Estamos dentro del túnel y aún no vemos la luz. Nos quedamos varados, en la parálisis generada por el movimiento anticorrupción mientras el país se desmorona política y económicamente, que es lo que nos da de comer, gracias a las inversiones que generan empleo y mantiene con nuestros impuestos al Gobierno.

El paquete de leyes anticorrupción, del cual hemos tratado de promover desde tiempos inmemoriales, se ha estrellado en “legislativo tras legislativo”. Se ha explicado hasta la saciedad: Son el caldo de cultivo donde se engendran todos los incentivos perversos de la corrupción politiquera; la razón de ser de los que se meten a la política como trampolín para enriquecimiento ilícito. Curiosamente, nadie le pone atención… No las presionan. No las demandan. No están incorporadas a la temática discursiva de la plaza o cualesquiera de los abanderados anticorrupción. La propia Cicig no la posiciona como prioridad. Y si estas leyes —que son de suyo, la miel que atrae a las alimañas politiqueras y de la noche a la mañana— desaparecerían sin estos incentivos, ¿por qué no están incorporadas al discurso de los principales actores anticorrupción? ¿Tiene esto alguna lógica?

En el año 2006 escribí una columna al recibir de Harris Whitbeck —comisionado Presidencial para la Reforma, Modernización y Fortalecimiento del Estado, una copia de “la Ley del Servicio Civil”, la cual contaba con un dictamen positivo de la Comisión del Previsión y Seguridad Social del Congreso desde el 16 de noviembre del 2006. ¡Once años, señores! Y seguimos recibiendo medio millón de hueseros post electorales cada cuatro años para entregarles, como botín, el manejo del aparato estatal. ¡No jodan, hombre!!

Ni se diga de la Ley de Compras y Contrataciones, que sigue siendo la primordial fuente de despilfarro, robo, ineficiencia y principal razón de tener uno de los gastos presupuestarios más opacos y sin calidad de Latinoamérica. Según el Banco Mundial, el 25% del PGN, o 19 millardos.

La tercera: La ley Electoral y de Partidos Políticos. De un plumazo se van los diputímetros –al reformar el artículo 157, que impone los distritos inmensos y el listado nacional de diputados– a uno de distritos pequeños.

Esto es un manicomio macondiano. Hay ingobernabilidad y del aparato estatal pocas cosas funcionan. Convivimos en capas múltiples de la realidad. Cada quien vive en su mundo. Aquí se pueden entablar demandas y paralizar industrias o cualquier actividad sobre bases legales espurias. Ya lo han dicho los juristas reconocidos: “En Guatemala, los agentes económicos saben que las reglas del juego no son estables, y que las mismas pueden variar hasta el absurdo e, incluso, hasta lo demencial. También afrontan el problema de que la interpretación y aplicación de las normas vigentes son imprevisibles, al extremo de tornarse antijurídicas, antojadizas y arbitrarias. Inequívocamente, esta incertidumbre jurídica no favorece el emprendimiento, la inversión productiva, la innovación, la diversificación ni la creación de fuentes de trabajo”.

El Secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, le ha solicitado al presidente Morales intervenir para que se resuelva el problema de Tahoe Resources con la mina San Rafael, la cual está detenida porque un pequeño grupo de activistas impide el paso. Amenazan a los choferes de los transportes. Disparan al helicóptero que estaba abasteciendo el combustible para el mantenimiento de las bombas. En el Polochic siguen las invasiones. La inacción envía el peor de los mensajes.

Liberales, conservadores, libertarios y extrema derecha, o como quieran llamarla, están de acuerdo en combatir la corrupción. Pero sígase la ruta lógica presionando estas leyes anticorrupción que le apagan el switch a los corruptos.

Y, señor presidente: tome las riendas del país. Haga que se cumpla la ley de acuerdo a su mandato constitucional. Aún hay tiempo si actúa ya.

alfredkalt@gmail.com