Al país pueden aquejarle muchos problemas. Entre los más nocivos está carecer de información pública confiable, que ayude al funcionario público, al empresario, al inversionista, al analista, al consultor, al estudiante a comprender la realidad del momento, diseñar proyecciones a futuro, proponer cambios y tomar buenas decisiones.

Además de carecer de información veraz y exacta, la que se tiene suele ser desfasada o no actualizada. Y por último, la información que se genera no se proporciona a tiempo.

Otro problema es la monopolización de la información. No existe nada más pernicioso para el buen desarrollo de una sociedad democrática que el hecho de que sea un pequeño grupo el que cuente antes que nadie con la información pública, o que la oculte al resto de la población, y de esa forma mantenga a la población desinformada para aprovecharse de esta posición ventajosa.

Se dice que los gobiernos son democráticos cuando no sólo han sido electos popular y legalmente, sino sobre todo cuando gobiernan tomando decisiones para el beneficio de los países y cuando informan a los gobernados sobre lo que se hace y lo que se deja de hacer. No existe un buen plan de gobierno ni una buena administración pública, si no se cuenta con la información oportuna y veraz sobre la cual se diseñan las políticas, planes y proyectos.

Los guatemaltecos tenemos el derecho inviolable a estar informados. La propia Constitución política lo garantiza y lo ordena (artículos 30 y 31). Si nada ni nadie está por encima de los mandatos constitucionales, no deberían existir obstáculos que dificulten y hasta impidan acceder a la información que se considera pública.

Sin embargo, existe una triste costumbre no sólo de ocultar o de revelar parcialmente la información pública, sino también de violar las leyes impidiéndole al ciudadano acceder a información. Como en gobiernos anteriores, muchas veces obtener información depende de la actitud del funcionario público de turno.

Se deja de ser democrático y se viola un derecho constitucional cuando se niega el acceso a la información. También ocurre cuando se oculta, se altera, se destruye o se revela únicamente parte de ella.

Hemos querido como pueblo jactarnos de vivir nuevamente en democracia, pero pareciera que entre nosotros no ha evolucionado el concepto y nos conformamos con votar libremente cada cuatro años, para luego llamarnos democráticos. ¡Qué cómodo!

Como sociedad somos culpables también por no haber madurado más en la democracia. Nos conformamos con una negativa o con lo que se nos quiera dar; no nos interesa investigar y mucho menos aprender a interpretar la información que se nos proporciona.

La democracia se ve fortalecida en la medida en que las personas pueden ejercer sus derechos. Uno de ellos es conocer las decisiones que se toman y las políticas que impulsa el gobierno.

La mejor forma de participar es practicando la auditoría social. Pero sin información veraz y oportuna, o con un sistema burocrático que le impide al ciudadano acercarse a la información, es muy difícil que la población se anime a realizar análisis y a exigir cada día un buen gobierno.

El temor a una población informada es parte de la oscura historia del país. Quien quiera ejercer un gobierno transparente y eficiente en Guatemala debe tener presente que quien se beneficia o perjudica con sus decisiones es la población y que, por ello, a ésta le ampara el derecho a vivir debidamente informada.