Civitas
Incentivos, motivaciones y lo público
La elección de cortes que está en la recta final evidencia incentivos políticos y cooperación condicionada.
¿Quién no ha escuchado que para servir en el Estado solo hace falta tener vocación y ganas de servir a la nación? Que la norma debería ser que cualquiera que acepte un trabajo en la administración pública lo debe hacer porque desea aportar al bienestar general. Es decir, no concebimos que alguien asuma la responsabilidad de un puesto en lo público si no es para servir.
Este ese es el ideal, el “deber ser”. Este romanticismo muchas veces nos impide comprender los verdaderos incentivos, motivaciones y formas de actuar de los individuos que están dentro de la administración pública. Sin embargo, la teoría del análisis económico de las decisiones públicas (public choice, en inglés) nos da luces de cómo podemos analizar lo público desde una perspectiva realista, evitando que solo prestemos atención a lo que deseamos que sea la administración en lugar de lo que realmente es.
La burocracia estatal ha sido por un largo tiempo objeto de debate y crítica por analistas, académicos y expertos que estudian la eficiencia del Estado, los incentivos que motivan el actuar de los individuos y sus resultados. Más que valores abstractos de servicio o deber, el public choice nos permite analizar cómo los individuos (tanto en lo público como en lo privado) responden a ciertos incentivos. Por lo tanto, nos obliga a quitarnos la venda del romanticismo y a cuestionar si el Estado que conocemos como ineficiente puede optimizarse a través de incentivos adecuados.
Cuando examinamos cómo se ve esto en las instituciones públicas o las dinámicas dentro del Estado, nos damos cuenta de que probablemente no estamos atacando los problemas desde una perspectiva racional.
¿Por dónde comenzamos?
Por ejemplo, la elección de cortes que está en la recta final evidencia incentivos políticos y cooperación condicionada. En la elección de magistrados, los actores políticos, asociaciones profesionales y jueces cooperan y logran formar alianzas que se basan en un sistema de recompensas mutuas. En ese sentido, se nota que existe un condicionamiento que, una vez electos, los magistrados “le deben” a quienes los apoyaron. Este incentivo, contrario al que uno pensaría que debe regir la elección, compromete su imparcialidad judicial y hace que el interés no sea realmente servir a la justicia, sino los beneficios que trae el puesto, incluido el poder político.
Otro ejemplo es en las negociaciones colectivas donde se reivindican las condiciones laborales de los trabajadores y que se dignifique la labor que se realiza. No obstante, pensar que los pactos colectivos que resultan de esas negociaciones entre sindicatos e instituciones públicas son resultado del altruismo y buen corazón de quienes se sientan a negociar es ser ingenuo. Existen motivaciones concretas e incentivos para llegar a uno u otro resultado. Por eso, visto desde el análisis económico de las decisiones públicas, los incentivos de estas negociaciones están orientados a maximizar beneficios económicos individuales, sin necesariamente aumentar el esfuerzo o la eficiencia.
En ambos casos, tener claras las motivaciones detrás de las acciones de los individuos nos permite alinear los intereses e incentivos para que el resultado no sea contrario a escalar en la carrera judicial o a mejorar las condiciones laborales, pero tampoco sea una excusa para extraer rentas o aprovecharse de los recursos públicos. Así, el reto frente a nosotros está en fomentar la cooperación, los resultados y la eficiencia, sin caer en la trampa de la captura de rentas o recompensas sin esfuerzo (lo cual es lo mismo a privilegios). Por lo tanto, la pregunta es, ¿por dónde comenzamos?
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