Según Pérez Molina que los sabotajes y enfrentamientos que paralizaron los trabajos de construcción de la hidroeléctrica estuvieron alentados por “grupos ambientalistas minoritarios” que trasladaron “desinformación” a la población a la que aseguraron de que el proyecto encerraba riesgos de contaminación, efectos sobre la salud y destrucción del entorno.
El presidente guatemalteco insistió en que todos esos riesgos pueden quedar “controlados” siempre que se apliquen los controles necesarios para evitarlos y criticó la acción “violenta” de los activistas.
Sobre el asesinato del sindicalista Andrés Pedro Miguel, que fue el detonante de las protestas contra la construcción de la hidroeléctrica, en las que produjeron detenciones y la implantación del estado de sitio en la región, Pérez Molina dijo que la investigación concluyó que fue un acto de “violencia común” y que los acusados del crimen fueron llevados ante los tribunales.
Tras el levantamiento del estado de excepción se comenzó a negociar con las partes, con las que finalmente se ha llegado a un acuerdo para la finalización de la construcción de la central, aseguró Pérez Molina.
El pacto se alcanzó con la alcaldía de la ciudad y con “la mayoría de la población”, afirmó Pérez Molina al considerar el conflicto “resuelto”.
El 14 de diciembre pasado, un grupo de guatemaltecos impidió la firma del acuerdo entre las autoridades municipales y la empresa española.
