Mañana la ciudadanía elegirá a la máxima autoridad del país, en un ambiente de lo más opaco. El entusiasmo —atmósfera ideal en esta clase de acontecimientos— está totalmente ausente, predominando en los votantes una actitud de escepticismo marcado y el peso negativo de tener que cumplir con una obligación cívica poco promisoria en lugar de asumirla con alegría y esperanza.

No es para menos, los gobernantes anteriores pasan sus días en la cárcel, acompañados por un numeroso contingente de exfuncionarios involucrados, como ellos, en actos de corrupción tan escandalosos que no lograron pasar la frontera de la transmisión de poder, y los candidatos que pretenden sustituirlos no despiertan entusiasmo alguno. Por esa razón, la nueva administración tendrá sobre su gestión el peso de una desconfianza abrumadora en lugar de la tradicional luna de miel que acompaña sus primeros pasos en los despachos oficiales.

Pocas veces hubo una campaña tan opaca y desprovista de propuestas de fondo. El ejercicio político ha caído esta vez en un nivel elemental, en el cual no parece importar la opinión de la población porque, al final de cuentas, no tendrá más recurso que elegir a uno de los dos aspirantes a la Presidencia del país. La escasa perspectiva de cambio es la única constante, y su presencia en los eventos electorales ha quitado toda la emoción experimentada en épocas pasadas, cuando existía aún cierto fervor político e ideológico que hacía de los comicios electorales una esperanzada apuesta por un futuro distinto.

Solo queda, entonces, consolidar la participación ciudadana, único factor posible de cambio en esta mediocridad en la cual se ahoga la política local. Participación no solo por medio de protestas y manifestaciones, sino en la exigencia constante de un ejercicio limpio y transparente; en la definición de responsabilidades; en la demanda de información oportuna y veraz sobre la gestión pública; en el cerco ciudadano capaz de restringir el libertinaje de sus representantes en el Congreso de la República.

Hoy, como nunca antes, la población deberá ejercer una especie de cogobierno con sus autoridades, para evitar la repetición de las atrocidades cometidas contra la integridad del Estado, las cuales han repercutido de manera directa en los sectores más pobres y vulnerables. De no mantener esa bandera alzada, nada podrá detener el abuso y los caminos torcidos de un ejercicio político cuya esencia ha sido y es la acumulación de riquezas y poder.

Es imperativo recordar y hacer conciencia sobre los ejes constitucionales de la gestión pública —nunca antes respetados— los cuales limitan el favoritismo partidista y obligan a los gobernantes a gobernar para y por el pueblo, así como a responder por sus actos en caso de no hacerlo.

La ilusión de un cambio de rumbo será solo ilusión mientras en ese giro de timón no se incluya el puño decidido de una sociedad activa y alerta. La realidad demuestra que en estos años de apatía se han perdido increíbles oportunidades de desarrollo que no se van a repetir. La tarea es no perder las que vengan.

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