Resarcirán a víctimas por quema de embajada
Compensación económica para 37 familias, a 27 años de tragedia
Por: Lorena Seijo

Una placa recuerda, en el Cementerio General, que las víctimas de la sede diplomática española tuvieron que ser enterradas en fosa común, porque no hubo forma de identificarlas. Foto Prensa Libre: Adolfo Mejía.

Las 37 familias de campesinos, líderes indígenas y trabajadores de la Embajada de España que murieron bajo el azote de las llamas el 31 de enero de 1980 recibirán el resarcimiento económico por sus pérdidas, 27 años después, aunque el resarcimiento jurídico tendrá que seguir esperando.

Sergio Fernando Vi tenía 17 años cuando su padre, un catequista indígena de Chajul, se despidió de él definitivamente.

Gaspar Vi, padre de Sergio Fernando, decidió apoyar la demanda de justicia de los centenares de campesinos indígenas que eran perseguidos por el Ejército, acusados de colaborar con la guerrilla.

Esta decisión le costó la vida el 31 de enero de 1980, cuando la Embajada de España ardió y, dentro de ella, todos los manifestantes que horas antes la habían tomado para demandar el cese de los secuestros.

En las afueras, el Ejército y la Policía mantenían acordonada el área y miraban la escena con impasibilidad, sin permitir el ingreso de los bomberos. “Veintisiete años después, se nos reconoce como víctimas del conflicto armado interno, pero eso no nos basta”, lamenta Vi.

Tanto a él como a la mayor parte de los familiares de las víctimas les gustaría que el resarcimiento económico fuera acompañado de una decisión valiente por parte del Estado de llevar ante la justicia a los responsables de las muertes.

Vi tiene claro que el gobierno militar de la época fue el responsable de la muerte de su padre en aquella sede diplomática, de la muerte de su madre en el monte, y de que él y sus cuatro hermanos tuvieran que ingeniárselas para sobrevivir.

“Meses antes de que mi padre entrara en la embajada, mi familia ya sabía cómo se la jugaba el Ejército”, cuenta Vi, quien fue secuestrado junto con su padre y sus hermanos en Chajul.

“Nos llevaron a la base militar, nos acusaron de estar colaborando con la guerrilla y nos torturaron para que confesáramos”, asegura Vi. “Como no teníamos nada que confesar, nos soltaron, bajo la advertencia de que, si seguíamos colaborando con la iglesia de Chajul, nos matarían”, recuerda.

La iglesia de Chajul tenía numerosos proyectos de desarrollo productivo en esa zona, que habían logrado que los campesinos empezaran a desarrollarse. En estos talleres de capacitación se incluían siempre clases de educación básica para disminuir los altos niveles de analfabetismo de aquella área. En ese templo se organizó el viaje a la capital.

“Si algo recuerdo de mi padre es que nos decía que él se moriría con el machete en la mano, pero que nosotros estudiaríamos y nos superaríamos”, relata Vi. Sergio no pudo cumplir el sueño de su padre, porque después del 31 de enero de aquel año tuvo que huir a la montaña, con su madre y sus hermanos.

“El Ejército cercó las montañas, quemó todos los sembrados e impidió que consiguiéramos comida; el resultado de ese acoso fue la muerte de mi madre, en marzo de 1983”, refiere.

Consuelo económico

El resarcimiento para los familiares de los fallecidos se traduce en Q24 mil. “No hemos conseguido documentar a todos, pero daremos el resarcimiento a los que han completado todo el proceso”, aseguró Rosalina Tuyuc, presidenta de la Comisión Nacional de Resarcimiento.

“A mí no me parece mal que se dé resarcimiento, aunque sea por unos míseros Q24 mil; pero eso no quiere decir que nuestra principal demanda, que es la justicia, la dejen a un lado”, aseveró Vi.

Rafael González perdió a su hermano aquel 31 de enero, y coincide con Vi en su demanda de justicia. “Yo lamenté mucho el deceso de Romeo Lucas porque nunca reconoció su participación en la muerte de cientos de personas, y porque la justicia no llegó a tiempo”, señala González. “Esperamos que los que aún están vivos puedan enfrentarla”, añade.

La apertura del proceso por genocidio en España y las peticiones de captura y de extradición reabrieron las esperanzas de los familiares. Pero si de algo están convencidas las víctimas es que si en Guatemala hubiera justicia -tanto contra los crímenes del presente como los del pasado-, el país sería muy distinto.

Los muertos de la embajada fueron enterrados en una fosa común del Cementerio General, donde una pequeña placa con una fila de nombres recuerda quiénes fueron.

“Ha sido difícil documentarlo”

Rosalina Tuyuc, presidenta de la Comisión Nacional de Resarcimiento, aseguró que se está haciendo el trabajo lo más rápido y eficiente que se puede, para poder resarcir a todas las víctimas de la quema de la Embajada de España, un suceso que este miércoles cumplirá 27 años.

¿Se va a otorgar el resarcimiento el mismo 31 de enero?

Si no es el 31 -porque los familiares ya tienen programadas actividades de conmemoración-, será un día cercano al 31.

¿Se resarcirá a todos los familiares de los 37 fallecidos?

Nosotros tenemos registrados a 25 de los 37 fallecidos, aunque no tenemos la documentación completa de todos. A finales de este mes se les entregará el dinero a quienes hayan completado todo el proceso y, más adelante, a los demás.

¿Por qué es tan difícil documentar los casos?

En aquella época, muchas familias ni siquiera tenían registrados oficialmente a sus hijos, por lo que falta mucha papelería. Tenemos el caso de la madre de uno de los muertos; ella ya tiene 99 años, pero nunca sacó su cédula y perdió las partidas de nacimiento de sus hijos.

¿A quién se le entregará el dinero?

A las viudas o viudos; a sus padres, si no estaban casados, o a sus hijos, en su defecto.

¿Se conseguirá este año ejecutar el presupuesto del programa de resarcimiento?

Tal como hemos señalado, es probable que hasta nos falte presupuesto, pero uno nunca sabe con qué se puede encontrar en el camino.

Proceso: Intentos de justicia

En 1999, la Fundación Rigoberta Menchú interpuso una demanda por genocidio en tribunales españoles. Esta petición fue aceptada parcialmente en 2000, pero sólo por las víctimas de esa nacionalidad que perecieron en el incendio, y por los sacerdotes asesinados extrajudicialmente.

En 2005, la Audiencia Nacional española aceptó llevar el caso por genocidio, lo que originó la petición de órdenes de captura contra seis militares y dos civiles. La resolución favorable estuvo motivada por la falta de interés de la justicia guatemalteca en iniciar el proceso.

En el caso específico de la muerte de 37 personas en la Embajada de España, están involucrados el difunto Romeo Lucas García, ex presidente; el prófugo Donaldo Álvarez Ruiz, ex ministro de Gobernación; el detenido Germán Chupina Barahona, ex jefe de la Policía, y Pedro García Arredondo, ex jefe del Comando Seis.