EDITORIAL

Ojalá fallo del Supremo de EE. UU. no sea falla

Y esos valores ¿importan más en lo público o en lo privado?

Hoy es 4 de julio, día de la celebración del 248 aniversario de la independencia de Estados Unidos. En esta efemérides se conmemoran los valores de la libertad, los derechos humanos, el pleno estado de Derecho y, por supuesto, la democracia como sistema de respeto, equidad e institucionalidad. El lunes 1 de julio,  seis magistrados conservadores del Tribunal Supremo de Estados Unidos, dos de ellos nombrados por Donald Trump cuando fue presidente, resolvieron, en el caso Asalto al Capitolio, que todo mandatario tiene inmunidad “parcial”, es decir,  por actos cometidos en el desempeño de su cargo, mientras que por acciones ilícitas en el ámbito “privado” no contaría con ese fuero especial.

Los elogios de Trump al Supremo por tal resolución exaltaban la protección de la democracia y eran notoriamente contrastantes con las invectivas lanzadas contra el tribunal (y jurado) de Nueva York, que lo declaró culpable el pasado 30 de mayo por 34 cargos relacionados con la ocultación de pagos a una mujer para que no divulgara a una publicación sus encuentros sexuales. De hecho, ese fallo podría beneficiarlo en este caso.

 Los deslices ocurrieron entre 2006 y 2007. Eran inmorales porque él estaba casado, pero no eran conducta delictiva, pero sí lo fue, según la sentencia de culpabilidad, la interferencia para esconder los gastos vinculados a su campaña electoral. Su exabogado terminó de testigo de la Fiscalía y lo echó de cabeza. La sentencia por tal juicio estaba prevista para el 11 de julio, pero se postergó para el 18 de septiembre, a la luz (o la penumbra) al fallo del Supremo. Y se dice penumbra porque dicha resolución implica un blindaje para cualquier presidente estadounidense en caso de potenciales abusos de poder, pues los cometería ejerciendo el cargo.

Los magistrados que adversaron la resolución señalaron que se sentaba un peligroso precedente  que aumentaba los riesgos de uso despótico del poder sin mayor contrapeso. Además, el fallo habla de  dos ámbitos que resultan ambiguos para una figura de poder. La pregunta que el tribunal no aclara es:  ¿En qué momento del día o la semana un presidente (o cualquier funcionario en ejercicio de un cargo) deja de serlo? Sobre el fallo pesa la sospecha de estar orientado a beneficiar al exmandatario y actual aspirante a la nominación republicana. Sin embargo, también coloca en la picota su relación fugaz de 2006 y 2007. Al ocultarla intentó engañar al electorado, al privarlo de información sobre su talante moral. Y esos valores ¿importan más en lo público o en lo privado? La pregunta es retórica y cada lector puede responderla.

  Con el fallo de marras, ¿qué habría pasado si tal decisión se hubiera emitido antes de 1974, cuando el presidente Richard Nixon fue señalado de haber mandado a espiar la sede política rival? Obviamente abusó de su poder presidencial y hasta pudo haber dicho que era por el “mejor interés del país”. Fue un interés obviamente fraudulento que finalmente lo obligó a renunciar para evitar el juicio político. ¿Habría renunciado con un antecedente judicial como este? Es una pregunta hipotética y no lo sabremos.

Quizá el alcance de esta permisividad se logre descubrir si el señor Trump llega de nuevo a la Casa Blanca. Sus posibilidades aumentaron dado el pésimo desempeño del presidente Biden en el debate del 30 de junio, y la nominación de otra figura demócrata para disputar la presidencia es improbable. Ayer los gobernadores demócratas lo respaldaron, pero quien decide es la ciudadanía. Esta responderá si le importa más la coherencia o los dobles raseros.

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