Aun cuando todavía se respira cierto optimismo alimentado por un despertar ciudadano —el cual, es preciso señalar, se ha ido desvaneciendo en la rutina— las expectativas de cambio comienzan a sepultarse bajo el peso de amparos, acuerdos y otros recursos destinados a preservar un sistema diseñado para frenar el desarrollo democrático del país. Desde la Corte de Constitucionalidad hasta el último de los escaños del Congreso parece haber un pacto de no agresión, y la ciudadanía se ve impotente ante este nudo gordiano imposible de romper.

Desde la barrera, se puede observar cómo el entusiasmo inicial por una Guatemala libre de lacras en sus estamentos institucionales, con un Estado funcional, transparente y una clase económica más comprometida con el desarrollo que con privilegios negociados a espaldas de la ciudadanía, se transformó en un peligroso fatalismo y la participación masiva se diluye en manifestaciones esporádicas y breves.

Ante este panorama, grupos de intelectuales y expertos en las disciplinas involucradas en la problemática nacional se han lucido presentando soluciones sensatas para sacar al país de la crisis. Con un interesante ejercicio de convergencia de distintos sectores, han sido capaces de elaborar propuestas inteligentes desde su firme compromiso por ofrecer salidas concretas y factibles a la crisis actual, la peor que ha vivido Guatemala en muchos años.

La respuesta, sin embargo, no se ha hecho esperar. Quienes poseen el poder no van a cederlo y así ha quedado estampado claramente en una sucesión de hechos capaces de desinflar las esperanzas hasta del más optimista de los soñadores. El mandatario no saldrá del despacho, el partido más señalado por sus escandalosos gastos de campaña no dejará de hacerla, las instituciones supremas encargadas de poner orden en todo este relajo se excusarán olímpicamente, y para terminar de arreglarlo, se celebrarán las elecciones más opacas de los últimos 30 años.

Quienes se encuentran abocados a la difícil tarea de abrir un espacio de discusión y propuestas, coinciden en la imperiosa necesidad de consolidar a las instituciones y reformar leyes cuya incidencia ha marcado un retroceso para una democracia con participación de todos los sectores, una visión de Nación incluyente, un sistema saludable de fiscalización de la gestión pública y, por supuesto, un sistema de justicia tan imparcial como estricto.

Sin embargo, otros factores, como los monopolios de medios capaces de incidir en una gran masa de población de muy bajo nivel de escolaridad, constituyen un valladar importante ante cualquier intento de enderezar el rumbo político del país y llevarlo en la dirección correcta. La Cicig y el Ministerio Público, mientras tanto, siguen destapando escándalos y trasladando casos a un sistema de justicia que ya se ve rebalsado y en donde existen agujeros negros en los cuales se entrampan los procesos durante el tiempo suficiente para que la ciudadanía los olvide y los escándalos se disipen.

El cuadro no pinta bien y por mucho esfuerzo que se haga desde algunos ámbitos, destruir la maraña tejida por una burocracia corrompida hasta los huesos será una tarea para varias generaciones más, si es que vienen con los arrestos para emprender tamaña empresa.

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