El jurista explicó que se encuentran pendientes cuatro inconstitucionalidades en la Corte de Constitucionalidad (CC), entre ellas una por la imprescriptibilidad del delito, debido a que Guatemala no es parte del Convenio que acepta la vigencia del ilícito 20 años después de ocurrido.
Una segunda para que se aplique la Ley de Reconciliación Nacional, y otra porque el Tribunal no podía juzgar un delito que ocurrió en 1982, cuando este aún no existía.
El defensor afirmó que hay más acciones pendientes de resolver por las salas Primera y Tercera del Ramo Penal, así como en la Corte Suprema de Justicia. Agregó que todas estas medidas pueden anular la sentencia emitida ayer por el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A.
El abogado resaltó que la sentencia no tiene fundamento jurídico, porque el juicio estaba suspendido por la Sala Tercera.
Fracaso de la justicia
García Gudiel agregó que con la condena no pierde Ríos Montt, sino que “el fracaso es de la justicia, porque se han violado sistemáticamente los derechos de un procesado”.
Francisco Palomo, otro de los defensores de Ríos Montt, aseguró que apelarán la condena “inmediatamente”.
“Es una sentencia injusta. Nosotros ya sabíamos que lo iban a condenar, incluso el general venía con su maleta hecha porque sabía que se iba a cambiar de domicilio”, agregó.
En breves declaraciones, Juan Francisco Soto, representante del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, informó que analizan la condena y que después se podía pronunciar en torno de si presentarán apelación por la absolución del general José Rodríguez Sánchez.
César Calderón, abogado de Rodríguez Sánchez, señaló que está satisfecho con el fallo absolutorio a favor de su cliente y que no apelará.
