de justicia, pues el asunto es penal porque presuntamente se cometió el delito de estafa.

Es ilegal pretender que dinero obtenido de los impuestos sea asignado para devolver el dinero depositado o invertido en financieras, porque ni el Organismo Legislativo ni el Ejecutivo pueden disponer arbitrariamente del dinero de quienes pagamos esos impuestos.

Los politiqueros son los responsables de crear esta cultura pedigüeña y vociferante de solucionar todo por medio de decretos. Es parte de la cultura clientelista.

En los discursos actuales de varios candidatos vemos esta tendencia caracterizada por comunicar a sus audiencias una especie de “lista de deseos” en vez de programas de gobierno.

Eliminemos la pobreza por decreto. El analfabetismo por decreto. Aumento de salario por decreto. Conflictos magisteriales por decreto. Decreten la devolución de los fondos que invertimos en offshores de riesgosa naturaleza.

Esto simplemente no es así. El inversionista asume riesgos propios. Es inmoral que el dinero de los que pagan impuestos sea utilizado para reponer las pérdidas en que incurren los inversionistas.

Ergo: no a decretos politiqueros clientelistas.