Muchos ya habían aguardado años para recibir una audiencia en los tribunales, que determinan qué inmigrantes deberían ser deportados o autorizados a permanecer en el país.
Ahora, algunas audiencias han sido trasladadas hasta más adelante este año y miles más hasta 2015 o más adelante, según correos electrónicos obtenidos por The Associated Press.
“Esta es una tarea cuantiosa, que no se puede efectuar rápidamente, especialmente dada la actual escasez de personal”, explicó el juez principal de inmigración Brian O’Leary en un correo electrónico el 17 de octubre a jueces de inmigración y administradores judiciales, obtenido por medio de la Ley de Libertad de Información.
Un día antes, O’Leary había informado en otro correo electrónico a su personal que las audiencias demoradas superaban las 37 mil y que muchos inmigrantes probablemente no verían ventilar sus casos hasta por lo menos 2015.
Las demoras provocadas por la paralización parcial del gobierno han agobiado un sistema inmigratorio que ya tenía casos atrasados, demoras de año y escasez de jueces. El impacto sobre los inmigrantes ha sido desigual.
Los que tienen justificación para obtener la residencia han visto prolongar su espera en el limbo, mientras los que enfrentan una probable deportación han ganado más tiempo.
“Para algunos, probablemente ha sido un gran alivio”, afirmó Andrés Benach, un abogado de inmigración en Washington. “Sin embargo, no para mis clientes”.
Un 70 por ciento de todas las audiencias judiciales de inmigración quedó en suspenso, todas ellas referidas a inmigrantes no retenidos en centros de detención. El resto —inmigrantes en detención— siguió adelante tal como estaba previsto.
Aproximadamente la mitad de los inmigrantes en detención tienen antecedentes delictivos.
La situación es especialmente ardua para los buscadores de asilo que podrían haber dejado a familiares en condiciones peligrosas. No pueden traer a sus familias a Estados Unidos a menos que ganen sus casos.
Para otros, la demora aumenta la incertidumbre. Gladys Hirayda Shahian dijo que ha tratado de obtener su tarjeta verde (de residencia) por medio de su esposo estadounidense durante más de una década. Viajó a su Guatemala natal en la década de 1990 y cuando regresó a Estados Unidos no la dejaron entrar.
Shahian dijo que cruzó la frontera ilegalmente para reunirse con su marido y solicitar su residencia.
Desde entonces, la mujer de 42 años de Encino, California, no ha podido llevar a sus hijos nacidos en Estados Unidos a visitar a su familia en Guatemala ni aceptar un trabajo fuera de su hogar.
Después de esperar casi dos años para conseguir una fecha de audiencia en Los Ángeles en octubre pasado, ahora tiene que esperar hasta agosto debido al cierre.
“Cada vez que voy a ese tribunal vuelvo aplastada, en lágrimas”, afirmó Shahian, que ha estado casada durante dos décadas y que ayuda a manejar el comercio de su marido de diseño de ropa.
