Los primeros 26 artículos fueron aprobados a inicio de septiembre, pero la redacción final quedó suspendida luego de aprobar una moción privilegiada.
Qué contiene
La ley anticorrupción incorpora los delitos al Código Penal para combatir la corrupción en las oficinas públicas, también se tipifica el testaferrato, el cobro de comisiones, el tráfico de influencias, nombramientos ilegales y el cohecho pasivo y activo.
También se plantea que comete delito de peculado por sustracción el funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero, efectos o bienes que custodie, perciba, administre o guarde, para lo cual se aplicará sanción de cinco a diez años y multa de Q10 mil a Q40 mil especiales.
Si los recursos estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en dos terceras partes.
La malversación será cometida por los funcionarios que emplearan caudales o bienes un uso diferente al que estuviera destinados, la sanción será de dos a seis años y una multa de Q20 mil a Q50 mil.
El enriquecimiento ilícito como tal plantea que es responsables quien obtenga para sí mismo o cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, cancelación de deudas u obligaciones que no corresponda al que haya podido obtener, derivado del ejercicio del cargo o de cualquier ingreso que no pudiera justificar. La multa será de Q50 mil a Q500 mil y la pena de presión de cinco a 10 años.
La normativa entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial.
Jornada
A diferencia de otras deliberaciones, los diputados se mantuvieron atentos a la lectura y las interrupciones fueron escasas, todas con respeto y orden.
Hubo retrasos hasta cuando el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) sometió a votación los ilícitos de evasión, elusión, defraudación tributaria, así como la falta de transparencia como sinónimo de enriquecimiento ilícito. Los aliados no dieron su voto y aquellas prácticas quedaron fuera de la ley.
No obstante, sí dieron su voto a un artículo que sujeta a investigación a quien haya manejado fondos públicos.
Reacciones
Roberto Villate, jefe de la bancada opositora, dijo que la ley que se aprobó una ley “tuerta, coja y medio muda” que beneficia a grupos poderosos tradicionales.
Oliverio García Rodas, diputado oficialista, dijo que “se ha hecho buen esfuerzo” y que “el Congreso ya cumplió con su tarea”, al tiempo que urgió a otras instituciones a hacer su parte y no culpar al Congreso.
Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, dijo que había que congratularse con la aprobación de la ley, “que no es una panacea sino un punto de apoyo contra tanto atropello”.
Amílcar Pop, congresista de oposición, dijo que se “dio una muestra de un instrumento dinámico en la lucha contra la corrupción y en pro de la transparencia”. “Con la ley los diputados vamos a ser más fiscalizados y eso nos debe llenar de orgullo”, añadió.
Luis Pedro Álvarez, diputado de Encuentro por Guatemala, planteó que el Congreso avance en la agenda de leyes en favor de la transparencia.
Mirza Arreaga Meza, diputada de Líder, señaló que la ley es tardía, pero afirmó que hubo un paso adelante hacia lo que la población demanda de los diputados.
La vicepresidenta Roxana Baldetti mencionó en Twitter que la aprobación de la Ley “es una prueba más de los esfuerzos que como Estado se hacen por la transparencia”.
