“La encuesta toma la temperatura sobre un tema que pone en riesgo la gobernabilidad democrática; es una alerta. Lo prudente sería dictar una moratoria, y sentarnos como país a discutirlo. Como líder de la nación —el presidente— debe hacer un análisis. Los costos sociales son demasiado altos para ignorarlos”, afirmó Melini.
En las áreas rurales es donde la oposición a esa actividad es más marcada, con 72 por ciento. Melini abogó por un análisis costo-beneficio de esa industria. La negativa de las comunidades obedece a que “no perciben beneficios reales de esas industrias y hay un riesgo ambiental”, dijo.
En el área metropolitana la opinión sobre la minería se encuentra dividida con 51 por ciento a favor y 49 por ciento en contra.
Melini mencionó que la mayor aceptación puede obedecer a la saturación de la pauta publicitaria a favor de las industrias extractivas.
Una encuesta de Prensa Libre del 11 de abril del 2010 reveló que el 69.4 por ciento de la población se oponía a la minería y el 91 por ciento consideraba que tenía efectos negativos para el ambiente.
De acuerdo con el presidente de la Comisión legislativa de Ambiente, Juan Carlos Rivera, se debe replantear la Ley de Minería. “Si hay un rechazo de más del 60 por ciento es porque algo no funciona. El país es propietario de la materia prima, y eso se debe replantear en la ley. Deberíamos tener una participación del 50 por ciento”, afirmó.
Rivera agregó que la mesa de Ambiente debe trabajar para replantear la Ley de Minería, al tomar en cuenta que el país “posee el recurso más importante: la materia prima. Se requiere de una participación más justa de las utilidades”.
Replantear ley
Mario Marroquín, presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, dijo: El Estado “debe cumplir con su función de informar de esas ventajas. La industria tiene que hacer su mejor esfuerzo por informar, pero somos parte interesada, y hay que mejorar la responsabilidad en la explotación de los recursos naturales”.
Agregó que no genera buenas condiciones para la inversión que dos de cada tres personas se opongan. “Es la misma proporción de personas pobres en Gua- temala”, indicó el directivo.
